San Isidro: transferencia en pausa por detención de alcalde Cáceres y funcionarios involucrados en organización criminal

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El último viernes, tres días después de la captura del alcalde, el concejo municipal votó para suspenderlo de sus funciones mientras dure el periodo de detención preliminar (7 días). Pese a que la decisión fue unánime, tres regidores pidieron que el periodo se extienda hasta el término de su gestión. Gustavo Massa, uno de los concejales a favor de esta propuesta, sostiene que un eventual retorno a funciones pondría en riesgo las investigaciones. Junto a Cáceres fueron detenidos cinco gerentes y subgerentes municipales acusados de favorecer al consorcio San Isidro Verde para la suscripción del contrato por S/ 44 millones para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. Se los acusa de no atender la advertencia de la Oficina de Control Interno sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro y coludirse para “cuadrar” informes presuntamente inflados sobre el servicio y no penalizar incumplimientos.

“Si una persona que está acusada de ser cabecilla de una organización criminal regresa al municipio junto con los funcionarios detenidos puede ocultar pruebas o entorpecer las investigaciones”, dijo Massa a este Diario.

Aunque la suspensión adoptada por el Concejo hablaba solo de la detención preliminar, el abogado José Tello, director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), aclara que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que esta medida regirá “el tiempo que dure el mandato de detención”, ya sea en periodo preliminar o una eventual prisión preventiva. Mientras ello ocurra, todas sus facultades han sido asumidas por la teniente alcaldesa.

Dudas sobre transferencia

Lo que no se definió en la sesión del viernes es quiénes reemplazarán a los funcionarios detenidos. Para Tello, es imperativo que la teniente alcaldesa designe los reemplazos para evitar retrasos en el proceso de transferencia. “Se tiene que reconfigurar la comisión de transferencia porque hay funcionarios que la integran, como la gerente municipal, que están detenidos”, añadió.

De hecho, la principal tarea a estas alturas del año – incluso sin detenciones – es asegurar la entrega de los informes de rendición de cuentas y la transferencia. “Ahora, más que tomar decisiones importantes sobre contratos, lo importante es asegurar la transferencia gestión. Hay restricciones que establece la normatividad por racionalidad en gastos o personal”, explicó Tello.

Sobre el futuro del servicio de mantenimiento de áreas verdes con el consorcio denunciado, dependerá de la nueva gestión revisar las circunstancias de la contratación o iniciar una auditoría. El Comercio solicitó a la Municipalidad de San Isidro información al respecto, pero al cierre de esta nota no respondieron.

Ayer, la comisión entrante solicitó, a través de una carta, la confirmación urgente de los nuevos miembros por parte de la gestión saliente. “A fin de no continuar perjudicando el proceso, tomando en cuenta que algunos de ellos se encuentran detenidos”, señaló Nancy Vizurraga, alcaldesa electa de San Isidro. Sobre las investigaciones, Vizurraga reiteró que la principal preocupación es asegurar plenamente la transferencia y la continuidad de la prestación de los servicios a la comuna.

Investigación compleja

Uno de los argumentos de la fiscalía para denunciar al alcalde y los funcionarios por corrupción es que se firmó el contrato el 3 de agosto del 2021, ignorando la advertencia de la OCI y que el mismo comité de selección haya solicitado declarar nula la buena pro.

En un comunicado emitido el martes pasado, el municipio aseguró que cumplió con “atender oportunamente todos los puntos y recomendaciones emitidas respecto al procedimiento de selección y la posterior etapa de ejecución contractual”. Por ello, rechazaban “la forma y circunstancias” de las diligencias.

Sin embargo, en un oficio enviado al alcalde dos meses después de la firma del contrato, el jefe de la OCI, Cesar Javier Cesías López, informó que, luego de la revisión de la documentación vinculada a la adjudicación del servicio de mantenimiento de áreas verdes, se establecía que la situación adversa alertada había sido “desestimada”. Es decir, que la municipalidad había decidido no adoptar acciones “asumiendo las consecuencias de dicha decisión”.

Augusto Linares, abogado penalista del Estudio Linares, explicó que el único motivo por el cual se podría ampliar la detención del alcalde es si el fiscal decide pedir prisión preventiva. Como investigación preliminar, el plazo máximo es de siete días. “La única forma de que pueda seguir detenido es con una prisión preventiva, pero con la condición de que se pase a la investigación preparatoria”, explicó.

Al tratarse de una investigación por presunto crimen organizado, los procedimientos son especiales y con plazos mayores al de los delitos comunes. “Puede durar hasta 36 meses en primera etapa y 36 más de ampliación, con lo que una investigación incluso puede durar 6 años porque la ley de lucha contra el crimen organizado tiene una estructura distinta debido a la complejidad”, añadió.