McDonald’s: cuál es el estado de la investigación y sanciones por la muerte de jóvenes extrabajadores

Ha pasado un mes y 20 días desde que los estudiantes Alexandra Porras y Carlos Gabriel Campos fallecieran tras recibir descargas eléctricas cuando limpiaban una cocina en el local de McDonald’s, ubicado en Pueblo Libre, pero hasta ahora no se han deslindado responsabilidades, las investigaciones han entrado en un curso lento y los procesos sancionadores aún siguen en marcha.

El pasado 26 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), luego de 10 días de pesquisas, detectó que Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A., compañía operadora de McDonalds en el Perú, cometió seis infracciones muy graves y una grave en torno a la muerte de los jóvenes.

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Por ello, la entidad fiscalizadora impuso a la empresa una multa de S/845.670. Sin embargo, fuentes de El Comercio en Sunafil informaron que el proceso sancionador aún está en proceso pues la compañía apeló la medida y presentó sus descargos. En consecuencia, el caso debe pasar a una segunda instancia dentro de Sunafil que evaluará si confirma o cambia la sanción, según se informó.

Las infracciones muy graves que cometió la empresa operadora de McDonalds en Perú, de acuerdo con el reporte de Sunafil, fueron: no realizar evaluaciones de riesgo ni controles periódicos de las condiciones de trabajo, no brindar información y capacitación a sus empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo ni advertirles de los riesgos que implicaban en sus puestos de trabajo, no supervisar el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP), no brindar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo ni en la maquinaria y/o equipos que empleaban (específicamente, en la máquina dispensadora de gaseosas), no supervisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y no tomar acciones pese a que ya conocía de los desperfectos en la máquina dispensadora de gaseosas.

Además, Sunafil consideró como infracción grave que la empresa no comunique, dentro del plazo legal, la muerte de Carlos Campos y Alexandra Porras, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Con respecto a estos hallazgos, la empresa debe subsanar los errores detectados, entregar equipos de protección personal a sus trabajadores, capacitarlos, crear un reglamento de seguridad en el trabajo, y hacer evaluaciones de riesgo así como controles periódicos, entre otros puntos.

-Investigaciones-

En tanto, la abogada de la familia de Alexandra Porras, Elízabeth Carmona, dijo a El Comercio que las investigaciones por parte de la División de Homicidios de la Dirincri marchan muy lentas debido a que esa unidad policial también tiene a cargo el asesinato en el local de McDonald’s situado en Lince. Refirió que los agentes tienen pendiente la visualización del video de las cámaras de seguridad, enviado por el local donde ocurrió la muerte de Alexandra y Gabriel, el pasado 15 de diciembre, y que con ello solo restaría la elaboración del atestado del caso.

“Se van cumplir dos meses de la tragedia y nada, no hay ni un detenido por este caso (…) Hasta ahora la fiscalía (35 Fiscalía Penal de Lima) solo ha iniciado investigación por homicidio culposo, pero voy a hacer el pedido que el proceso penal sea por homicidio doloso”, manifestó.

Por otro lado, el abogado de los deudos de Carlos Gabriel Campos, Walter Berdiñana, indicó a este Diario que la empresa Arcos Dorados S.A. no ha designado adecuadamente a su defensa legal, Ricardo Elías, por lo cual ha presentado un escrito ante la fiscalía.

“Eso lo ha tenido que hacer el apoderado o el gerente general de la empresa, a través de una vigencia de poder, pero fue la jefa de Recursos Humanos quien ha apersonado al señor Elías. Ella no tiene poder para hacer eso”, cuestionó.

Berdiñana dijo que presentó el recurso en que pide que Elías salga del caso el pasado 7 de enero, y que hasta ahora el fiscal no lo provee. Denunció además que, pese a no estar “apersonado adecuamente”, el abogado de la empresa tiene acceso a la carpeta del caso y tiene conversaciones con el fiscal.

“A nosotros, para tener acceso a la carpeta, nos han pedido de manera sorprendente hasta la partida de nacimiento para acreditar que el señor Carlos y la señora Rocio eran papás de Gabriel. A la empresa nunca le han pedido nada”, lamentó.