Tres congresistas del grupo Dignidad y Democracia expresaron su respaldo al pronunciamiento de la Corporación de Comerciantes Lima 3.000, quienes denuncian irregularidades en el proceso de venta del terreno del ex penal San Jorge, proceso que está a cargo de Proinversión.
Juan Pari, portavoz de esta bancada parlamentaria, dijo que esta agrupación de 15 gremios de comerciantes con más de 6 mil mayoristas de Lima denuncian poca transparencia en la venta del ex penal San Jorge que ha admitido solo un postor extranjero, sin recibir propuestas de inversionistas nacionales.
Natalie Condori, otra congresista de Dignidad y Democracia, dijo que también considera como extraña y sospechosa la venta del terreno en el Cercado de Lima. "Considero extraño que se apresuren en trasladar a los internos sin tener un comprador (...) Por ello es necesaria una profunda investigación por parte de la Contraloría", comentó.
El tercer parlamentario que expresó su respaldo a esta posición en contra de la actual venta del ex penal fue Roberto Angulo.
Los dirigentes de los comerciantes, a su turno, cuestionaron que Proinversión haya juntado en un mismo proceso la venta del terreno y la construcción de otro penal en Lima.
"Podemos ofrecer cerca de 18 millones de dólares para adquirir el local y queremos hacerlo a través de una compra directa. Nosotros exigimos que el Gobierno paralice la venta del inmueble y se pueda organizar otra convocatoria en la cual podamos participar con nuestra propuesta", dijo el presidente de la agrupación de comerciantes, Miguel Cortez.