Corrupción: Un vicio histórico en el Perú

Lotería: ser virrey en América
Obtener un cargo público gracias al favor político es muy frecuente, como ocurrió con Manuel de Oms de Santapau, marqués de Castelldosrius, virrey del Perú entre 1707 y 1710. Su mérito fue apoyar, como embajador en la corte de Luis XIV, el ingreso de los borbones, dinastía de origen francés, al trono de España. El problema es que este noble catalán también había perdido casi todas sus propiedades en Barcelona, cuando la ciudad cayó sitiada en la guerra de sucesión, y quedó en la ruina. Debía, entonces, devolver favores y recuperar fortuna desde su nueva investidura en Lima.

Y su gobierno fue un escándalo. Utilizando testaferros, exigía comisiones por negocios en los que, legalmente, no podía intervenir un virrey. Subastaba cargos públicos y aceptaba pagos por orientar sus actos de gobierno. Se ganó enemigos entre quienes no lograron los favores esperados. La Corona lo destituyó, aunque un ‘donativo’ lo salvó provisionalmente. Su repentina muerte, en 1710, lo libró de un segundo despido, pues ya estaba en curso otra investigación por su participación en el contrabando francés.

Obras públicas y clientelismo
El colapso económico que siguió a la Independencia impidió que la joven República pudiera construir alguna obra significativa de infraestructura hasta la década de 1850, cuando las finanzas empezaron a ver la luz gracias a la venta del guano en Europa. Había que recuperar el tiempo perdido, soñar con la modernización y qué mejor que construir un ferrocarril.

Ramón Castilla, el caudillo de turno, convocó a concurso para unir Lima y el Callao por un “camino de hierro”, y varios se disputaron la licitación.

El comerciante Manuel de Argumaniz en sus memorias (aún inéditas) narra, con lujo de detalles, los proyectos que se presentaron, todos más ventajosos que el que resultó ganador, el de los empresarios Vicente Oyague y Pedro Gonzales Candamo. Resulta que Candamo había sido el principal financista de Castilla para conseguir el poder en 1845, y ahora debía compensar su ‘inversión’ a través de contrataciones con el Estado.

Una práctica corriente de nuestro Estado patrimonial, heredado de la tradición borbónica, en el que el poder se ejerce a través de prebendas en favor de la clientela política.

El uso político de la alimentación popular
Controlar los precios de los artículos de primera necesidad fue moneda corriente para el populismo latinoamericano, y el Perú no fue la excepción. En el gobierno de Bustamante y Rivero (1945-1948), disminuir el costo de vida y defender a los pobres de la inflación fueron las banderas del APRA, que formó parte de aquel régimen. Para ello, desde el Ministerio de Agricultura, los apristas diseñaron un sistema para asegurar el ‘correcto’ abastecimiento de alimentos, con el apoyo de las Juntas Municipales Transitorias.

Así se crearon los ‘estanquillos’, unos puestos en los que se vendían, en cantidades controladas y a precios subsidiados, leche, arroz, azúcar, harina o manteca. Como el APRA manejaba la mayor parte de las municipalidades, la distribución se realizó con un abierto sectarismo: quienes no poseían el carné del partido tenían que regresar otro día o esperar en largas colas que se formaban desde la madrugada. La corrupción desató la escasez, la carestía y el mercado negro. Esta crisis de las subsistencias le costaría caro al APRA, responsable del despropósito, y, por extensión, al régimen, que caería en 1948 tras el golpe de Odría.

El amigo del presidente
Según el exembajador norteamericano Frank Ortiz, un grupo de amigos se reunía, desde mediados de 1968, en el hipódromo de Monterrico a preparar el golpe contra Belaunde. Uno de ellos era Enrique León Velarde, por entonces alcalde de San Martín de Porres, donde había logrado la hazaña de inscribir en Registros Públicos 4 millones de metros cuadrados de terreno en favor de 40.000 familias.

Con Velasco en el poder, León Velarde fue parte del círculo íntimo del presidente. Le presentó contactos, lo invitaba a su yate y le organizaba reuniones en Chaclacayo. Así logró algunas prebendas, como presidir Mutual Metropolitana, que le financió sus proyectos inmobiliarios en terrenos que eran suyos, en San Martín de Porres y Los Olivos, operaciones que el Banco de Vivienda encontró ilegales y fraudulentas. También colocó alcaldes amigos en distritos claves y amplió sus intereses en un negocio muy lucrativo: transformar el capital agrario en inmobiliario. En sus memorias (¿El Chino y yo jodimos el Perú?) relató cómo se manejó el país en aquellos
tiempos.