Luis Castañeda: Congreso pide anular peaje de forma definitiva

El caso del nuevo peaje en Puente Piedra ha generado reacciones en diversos ámbitos. El Congreso de la República no fue la excepción. El congresista del Frente Amplio y miembro de la comisión Lava Jato, Jorge Castro, reveló que se ha pedido al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, dejar sin efecto el cobro en las garitas instaladas en el kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte, en el sentido sur a norte, en Puente Piedra.

En entrevista con el programa N Portada de Canal N, el parlamentario argumentó que el Código Penal establece que se puede disolver, liquidar y embargar los bienes de una empresa que incurra en actos de corrupción, en referencia a las coimas que pagó Odebrecht para ganar licitaciones en el Perú.

Como se sabe, la empresa brasileña firmó el contrato de concesión del proyecto Rutas de Lima en el 2013, en la gestión de Susana Villarán, pero luego vendió una parte de sus acciones ante el descubrimiento de los actos de corrupción y pasó a ser accionista minoritario.

“Se le va enviar un documento (a Luis Castañeda Lossio) para que se solucione este problema de manera definitiva, y la mejor forma es, lógicamente, dejar sin efecto hacia adelante (el cobro del peaje). Para nadie es un secreto que ha habido actos de corrupción de parte de la empresa y se le debe aplicar el artículo 104 y 106 del Código Penal”, expresó el legislador, quien remarcó que la decisión la tomaron todos los integrantes de la comisión Lava Jato.

Jorge Castro dijo, además, que con la instalación del peaje en Puente Piedra se está afectando el derecho de las personas al libre tránsito y se mostró en contra de que solo se haya suspendido por 30 días dicho cobro, pues consideró que debió anularse de forma definitiva.

Por otra parte, la bancada de Fuerza Popular pidió a las autoridades anular el incremento del peaje “a fin de no perjudicar más a la población” y hallar una “solución definitiva al problema de las tarifas excesivas e irrazonables”. También exhortó a que los posibles incrementos “obedezcan a sustentos técnicos y no a contratos abusivos”.

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