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La investigación fiscal contra Luis Figari Rodrigo, fundador de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), por el presunto delito de violación sexual peligra debido a que hasta la fecha ninguna víctima lo ha denunciado formalmente ante el Ministerio Público.
El pasado 29 de diciembre, la fiscalía amplió por 90 días la investigación a Figari por supuestamente haber cometido abusos sexuales, físicos y psicológicos contra integrantes de la organización, principalmente adolescentes, cuyos testimonios fueron revelados en el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, del periodista Pedro Salinas.
El trabajo periodístico recoge las declaraciones de 30 ex integrantes del SVC. Cinco indicaron haber sufrido abusos sexuales. Solo tres de ellos denunciaron, en el 2011, lo que les pasó ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, que depende del arzobispado.
Según fuentes de la fiscalía, Víctor Huapaya Quispe, presidente del tribunal, declaró –el pasado jueves 14 de este mes– que los tres casos fueron derivados a las instancias jurídicas del Vaticano, en Roma. “No nos pueden revelar los nombres de estas tres personas porque se violaría el derecho a la intimidad”, sostuvo una fuente.
El Ministerio Público también descartó que cuente con el testimonio de un ex sodálite, que vive en el extranjero y que habría sido abusado sexualmente por Figari. “Es una persona que se puso en contacto con la fiscalía y que ha contado solo los maltratos psicológicos que habría sufrido”, dijo la fuente.
El inconveniente de no contar con denuncias formales llevaría a la fiscalía a ceñirse únicamente a los abusos psicológicos y físicos contra los miembros del SVC.
“El objetivo de la fiscalía no es que se archive la investigación, sino que se indague sobre los excesos en esta organización, desde distintas aristas”, precisó la fuente.
El papel del Estado
La fiscalía también evalúa la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estas organizaciones religiosas.
Oscar Schiappa-Pietra, abogado especializado en derechos humanos, señaló que a raíz de las denuncias de abusos sexuales dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, se acercó la semana pasada a la Dirección General de Justicia y Cultos, dependencia del Ministerio de Justicia, y le indicaron que “no estaban haciendo nada al respecto”.
“Esta organización religiosa recibe exoneraciones tributarias y nadie la ha fiscalizado. Es como si el Estado estuviese de brazos cruzados”, resaltó.
El Comercio intentó comunicarse con las autoridades del sector Justicia, pero no fue posible tener una opinión oficial sobre el tema. Este Diario también buscó la versión del Sodalicio pero no recibió respuesta.
Entre tanto, el Ministerio Público informó que, hasta el momento, Juan Lengua Balbi, abogado de Figari, no ha presentado una carta escrita y legalizada de su patrocinado, en la que indique que él lo defenderá en esta investigación por abusos sexuales.
Otras diligencias que ha realizado la fiscalía es solicitar a los Registros Públicos información sobre la constitución del Sodalicio, sus estatutos y reglamentos. Aún está a la espera de los datos.
