Defensa de Ocrospoma mintió en juicio para tachar videos

Como parte del juicio oral contra el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, y sus ex funcionarios, por la contratación de obras y servicios ficticios, el Ministerio Público sustentó ayer ante el juzgado la inclusión de tres videos que muestran cómo los coacusados de Ocrospoma sembraron pruebas para simular que los trabajos sí existieron.

Los abogados de los acusados pidieron tachar las grabaciones por violar la intimidad, pero el juez Víctor Enríquez confirmó que eran legales. Entonces el abogado de Ocrospoma, Mario Rodríguez Hurtado, alegó que para admitirlas como prueba debieron notificar a las partes de su existencia, dentro de los 40 días posteriores a la grabación hecha el 2012. Y eso, aseguró Rodríguez Hurtado, nunca sucedió.

“Es inválido. No fuimos notificados”, afirmó el abogado ante la audiencia. El juez Víctor Enríquez, ante tal argumento, le dio la razón y rechazó los videos.

Sin embargo, El Comercio pudo conocer que la defensa del alcalde mintió, pues los acusados y sus abogados sí recibieron actas de notificación, e incluso transcripciones y copias de las grabaciones cuando el fiscal Hamilton Castro tenía el caso en sus manos.

El juez Víctor Enríquez habría sido inducido a error. La fiscalía podría pedir que se revise la decisión.

En los videos, como informó El Comercio, se muestra a tres coacusados orquestando el desvío de la investigación fiscal, la autoinculpación de un tercero y la presentación de facturas falsas. Es más, estos aseguran que Ocrospoma avalaba estos actos.

Estos fueron grabados por el colaborador eficaz CE-01-2012 que ya ha sido enviado al extranjero.

SETENCENCIA Y NUEVA AUDIENCIA
Ayer, durante la audiencia, fueron sentenciados Roberto Julián Llaja Tafur, ex subgerente de Obras Públicas, y Robespierre Quintero Loja, supuesto proveedor de la Municipalidad de Jesús María, por su participación en estos hechos. Llaja recibió tres años y seis meses de prisión suspendida y se le inhabilitó para ejercer en la función pública durante dos años.

Quinteros recibió tres años y diez meses de pena no efectiva por el delito contra la fe pública y falsificación de documentos, tras admitir que adulteró facturas de una de las obras cuestionadas. Lo que llama la atención es que, luego de la sentencia, Quinteros fue convocado como testigo por la defensa de los funcionarios, por lo que su versión no los incriminará.

La audiencia continuará  para los otros seis procesados el próximo 19 de marzo, fecha en la que se iniciará  el interrogatorio al alcalde Ocrospoma.