Mi Perú, el distrito que nació y creció envuelto en plomo, tiene esperanzas: prohíben más de 20 actividades industriales en la zona | INFORME

Lo que era una pesadilla anunciada a voces se concretó cuando la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao realizó, en el 2016, un dosaje a 497 menores de las zonas más expuestas a la contaminación. Todos tenían concentración de plomo en la sangre. De estos, 109 mostraron niveles entre los 10 y 19,99 μg/dL (categoría de intoxicación II) y diez mostraron niveles entre los 20 y 44,99 μg/dL (categoría III). Con los años ha disminuido la severidad de los casos, pero algo es constante: la totalidad de los evaluados muestra plomo en la sangre.

Para el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, las estimaciones son aún más graves. En el 2017, la Diresa realizó otra evaluación donde se registraron 506 casos de intoxicación (87,4% categoría I, 11,4% categoría II y 1,2% categoría III). “Yo considero que [los muestreos realizados] no son ni el 10% [del total de contaminados]”, comentó durante una entrevista en exclusiva para El Comercio. “Creo que, directamente afectados, son cerca de diez mil personas. A todas las personas que le han hecho dosaje les ha salido que están con plomo en la sangre”, afirmó el alcalde.

Asimismo, el burgomaestre desmintió que la población haya crecido alrededor de la zona industrial. “El terreno [de la Ciudad Satélite] sí es más antiguo que Mi Perú, pero no se usaba. Era una pampa, todos cruzábamos por ahí para llegar a la avenida. Toda la producción vino después de la población. El Sector K se fundó en 1985, Guadalupe en el 92. En un inicio eran pequeñas empresas informales de fundición. Las licencias de funcionamiento [de las actuales empresas] son del año 2009, aproximadamente”, sostuvo.

Una de las cosas más duras de la intoxicación por plomo es que se comparte con las nuevas generaciones. Lidia, a sus 35 años, es madre de dos niños. Está comprobado que su primer hijo nació con plomo en la sangre, luego se supo que también estaba contaminado con cadmio. Su segundo bebe, de tan solo siete meses, no deja de enfermarse. Tiene los ojos rojos, vomita y le da fiebre. Cuando Lidia habló con El Comercio, volvía del centro de salud tras llevar a su bebe de emergencia. “A mí me parte el corazón verlos a mis hijos así”, cuenta.

Para el pequeño, acercarse al polvo que rodea la casa es una sentencia. Allí, en la tierra, están las partículas contaminantes. Pero también están en el ambiente y en el suelo, y en la sangre de las madres. El primer hijo de Lidia, a sus tres años, presenta niveles de cadmio que duplican la media de los índices encontrados en adultos. De hecho, sus resultados podrían equipararse con el de un fumador. “A cada rato micciona, no sube de peso. Ahora que ya está en inicial, está demorando en entender las cosas. Eso es lo que causa el plomo”, relata la madre.

Manuela suma 18 años viviendo en la zona. Llegó antes de que las fábricas inicien sus operaciones en la Ciudad Satélite, y antes de que Mi Perú se convierta en un distrito en el 2014. “Hay niños de tan solo catorce años con dolores en los huesos, calambres”, manifiesta la vecina. “A mis hijas de catorce y once años les salió 3,3 μg/dL de plomo [categoría de intoxicación I]”, agregó.

Ambas son escolares del Instituto Educativo Kumamoto, ubicado a tan solo dos cuadras de las fábricas. No es el único caso, hay al menos dos centros educativos más en el distrito que se encuentran a distancias mínimas de la zona industrial: el colegio Alberto Flores Galindo y el Arturo Padilla Espinoza. La situación de este último “es la peor de todos [los colegios]”, aseguró el alcalde de Mi Perú.

Tras casi una década de crisis -con intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Diresa, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio Público, que no llegaron a ninguna solución concreta- este mes la Municipalidad Provincial del Callao (MPC) prohibió el uso de la Ciudad Satélite para las industrias ligadas a la intoxicación por metales pesados y otros contaminantes. Precisamente son 23 actividades industriales que han quedado prohibidas en esta zona industrial [ver recuadro].

Industrias prohibidas

Estos son los rubros que han quedado prohibidos en su totalidad o parcialmente en la Ciudad Satélite.

1. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal
2. Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos
3. Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
4. Fabricación de plaguicidas, otros productos químicos de uso agropecuario
5. Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar, pulir, perfumes, productos de tocador
6. Fabricación de otros productos químicos N.C.P.
7. Fabricación de cemento, cal y yeso
8. Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
9. Industrias básicas de hierro y acero
10. Fabricación de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos
11. Fundición de hierro y acero
12. Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua para calefacción central
13. Forja, prensado, estampado, laminado de metal
14. Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.
15. Fabricación de motores y turbinas, excepto de motores para aeronaves y vehículos automáticos
16. Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas
17. Fabricación de máquinas herramienta
18. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
19. Fábrica de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y sus motores
20. Fabricación de motocicletas
21. Fabricación de joyas y artículos conexos
22. Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
23. Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos

*Cada rubro tiene subactividades, por lo que no todas las actividades mencionadas han quedado prohibidas en su totalidad. La ordenanza define cada subactividad prohibida.

Esto quedó oficializado por medio de la ordenanza 010-2024. De hecho, esta redefine una ordenanza publicada en el 2023 que tenía el mismo propósito, pero ‘restringía’ -no prohibía- las actividades mencionadas. En comunicación con El Comercio, José Luis Castillo, vocero de la MPC, aclaró que “la ordenanza ya entró en vigor, pero hay que esperar a la reglamentación [a cargo de la Municipalidad de Ventanilla]”.

“Se establece que es la Municipalidad de Ventanilla la que debe reglamentar, pero no por el uso del suelo [que ya fue modificado por la ordenanza], sino por lo referido a lo que son las licencias de funcionamiento. El Concejo Provincial acordó el plazo de 60 días para que aprueben la reglamentación”, dispuso el funcionario de la provincia chalaca.

Asimismo, aclaró que, si bien “la ley señala que cuando se produzca un cambio de zonificación, las empresas tienen el plazo de diez años para dejar de funcionar, este plazo puede ser reducido siempre y cuando atente contra la salud y el bienestar de la población”. Castillo exhortó a la OEFA y a Diresa de realizar los estudios necesarios para determinar si las empresas han incumplido la ley “en términos de contaminación y así permitir a Ventanilla a clausurar estos locales”. El alcalde de Mi Perú compartió esta exigencia, pues considera necesario tener un padrón absoluto de los damnificados y una lista clara de las fábricas contaminantes.

Por su parte, Jhovinson Vásquez, alcalde de Ventanilla, indicó a El Comercio que esperan concluir la reglamentación esta semana. “La publicación de la ordenanza nos da la facultad de poder intervenir a las empresas que están haciendo trabajos con metales como el plomo y el cadmio. Ahora estamos en la facultad para reglamentar la fiscalización que nosotros vamos a realizar, como Municipalidad, a las empresas que no cumplen con la ordenanza”.

“Se va a clausurar y se les va a desistir de la licencia [a las empresas que continúen operando en contra de la ordenanza]”, recalcó Vásquez. “Lamento mucho que las autoridades anteriores no hayan tenido en cuenta el problema de salud que se iba a generar [antes de otorgar las licencias de funcionamiento]. Tendrá que haber una investigación sobre cómo entregaron las licencias sabiendo que eran empresas que contaminaban”, cuestionó el alcalde.

El burgomaestre de Ventanilla precisó que, por el momento, se han detectado hasta seis empresas que dejarían de operar por incumplir la ordenanza. Se estima que al menos 20 fábricas realizan operaciones en este lugar. Es decir, por incorporar uno de los 23 sectores industriales que han quedado prohibidos. “Vamos a actuar de acuerdo con lo que nos faculta la ordenanza. Si después [las empresas apelan], tendrá su propio proceso”, aclaró.

Los tres representantes municipales entrevistados por El Comercio precisaron que esta no es una acción contra la empresa privada. “Estamos en contra de las malas empresas que están haciendo daño a la salud”, sostuvo Vásquez. De hecho, comentó que sí se ha considerado que la medida tendrá un impacto negativo en la recaudación de impuestos, pero “no podría priorizar el tema económico, si hay un perjuicio en la salud”. Por su parte, el alcalde de Mi Perú mencionó que “nunca hemos estado en contra de las fábricas, estamos en contra de la producción [que contamina]”.