Observador electoral José Thompson: “En la mayor parte de los procesos la participación ha aumentado” | ENTREVISTA

Nos visita en cada elección. Ahora lo hace como miembro de la misión de UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales. También es director ejecutivo del IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y de CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electoral), los dos con sede en Costa Rica, su tierra. Conoce bien nuestro sistema electoral, tanto, que hace unas semanas envió un amicus curiae al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordándoles, ante la avalancha de tachas, que la jurisprudencia de la Corte IDH está por encima de regulaciones que limitan el derecho a la participación política.

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—Más allá de contenidos y candidatos, de los que no debemos hablar ahora, ¿la pandemia ha impactado mucho en los procesos electorales?

Tenemos un año de estar en misiones electorales en la Uniore. La reacción primera y natural fue postergar mientras veíamos como manejar la situación, pero tanto en América Latina como en EE.UU., somos presidencialistas y postergar las elecciones tiene un límite. Finalmente, tuvieron que celebrarse. El primero en hacerla fue República Dominicana, cuando estaban en la primera ola. Salió bien con un resultado contundente que ahorró una segunda vuelta. Empezaron a recogerse resultados empíricos de que no había habido un repunte en los contagios.

—Eso es importante. ¿No hay ningún estudio que diga lo contrario?

No, la experiencia parece indicar que no hay ningún efecto, mientras el proceso esté controlado y se apliquen, además de sus protocolos normales, protocolos sanitarios.

—¿Nuestros protocolos son parecidos a las elecciones recientes, les parecen correctos?

Han hecho un esfuerzo notable. Si en algo los latinoamericanos tenemos mérito es que compartimos mucho la información. Primero los dominicanos explicaron a los demás, luego los bolivianos, chilenos, y eso favoreció la adopción de nuevos protocolos y la colaboración con autoridades sanitarias nacionales e internacionales. En ninguno de los casos ha habido un repunte masivo de contagios que se pueda decir que es efecto de las elecciones.

—Respecto al ausentismo, ¿qué ha pasado en la región?

Va a sorprender la respuesta, pero en la mayor parte de los procesos la participación ha aumentado. Aumentó en Bolivia, en Uruguay, en Chile para el plebiscito. En República Dominicana sí hubo una baja pero fue muy al principio y no fue catastrófica sino del 5%. mayor.

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—¿La gente durante el encierro se concernió más con la marcha de las cosas?

Ustedes han vivido una situación política traumática en los últimos años y eso puede afectar la visión que el ciudadano tenga de este proceso electoral. En otros países la hipótesis que se maneja es que la participación subió porque la gente sintió que no podía dejar que una situación de salud inhibiera la democracia. La gente dijo ‘no nos vamos a dejar amedrentar por esto. Es una amenaza colectiva, colectivamente tenemos que responder.

—Vayamos a un aspecto del proceso en el que tuvo participación. Envió una amicus curiae al JNE recomendando respetar el derecho al absolver las tachas contra candidatos.

Tuvimos una misión de avanzada en enero e hicimos un seguimiento. Notamos que había una tensión política introducida por esta normativa muy particular y excesivamente gravosa, difícil de ser aplicable. Supimos que fue motivo de tensiones institucionales acá. Yo he escrito varios artículos sobre ese tema. Esto no es solo una cuestión técnica electoral, aquí hay involucrada la vigencia de derechos fundamentales protegidos por la constitución y por los instrumentos internacionales. Sentí que era oportuno como amigo del Perú, preocupado por las tachas que se dieron. En Guatemala en el 2019 se descalificó a dos de las candidatas que iban adelante en los sondeos. Me inquietó que esos temas pudieran acabar en el sistema interamericano como terminó el caso de [Gustavo] Petro en Colombia.

—Caso notorio pues fue alcalde de Bogotá.

La diferencia con la situación de acá es que ya era una autoridad electa. El caso más similar a lo de acá es el de [Leopoldo] López en Venezuela. La Corte IDH ha dicho que si hay inegibilidad por una sanción, esta tiene que ser penal. A López se le había abierto un proceso administrativo y la autoridad electoral lo declaró inelegible. La Corte dijo que no es válido introducir nuevas causales que no sean la condena penal firme, y es lo que contempla el art 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

—Pero este señor ya había perdido su elección. ¿Cómo se repara eso?

Hay indemnizaciones posibles, prestaciones que el Estado debe hacer, como la garantía de no repetición, o sea modificar su legislación para que estos casos no se presenten. Pero para ese proceso, para esa persona, el daño es irreparable. Eso lo angustia a uno cuando tiene experiencia de varios casos.

—Es cambiar la historia por 3 o 4 personas del órgano electoral.

Y si se configura como una tendencia regional es muy preocupante, porque pone al amparo de un organismo y de una legislación basada en razones políticas o coyuntarales, el destino de una persona que hasta puede ser el futuro presidente o presidenta. En Guatemala ni siquiera fue el organismo electoral el que excluyó a las candidatas, porque ahí se permite que la corte constitucional y la corte suprema de justicia lo hagan.

—En nuestras elecciones del 2016 se excluyó a uno de los favoritos en ese momento, Julio Guzmán, pero él no llevó su queja al sistema interamericano. Claro, los candidatos piensan que no hay tiempo, que no vale la pena.

Creo que es importante que estos casos lleguen al sistema. Aunque nadie le pudo reparar a López su situación, la de Petro sí se reparó, fue reinstalado gracias a una medida cautelar. Uno puede presentar una medida cautelar ante el sistema. Los órganos nacionales tienen que estar conscientes de las repercusiones internacionales.

—¿Podría darse el caso de que en un proceso electoral, un candidato logre una media cautelar de la Corte IDH y sea acatada en su país y siga en la contienda?

Vamos a ver. No se ha dado, pero no se excluye que pueda darse. Tampoco le voy a decir que la celeridad del sistema interamericano es tal como para reaccionar en el plazo de semanas. Y si pasan [las elecciones] el estado dirá que lamentablemente ya no hay manera de reponer al candidato. Pero eso no exime al Estado de una responsabilidad internacional. No solo se afectan los derechos del candidato a ser elegido sino los derechos del pueblo a votarlos.

—Afortunadamente, esta vez aquí no se excluyó a ningún candidato presidencial, pero sí se excluyó a más de una lista que se le cerró la aplicación al vencerse el plazo y cuando ya habían empezado el trámite. Ellos alegaron que se les debía tratar como cuando la atención era en ventanilla, y uno tenía un pie dentro del local. (No le digo los nombres [APRA y FIM], para que me dé una respuesta teórica).

Aquí hay temas procesales. Hablamos de caducidad de plazos, ahí se agrega un elemento extra, el plazo vence, es un hecho objetivo. Ahora lo que también yo digo en ese amicus curiae es que, en materia de derechos humanos, si tenemos que hacer una interpretación es preferible tomar la interpretación que respete el derecho y no aquella que lo deteriore o lo derogue. Pero ahí lo dejo, porque no conozco los detalles.

—Claro, y no se sabe qué tan adentro del local estaba el pie.

Y no hay pie ni local porque todo es la virtualidad que ha complicado y perjudicado a muchos. Un comentario adicional sobre los protocolos sanitarios: Le quiero decir que he venido muchas veces al Perú, y nunca había visto un esfuerzo tan grande de las autoridades por repensar qué se puede cambiar y no solo a raíz de la pandemia. Se ha aumentado el número de mesas, se ha dispersado los recintos, se da un estipendio a los miembros de mesa para compensar su ausentismo que afecta al votante.

—Aquí se prohíbe difundir encuestas hasta una semana antes. ¿Hay un punto medio?

Hay de todo, desde los que tienen gran liberalidad respecto a encuestas, y lo más extendido que es poner un máximo de días. Quienes trabajan con encuestas les molesta mucho porque la realidad puede cambiar mucho en una semana y prohibirlas puede afectar el derecho de las personas a recibir información; pero también es cierto que las encuestas pueden no ser todo lo profesionales que deben ser y tornarse en una herramienta para encauzar la voluntad del electorado.

—Su misión regresará a la segunda vuelta. ¿Es muy larga, no?

Es una segunda campaña electoral. Ustedes podrían reconsiderar el tema de los tiempos, teniendo en cuenta los límites que establece la Constitución.

—Para terminar, ¿cómo lidiar con la violencia en las redes y la de candidatos que rompen los pactos de ética y además alegan fraude?

Esa fue la posición pública de Trump. Lo cierto es que el uso de las redes sociales está transformando tan radicalmente la política que no hemos tenido la capacidad de reaccionar académicamente con la velocidad que el tema requiere. Se subestimó lo que se podía hacer con las redes y medios sociales y hoy hay dos presidentes instalados en el poder porque desdeñaron lo que se podía hacer con la campaña tradicional. [Nayib] Bukele en El Salvador hizo campaña fundamentalmente en redes, [Jair] Bolsonaro por WhatsApp en Brasil.

—Todavía estamos en la etapa de perplejidad ante el fenómeno.

Antes de que nos cayera la virtualidad con todo su impacto, en Uniore fue el tema central. Ya ha habido algunas experiencias y la que más está ganado terreno es que los organismos electorales conversen con las grandes plataformas que son las que facilitan estas redes sociales y puedan establecer algunos protocolos: qué es admisible, qué no lo es, cómo se establecen responsabilidades, por ejemplo, que se cierre una cuenta.

—¿Y ante los candidatos que alegan fraude?

Se ha hablado de tener una estrategia de comunicación compleja desde los organismos electorales. Ya no es posible responder a todo con una sentencia o una conferencia de prensa. Tiene que haber una sección que monitoree lo que pasa en redes y tener respuestas ágiles. Esta cuestión del fraude tiene larga historia en la humanidad y aparecen candidatos que dicen ‘me están haciendo fraude’. A ver, pongámonos serios, ¿cómo le están haciendo fraude, cómo específicamente está ocurriendo o ha ocurrido, hechos? Ahí estos discursos se debilitan o se devuelven. Uno no se pude quedar sentado dejando fluir la información, porque puede tener consecuencias. No se cuál es la receta o la solución, pero es un error pensar que es un campo donde no hay que regular.

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