Defensoría pide que nuevo peaje de Puente Piedra se suspenda

La Defensoría del Pueblo recomendó suspender el funcionamiento del nuevo peaje de la Panamericana Norte en Puente Piedra hasta que se construya una vía alterna que permita a los vecinos movilizarse.

El defensor del pueblo Walter Gutiérrez indicó que el nuevo peaje transgrede el derecho al libre tránsito. Agregó además que el incremento, realizado por la Concesionaria Rutas de Lima, tiene que estar justificado y fundamentado en propia relación contractual.

El pasado 29 de diciembre Rutas de Lima inició el cobro de un nuevo peaje en el sentido sur a norte e incrementó el del sentido norte a sur. Esto motivó violentas protestas y disturbios por parte de los vecinos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa que deben pagar 5 soles de ida y 5 soles de regreso para pasar el peaje.

“En Puente Piedra se tiene que pagar 5 soles para salir y 5 soles para entrar. Eso afecta el libre tránsito. No solo afecta a los que tienen vehículos sino a todos los usuarios, con el agravante que no hay cerca una vía alterna o auxiliar, como si existe en la Vía de Evitamiento”, señaló a El Comercio. 

Gutiérrez señaló que las vías de Lima dejaron de pertenecer, a través de una ordenanza, al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y pasaron al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). “Sucede que actualmente no existe una institución, una normativa y un regulador que supervise la relación entre el usuario, el que paga el peaje y el concesionario”.

Dijo que Invermet regula la relación entre la Municipalidad de Lima y el concesionario Rutas de Lima y también se ocupa de la obra civil, pero no así la relación con el usuario, quien finalmente hace uso del peaje.

Agregó que la Municipalidad de Lima debe hacer una revisión de este contrato. Además, Indecopi tendría que intervenir para determinar el regulador de esta relación de usuario-concesionario.

Sobre los disturbios, la Defensoría del Pueblo reconoció que “los ciudadanos tienen  derecho  a protestar, pero cuando el ejercicio a ese derecho se hace con violencia deja de ser legal. Se debe respetar la propiedad privada, y libre tránsito de las personas”.