Maltrato severo a niños awajún con plantas de ortiga no serían los únicos casos de violencia

En pleno Siglo XXI, más de 30 años después de que la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas, un pueblo en el Perú vuelve a la noticia por agresiones a integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y peor aún, por violentar a niños con comportamientos “afeminados”.

Dos meses después de que se expusieran las denuncias por casos de violencia sexual a menores de edad en Bagua, la comunidad Awajún vuelve a ser noticia por un caso que expone la vulnerabilidad que enfrentan los niños que son parte de ella. Un video divulgado por el activista y miembro de la comunidad Awajún, Euner Kajekui, registró cómo un grupo de niños con supuestos comportamientos “afeminados”, fueron obligados a manera de “corrección” a rodar alrededor de un camino de ortiga, planta cuyo efecto podría generar mucho dolor con tan solo un hincón.

Según el activista LGBTIQ+ Euner Kajekui, el contexto de esta situación fue un castigo a “los mariconcitos del pueblo”. “Se cree que somos un mal ejemplo de los pueblos originarios por ser homosexuales, por eso se castiga de esta manera ancestral para corregir su comportamiento”, narra el activista a este medio.

Kajekui menciona que esta no es la primera vez que ocurre una situación así de violencia dado que él mismo fue uno de los afectados hace algunos años. Ahora alza la voz, harto de la situación que involucra a menores de edad. “Son solo niños”, dice con indignación.

Este caso, por el que actualmente el Ministerio de la Mujer está tomando medidas, se da frente en una sociedad en la que, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), el 58,5% de las personas a nivel nacional tolera la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Organizaciones como Save The Children y Promsex exigen una intervención más inmediata del Estado en la comunidad.

Rossina Guerrero, fundadora de Promsex, refiere que se debe velar por la seguridad de estos niños y pide que se active el sistema de protección nacional para resguardar su integridad. Mientras que Rocío Vargas, directora de calidad e impacto de programas de Save The Children, pide que sea cual sea el contexto de lo ocurrido, “nunca se considere aceptable el castigo físico, psicológico, humillante o denigrante a menores”.

Ambas instituciones piden también no calificar lo ocurrido como una “práctica cultural” como lo hizo anteriormente el ministro de Educación, Morgan Quero, y la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, sobre lo ocurrido con el caso de violación a niñas, niños y adolescentes en la misma comunidad.

“Promsex señala que lo ocurrido no constituye una práctica ancestral o cultural. Son niños, niñas y adolescentes sometidos a prácticas crueles para curar algo que no se tiene que curar, lamentablemente el país no ha caminado a prohibirlas. Pero eso es una tortura”, acota Guerrero.

Mientras que Vargas añade que la interculturalidad tiene un límite: los derechos fundamentales de todas las personas que no se pueden vulnerar o violentar bajo ninguna consideración.

“La cultura está pensada en la riqueza que ofrece la lengua, las prácticas, las tradiciones como aquello maravilloso que permite identificar a un grupo étnico, sin embargo, no podemos considerar el castigo físico y humillante como una práctica cultural. El Estado tiene la responsabilidad de actuar”, manifiesta Vargas.

Sobre las cifras de ENARES 2019, ambas representantes de Save The Children y Promsex lamentan que la población aún tolere y considere a la violencia como un mecanismo de disciplina. Por ello, creen que es importante promover la crianza respetuosa que no suponga ningún castigo bajo esta modalidad de violencia.

“En el camino de esta concientización necesaria, que será en un mediano y largo plazo -porque romper esa crianza de castigos y violencia es difícil- es importante que no haya impunidad en los casos que se conocen. Dejar ahí nomás es no permitir que esto cambie”, refiere Vargas.

La especialista de Promsex también menciona que lo ocurrido en la comunidad Awajún es una práctica de corrección que tendrá un impacto en el aparato psíquico de los menores, “pero que es invisibilizada y naturalizada porque indigna y espanta porque lo vemos en un video, pero lamentablemente no vemos igual de grave jalar el cabello, tirar una cachetada e insultar a un menor”.

El activista Euner Kajekui cuenta a este Diario que los dos niños que aparecen en el video no son los únicos violentados con esta planta de ortiga, existirían al menos 6 menores más los que fueron obligados a rodar por ello.

De confirmarse que este castigo es recurrente, Danny Pinedo, profesor asociado del Departamento Académico de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), afirma que los implicados estarían cometiendo diversos delitos porque se trata de menores que están siendo casi torturados. Menciona también que según sus investigaciones y fuentes fidedignas puede confirmar que en las comunidades Awajún se busca castigar a la comunidad LGTBIQ+.

“Me comentaron que en una comunidad Awajún, a las personas LGTBIQ+ se les castiga cortándoles el pelo, como una manera de humillarlos frente a todo el pueblo. Estos comportamientos homofóbicos son recurrentes y ameritan un análisis profundo”, añade.

Ante esto, el también especialista en pueblos indígenas amazónicos, cuenta que esta planta de ortiga no solo crece en la Amazonía sino en varias partes del mundo. “Es una planta que se considera como una maleza porque crece sola en el monte. Tiene la peculiaridad que en sus hojas y tallos tiene una especie de pelos que al tener el mínimo contacto con la piel produce ardor y dolor”, comenta.

La escasa o nula información que hay sobre los casos de violencia en niños, niñas y adolescente por orientación sexual o expresión de género es un aliado de todo lo que ocurre. Rossina Guerrero, de Promsex, cuenta que este grave problema silencia aún más a las víctimas.

“El Estado necesita recabar esta información porque a nivel de investigación cualitativa, se sabe que los niños que no entran en un patrón heteronormativo, de masculinidad que se espera socialmente, son castigados, son burlados por parte de familiares, compañeros de colegios y hasta profesores. Las escuelas ahora son espacios no seguros para las personas LGBTIQ+”, añade Guerrero.

Para confrontar esta falta de tipificación, Guerrero recomienda abrir categorías y subcategorías en las denuncias. En estas se debe incluir si fue por orientación sexual e identidad de género. “Sabemos que esto existe, que es parte de una discriminación estructural que viven las personas LGBTIQ+, por eso se tienen que asignar políticas públicas que respondan a ello y una de las fundamentales es la ESI (Educación Sexual Integral)”, precisa la encargada de Promsex.