A propósito de la encuesta COVID-19: ¿Cuál es el destino de nuestros datos personales?

¿Por qué entregamos nuestros datos personales a cualquier app o web sin mayor problema? Cynthia Téllez, abogada especialista en datos personales, tiene la respuesta: no somos conscientes de su valor y no leemos las letras pequeñas. Este problema, evidentemente, no nació con internet. Al menos no en este país donde apenas hace siete años se planteó la necesidad de simplificar los contratos bancarios, que pasaron de tener cuadernillos de 20 hojas a, en el mejor de los casos, ocho y, aun así, no sabemos si quienes los firman saben realmente lo que estos papeles dicen.

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“Si Google domina el mundo, no me opongo. Solo le pido que no se caiga”, repetía hace unos años una desinformada usuaria. Su afirmación se basaba en lo obvio: Google no solo es el buscador más usado, sino que también tiene un servicio de correo electrónico que funciona desde 2004 —aunque a nuestro país llegó un par de años después—, un repositorio de fotos, un servicio (Drive) para almacenar documentos, Google Maps como ayuda para evitar el tráfico y, como si todo eso fuera poco, es nuestra cuenta de Google la que nos permite descargar las aplicaciones a nuestro smartphone.

Un buscador para dominarlos a todos

Hace dos años, la hija de una amiga salió a una fiesta. A la medianoche, hora pactada para su retorno, no había señales de ella. Viviendo en el país en que vivimos, la madre se imaginó lo peor. Entonces, se le ocurrió rastrear su celular y esto le fue posible gracias a Google: al tener activado el GPS, fue posible encontrar su ubicación. La muchacha (o cuando menos su teléfono) seguía en casa de la amiga que organizaba la fiesta. Media hora después, se comunicó con su madre: se le había pasado la hora y ya iba camino a casa.

El camino a casa fue también rastreado gracias a que tomó un taxi de aplicación que le permitió compartir la ruta con su preocupada madre. Hubo final feliz gracias a las aplicaciones generadas por Google que se sirven de nuestros datos personales (número de teléfono y ubicación). ¿Pensamos en ello acaso cuando les decimos sí acepto a los términos y condiciones? Lo más seguro es que no, sobre todo porque es altamente probable que nunca leamos dichos contratos.

Según un informe publicado por el diario El País, no leemos los contratos porque leer lo que nos proponen todas nuestras aplicaciones —desde Facebook hasta esa app que te descargaste para meditar— tomaría el mismo tiempo que leer un libro. ¿Qué tamaño de libro? Dependiendo del número de apps que uses: puede ser Harry Potter y la piedra filosofal, o el mismísimo Don Quijote.

Si bien en sus políticas de privacidad Google asegura que nuestros datos personales no son ofrecidos a terceros, sino usados para mejorar nuestra experiencia como usuarios, esto no es del todo cierto. ¿Por ejemplo? Una empresa no necesita sino visitar la página de Google Trends para saber cuáles son las búsquedas más populares en determinadas zonas geográficas y saber así qué tipo de publicidad aplicar. ¿O en qué basan sus ganancias los reconocidos y usados Google Analytics o Google AdSense si no es en la data que generamos?

WhatsApp, TikTok y Facebook

Entonces, así como es importante y recomendable leer el Quijote, también lo es leer los términos y condiciones, sobre todo en época de pandemia. Según cifras de Osiptel, entre el 8 y 14 de junio, el uso de WhatsApp se incrementó en aproximadamente 303 %; TikTok, en 294 %; y Facebook, en 260 %.

Hablemos, entonces, de WhatsApp —que fue comprada por Facebook, al igual que Instagram—, pues Cynthia Téllez advierte que es la app que ha tenido mayor alcance porque les ha facilitado la vida a las personas en confinamiento: pequeños negocios de e-commerce hacen transacciones por WhatsApp; profesores y alumnos lo usan para resolver dudas académicas; se usa para la telemedicina —a pesar de que los términos y condiciones de WhatsApp lo prohíben—; y se emplea incluso para compartir información bancaria.

“En un momento, se volvió en la red para asistir a clases, y para solucionar problemas de salud, de teletrabajo y de educación. Este tema es delicado: hay profesores y niños que comparten videos de las tareas escolares por esta vía. Entonces, tienes imágenes y videos de niños haciendo sus tareas y trabajos, y que son enviados a grupos de WhatsApp. Estas fotos y videos se almacenan en los teléfonos de los padres que son parte de ese grupo y, finalmente, no sabemos si solo se usan con fines académicos. WhatsApp no es lo suficientemente seguro y, en este contexto, se está compartiendo información sensible”, añade la abogada.

¿No hay forma de usar una app sin que se expongan algunos —o todos— nuestros datos personales? La especialista responde contundentemente: “No”. Y añade: “Por eso debemos usar las apps de forma responsable”.

Pero ya sabíamos que esto sucedía, solo que preferíamos ignorarlo tal vez porque, en Latinoamérica, no se han tomado acciones como sí lo hicieron la Unión Europea o los Estados Unidos tras conocerse, en 2018, que la empresa Cambridge Analytica adquirió información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos para manipular el voto de las personas. Esto supuso una multa de cinco mil millones de dólares para la empresa de Zuckerberg. Sin embargo, esto no impide que millones de personas sigan subiendo imágenes a Instagram, o que hayan resucitado en medio de esta pandemia el juego de cambio de edad o de sexo con FaceApp, entregando sus imágenes con total libertad.

Hasta 2003, en un mundo sin YouTube, Netflix, Twitter o Tinder, los seres humanos de este planeta habíamos generado cinco exabytes de información —un exabyte es equivalente a 1 mil millones de gigabytes—, según refirió Eric Schmidt, CEO de Google. En 2019, según a consultora IA-Latam, la información generada llegó a los 463 exabytes. Y, de acuerdo con sus proyecciones, para este año se generarían 44 zettabytes de información, lo que significaría que hay 40 veces más bytes que estrellas en el universo observable. La penetración global de internet se situaba en el 57 % en 2019, lo que supone que miles de millones de personas más van a utilizar los mismos servicios anteriores, incluidos muchos otros que aún no existen.

En Europa, no se tomaron el tema tan a la ligera. Su atención se centró en Google, que, en 2018, recibió una multa de 4.343 millones de euros por sus prácticas anticompetitivas con el sistema operativo para móviles Android. En 2017, ya había recibido una sanción de 2.424 millones de euros por favorecer su comparador de productos Google Shopping y, en 2019, repitieron el plato, pues la Comisión Europea lo multó con 1.490 millones de euros por prácticas contrarias a la libre competencia en el mercado de la publicidad en buscadores en webs de terceros.

En 2016 un ciudadano peruano solicitó a Google borrar información que lo perjudicaba, apelando al derecho al olvido. La Autoridad de Datos Personales del Perú multó a Google con más de 256 mil soles por ello, pero el caso aún no está cerrado.

La encuesta de la discordia

Dicho todo esto, regresemos al debate peruano. Al marcar *321# para acceder a la encuesta COVID-19 impulsada por el Estado, esta nos pide acceso a determinados datos —menos que los que pide Google, por cierto—. Sin embargo, ¿es legal este pedido? Cynthia Téllez afirma que sí, “siempre y cuando sea por solicitud de la autoridad de salud y dentro de su ámbito de aplicación. La trasmisión de datos personales debe ampararse en una normativa que permita la excepción de solicitud de consentimiento y es enviada a la entidad que tiene competencia para tratarla para los fines de las razones de salud pública”.

Marushka Chocobar, titular de la Secretaría de Gobierno Digital, explica que esa legislación existe, y se trata del Decreto Supremo 070-2020-PCM que, en el artículo 4, establece medidas para la identificación y seguimiento de casos sospechosos de COVID-19. “Para aplicar la encuesta, necesitamos el consentimiento del ciudadano y su participación voluntaria. Pedimos su autorización para que comparta una ubicación aproximada, número de celular y sus respuestas. Por ser datos referidos a la salud solo los trata el Ministerio de Salud o Essalud”, explica.

Marushka Chocobar coincide en la importancia de abrir este debate, pues la pandemia ha acelerado el camino hacia la ciudadanía digital. “Cuando hablamos de ciudadanía digital, no necesariamente nos referimos a explicarles a los ciudadanos complejos algoritmos, sino a darles herramientas para que desarrollen competencias que les permitan identificar sus derechos en el mundo virtual —como a la privacidad, a una buena conexión de internet, a operar en banca, a comprar y vender productos, e impulsar su propio crecimiento, etc.— y deberes, como cuidar su imagen o no reenviar fake news”, añade.

Esta ciudadanía digital requiere, por supuesto, educación. Y en esto es especialista Julio César Mateus, asesor de proyectos vinculados a las TIC y la educación en Fundación Telefónica. Su apuesta se halla, directamente, en la educación mediática. “El contenido de los medios son datos, y lo importante es educar en su uso y en recibir la información con actitud crítica, tanto de los medios de comunicación de masa como de los medios sociales. La diferencia entre uno y otro es que los de masas tienen un rol social más claro y los sociales no tienen ese filtro. Se espera que cada uno de nosotros sea el filtro”, explica.

Ser el filtro conlleva asumir responsabilidades como cuidar nuestros datos personales. Hoy que las clases escolares se transmiten vía Zoom, Google Meet o la plataforma social elegida por el colegio respectivo, ¿se está teniendo en cuenta la privacidad? Mateus responde con un toque de ironía: “¿Por qué se iba a tener en cuenta si no está en el currículo?”. El tema es realmente preocupante. En un artículo sobre la huella digital —todo aquello generado y hecho público por un usuario en internet—, Mateus señala, siguiendo las recomendaciones del World Economic Forum, que, a partir de quinto año de primaria, debería enseñarse a dejar una huella digital positiva.

Pero el currículo nacional sí tiene una serie de cambios importantes, no en función a contenidos sino a competencias que trascienden un solo año y un solo curso. “Se ha contemplado una competencia tic que habla de educar críticamente para vivir en entornos digitales o virtuales y de la formación de la identidad digital. Pero, una cosa es lo que pasa en el currículo y otra en el aula: todos los profesores deberían trabajarla, pero todo lo que se transversaliza al final no es responsabilidad de nadie”, explica Julio César Mateus. Y añade un punto muy importante: “todo está en la formación inicial de los maestros. Solo abordará este tema un profe que tenga intención de hacerlo y hay que ver si este tema se está abordando en las universidades, en las facultades de educación. De no ser así, para ellos no será prioridad tratarlo en clase”.

En la educación —en todos los niveles— está la llave para que Google no domine nuestro mundo, sino para que aprendamos a servirnos de él de la mejor manera posible.

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