Elecciones 2020: Allegados a autoridades locales y regionales en campaña

Familiares y personas de confianza de distintas autoridades subnacionales postulan al nuevo Congreso. La neutralidad electoral ya ha sido quebrantada en algunos casos, mientras existen otras denuncias en curso. Más allá de eso, los analistas advierten sobre los posibles intereses detrás de esas candidaturas.

En Ventanilla, el Jurado Electoral Especial del Callao exhortó al alcalde Pedro Spadaro a retirar las publicaciones realizadas en su cuenta de Facebook a favor de la candidatura de su teniente alcalde (hoy de licencia), César Pérez. Ambos fundaron un movimiento regional que se llama Yo Soy Callao, aunque Pérez postula por Alianza para el Progreso. Tras el cuestionamiento, Spadaro retiró dichos mensajes.

Freddy Mayta, gerente municipal de Ventanilla, mostró a este Diario un memorándum que remitió, en noviembre del 2019, a todos los trabajadores informando que quedaba prohibido realizar acciones proselitistas en su horario laboral.

“Tenemos al teniente alcalde postulando, pero no implica que se haya destinado recursos o personal. Yo le puedo asegurar que nadie de nuestro personal apoya a candidatos en horarios de trabajo y con recursos de la municipalidad. Fuera del horario de trabajo, ellos son libres de apoyar al candidato que deseen; acá existen trabajadores de diversas tendencias”, dijo a El Comercio.

Situación similar es la de Eduardo Bless, teniente alcalde de San Miguel, de licencia por ahora, quien postula en la lista del Partido Popular Cristiano. Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste concluyó que el actual alcalde de ese distrito, Juan José Guevara, y otros regidores participaron en una fotografía junto a una cartilla con el número 11, “que representaría propaganda electoral”. Con ese número, postula Bless por Lima.

La contraloría cuenta con una campaña denominada Postula con la Tuya, y hasta la fecha ha recibido tres denuncias, dos de las cuales implican a candidatos vinculados a autoridades locales.

La primera es sobre Mónica Saavedra, gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, que encabeza la lista de Lima por Acción Popular. Se la acusa de supuestas irregularidades en el trámite de su licencia laboral.

La otra denuncia es a Leslye Lazo, esposa del alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, y también candidata por el partido de la lampa, por presunto uso de recursos municipales para su campaña. En respuesta a un cuestionario enviado por El Comercio, la candidata indicó que “el congresista debe apoyar a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a gestionar, todo dentro del marco legal”.

En ese mismo distrito postulan Carlos Valenzuela, asesor de la alcaldía; María Espinoza, de la oficina de Imagen Institucional; Álex Príncipe, de la subgerencia de Recursos Humanos; y el regidor Ilich Pumacayo.

La contraloría ya pidió información a las oficinas de control interno en los dos municipios implicados.

Otro caso que ha despertado la atención es el de la candidata Flor Hurtado, quien ha concentrado su propaganda electoral en San Juan de Lurigancho, distrito donde su esposo Álex Gonzales es alcalde.

—Intereses políticos—

El politólogo Mauricio Zavaleta sostuvo que existe un interés concreto por el cual las autoridades subnacionales incentivan la participación de personas cercanas: la ley de presupuesto. “El Ejecutivo presenta un proyecto y pasa por un proceso de negociación [en el Congreso] donde se incluyen artículos que otorgan financiamiento a proyectos. Para las autoridades locales resulta útil tener a alguien en esa negociación para incluir artículos que le brinden financiamiento para sus obras”, explicó Zavaleta.

El Comercio reveló que, entre el 2016 y el 2019, el Congreso introdujo proyectos de obras en la ley de presupuesto por más de S/2 mil millones. “Tener a un congresista te abre las puertas, te genera mayor poder de influir en los ministerios; los de mayor interés para las autoridades subnacionales son Economía, Vivienda, Educación y Transportes”, apuntó Zavaleta.

El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi coincide en el interés que podrían manifestar las autoridades por tener un nexo en el debate sobre la ley de presupuesto, pero añade un factor político. “El rol del congresista puede impactar en la buena y mala gestión de una autoridad subnacional. Un congresista que no es afín puede hacerle la vida imposible. Las autoridades necesitan congresistas que los ayuden a balancear la cancha a su favor, es una especie de blindaje”, dijo Rospigliosi.

—Último periodo—

Marco Arana, representante del Frente Amplio en la Comisión Permanente del Congreso, refiere que el “blindaje” de congresistas a autoridades subnacionales se evidenció en el último período legislativo.

Arana enfrentó obstáculos para constituir una comisión investigadora sobre la gestión del exgobernador Félix Moreno, en el Callao. “Los congresistas de la región sabotearon la investigación”, aseveró.

[Nota de editor / 24/01/2020]:

Tras la publicación de esta nota, la candidata de Acción Popular, María Espinoza remitió una carta a este Diario indicando que renunció a su vínculo laboral con la Municipalidad de San Martín de Porres antes de las elecciones internas de Acción Popular. “Mi campaña es austera, pero profesional y comprometida, tal vez me traslado en una minivan, con mis afiches de mi candidatura adherido a el”, escribió en su carta.