Elecciones regionales 2022: El norte es la zona del país donde más gastaron los candidatos en campaña

En esta primera entrega, los candidatos debían especificar cuáles fueron los ingresos obtenidos y gastos realizados desde el 4 de enero hasta el 2 de setiembre del 2022. En febrero, se deberá presentar el segundo reporte, que incluirá los detalles financieros desde el 3 de setiembre hasta el 2 de octubre, último día de campaña electoral.

A nivel territorial, el norte es la zona del país en la que más gastos de campaña realizaron los candidatos a gobernador regional hasta el 2 de setiembre, con casi S/ 1.8 millones. Luego se ubica el sur, con alrededor de S/ 1.2 millones.

Al momento del cierre de este informe, el candidato regional que más gastos efectuó durante la campaña fue el virtual gobernador regional de La Libertad César Acuña Peralta. Según el primer reporte financiero, entre 4 de enero y el 2 de setiembre, por el líder de Alianza para el Progreso y excandidato presidencial gastó S/ 804,647. Entre sus principales gastos estuvieron viáticos, transporte (pasajes y movilidad) y otros similares.

Le siguen René Chávez, virtual gobernador de Loreto, y Rohel Sánchez, virtual gobernador de Arequipa, con gastos de S/ 426,048 y S/ 297,350 respectivamente.

Cabe resaltar que, de los 10 candidatos que más habrían gastado en la primera parte de la campaña, al menos 4 resultaron electos en los comicios del pasado domingo. Es el caso de Acuña (La Libertad), Chávez (Loreto), Rohel (Arequipa) y Wilfredo Oscorima (Ayacucho).

Por otro lado, a menos del 100% de actas procesadas por la ONPE, Samuel Morán (Huancavelica) y Jorge Luis Pérez (Lambayeque) se disputan el primer lugar con sus rivales.

¿Quién financia a los candidatos?

Entre los 10 postulantes regionales que más gastaron hasta el 2 de setiembre, 6 tuvieron al propio candidato como uno de los principales financistas de su campaña. Es el caso de los virtuales gobernadores regionales César Acuña (La Libertad), Rohel Sánchez (Arequipa), Wilfredo Oscorima (Ayacucho); y de los candidatos Edison Díaz (Huánuco) y Miguel Ángel Vivanco (La Libertad) y Rafael Santos (Lima).

Por otro lado, algunos candidatos tuvieron entre sus principales aportantes a miembros de su familia. En el caso de César Acuña, por ejemplo, sus hijos Richard, César y Kelly Acuña aportaron S/ 265000 en total.

Del mismo modo, la campañas de Edison Díaz (Huánuco) fue financiada principalmente por él mismo y sus tres hermanos. En el caso de Miguel Ángel Vivanco (La Libertad), su hermano César Augusto estuvo entre los principales aportantes.

El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, considera que el hecho de que algunos candidatos figuren como los principales aportantes de sus propias campañas puede ser positivo.

“No está mal, porque es un signo de que no están siendo financiados por terceros a quienes después tengan que devolverles el favor. Pero, por otro lado, no todos los candidatos pueden autofinanciar su campaña”, señala.

Deber de transparencia

Hasta el cierre de este informe, 19 (9.4%) candidatos aún no habían cumplido con presentar el primer reporte de ingresos y gastos de campaña.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, la cantidad de candidatos que no cumplieron con entregar el reporte financiero a la ONPE se ha reducido en comparación al periodo pasado.

“Eso puede significar que hay una mayor facilidad para presentar esta información, o que esta vez existe un mayor conocimiento de los personeros y encargados sobre la obligación”, considera.

Lanegra, sin embargo, advierte que el solo cumplimiento del deber de presentar la información de ingresos y gastos de campaña no es suficiente para asegurar una verdadera transparencia. Según el especialista, es igualmente importante que la ONPE realice una adecuada fiscalización de la información presentada por los postulantes.

“Lamentablemente, esta (la obligación de presentar el reporte financiero de campaña) es una herramienta muy limitada, en la medida en que los candidatos pueden presentar su reporte, pero persiste la duda de si hay gastos o ingresos no declarados que pasan por detrás de la fiscalización”, señala.

El pasado abril, el actual Congreso de la República aprobó una modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas que redujo la sanción por no presentar la información sobre ingresos y gastos de campaña dentro de los plazos legales. Hoy en día, dicha omisión se sanciona con una multa de entre 1 y 5 UIT (es decir, entre S/ 4.600 y S/ 23.000, según la UIT vigente para el 2022). Antes de la modificadora, la sanción era de entre 10 a 30 UIT (S/ 46.000 a S/ 138.000).

Para Villalobos, el hecho de que la multa se haya reducido podría incentivar a que algunos candidatos opten por pagarla en lugar de reportar sus ingresos y gastos.

“La otra multa (antes de la modificatoria) era exorbitante. ¿De dónde iban a sacar S/ 100 mil soles algunos candidatos? Sin embargo, si la multa es muy pequeña, a algunos candidatos les puede convenir pagarla en lugar de justificar ingresos y gastos millonarios”, explica.

En ese sentido, el especialista en derecho electoral considera que la omisión de presentar la información financiera de campaña debería sancionarse con otro tipo de medidas, como la exclusión o el impedimento para postular.

“Cuando la sanción es monetaria, hay candidatos sí pueden pagar la multa sin que les afecta y otros que no. Creo que la multa no es disuasiva para efectos del cumplimiento de la presentación del reporte (financiero)”, sostiene.

Los especialistas coinciden en que el principal objetivo de la obligación de presentar la información de ingresos y gastos de campaña es poder identificar posibles relaciones futuras entre la autoridad electa y sus financistas.

“Lo principal es que el aporte sea transparente y sepamos quién está dando el dinero, para luego ver si esa persona contrata con el gobierno para recuperar”, explica Villalobos.

En la misma línea, Iván Lanegra señala que los reportes financieros “permiten a la ciudadanía conocer más adelante si hay algún vinculo entre las decisiones del gobierno y los financistas”.