El Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado suspendió la audiencia de lectura de la resolución en la que debe dar a conocer si es que acoge o no la denuncia fiscal e investiga al expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Salud y otras personas involucrada en el caso de las esterilizaciones forzadas. La actividad fue reprogramada para este sábado, a partir de las 3 de la tarde.
LEE AQUÍ: Poder Judicial admite a trámite demanda de las víctimas por derecho a reparaciones ‘Esterilizaciones Forzadas’
La audiencia había sido calendarizada para hoy, miércoles 17 de setiembre, a partir de la 1 de la tarde. Era la octava, después de que se empezara con la lectura del fallo en setiembre. Sin embargo, llegada la hora, el juez Rafael Martínez la pospuso por cuestiones de carga laboral.
“Para el día de la fecha, ha sido materialmente imposible que podamos acopiar y desarrollar el término del sentido de esta resolución, que ha venido siendo puesta en conocimiento”, indicó el juez.
Posteriormente, el Poder Judicial emitió un tuit sobre la postergación de la audiencia.
La actividad fue transmitida por Justicia TV
Momentos antes, representantes de las víctimas de las esterilizaciones forzadas realizaron una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lince, donde alzaron su voz de protesta. Criticaron que el Poder Judicial haya dispuesto ayer el cambio del juez Martínez por el magistrado Littman Ramírez en Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado justo cuando se decidirá si se investiga o no judicialmente a Fujimori y otras personas por este caso.
Sin embargo, durante la audiencia, el juez Ramírez mencionó que el sábado dará a conocer las próximas fechas de las audiencias.
Entre los implicados en este caso están, además de Fujimori Fujimori, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Mota, Segundo Aliaga, Enrique Marroquín Osorio, Magda Gonzales Carrillo, Ulises Jorge Aguilar y Alejandro Aguinaga, quien es actual congresista por Fuerza Popular.
Todos ellos son acusados de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.
Las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.