"Cuando el enemigo es el municipio", por Sandra Belaunde

La seguridad de cada ciudadano vale S/.5, de acuerdo con lo invertido por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) en este rubro este año, como se explica en el Tema del Día de hoy (pág. A2). Las comunas de Comas, Chorrillos, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo no se quedan atrás: han invertido cerca de S/.7 por cada uno de sus vecinos este año. 

Se ha dicho hasta el cansancio que la inversión en seguridad ciudadana debería ser la prioridad del Estado, ya que es la principal preocupación de los peruanos según incontables sondeos de opinión. Y es que junto al protagonismo que tienen la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, los gobiernos locales tienen un rol primordial en la lucha contra la inseguridad; pero esta no siempre es su prioridad, según un informe del Instituto de Defensa Legal. 

SJL es uno de los distritos con mayor victimización en Lima (5.979 delitos denunciados entre enero y junio, según el INEI). Su alcalde, Juan Navarro, ha pedido en más de una ocasión que se declare en emergencia el distrito y que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) patrullen sus calles. Esto sería comprensible si Navarro hubiese hecho todo lo posible para frenar la delincuencia, antes de pedir ayuda al Gobierno Central.

SJL es el distrito más populoso de la capital, con más de un millón de habitantes. Es razonable que tenga el mayor número de denuncias y que su presupuesto per cápita sea menor que el de otros distritos. Sin embargo, lo que carece de toda lógica es que a pesar de haber sido el constante escenario de las extorsiones con granadas en colegios y establecimientos comerciales, lo que designó su gobierno municipal a la lucha contra la inseguridad para este año haya sido menos del 7% de todo su presupuesto y que –además– solo haya ejecutado la mitad de este dinero. 

Al igual que Navarro, el alcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, fue uno de los principales promotores de que las FF.AA. tomen el rol de la policía. Lo irónico es que, incluso peor que Navarro, Altamirano solo ha ejecutado un tercio de su presupuesto en seguridad, que es –por cierto– el 13% de su presupuesto total. 

Félix Moreno, gobernador regional del Callao, fue otra de las autoridades que pidieron que las FF.AA. tomen las calles. De hecho, hace una semana el Callao vive en estado de emergencia, régimen que durará en total 45 días. Hasta ahora, esto ha significado una mayor dotación policial y no una intervención militar. 

Efectivamente, la situación de inseguridad en el primer puerto es caótica. Sin embargo, el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, asignó menos del 3% de su presupuesto total a seguridad y ejecutó la mitad de este.  

Mientras que nueve de cada diez personas nos sentimos inseguras en Lima, la mitad de los distritos en Lima (22 de 43) han asignado menos del 10% a su presupuesto en seguridad ciudadana y ocho de ellos ni siquiera han ejecutado dos tercios de lo presupuestado. Así, la inseguridad en los distritos también acecha tras las puertas de algunos municipios.