Uno de los primeros casos fue el de Zhang Tianxing, un odontólogo chino que se ganó el apelativo de ‘doctor COVID’. Trabajaba en un centro materno infantil del Ministerio de Salud en Villa María del Triunfo. Aprovechó que aplicaba la prueba rápida del coronavirus para robar varios kits.
Presentando un carnet vencido de médico serumista, Tianxing, de 36 años, aplicaba a domicilio el test a quien lo contactaba, trabajo por el que cobraba S/30. Fue atrapado el pasado 10 de abril, en Breña, cuando iba a atender un pedido que en realidad era una trampa de la policía. Desde este primer caso no han parado las noticias sobre el ilícito mercado de venta y aplicación de la prueba rápida o serológica del COVID-19.
Once días después de la detención del ‘Doctor COVID’, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la PNP descubrió en Comas que dos sujetos iban en un vehículo ofreciendo tomar la prueba rápida. Se les encontró 25 kits usados y otro sellado. El detenido de nacionalidad venezolana decía haber trabajado como auxiliar médico en su país y el otro, que era un médico radiólogo peruano.
Hasta ese momento, cuando se había cumplido poco más de un mes de cuarentena en el Perú, solo podían aplican las pruebas moleculares (PCR) y serológicas (rápidas) los establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud, Essalud y a las Fuerzas Armadas. No había muchas opciones: la única forma de conseguir las pruebas era robando los lotes del Estado.
Sin embargo, desde el 23 de abril, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) autorizó a través de una alerta sanitaria que las clínicas privadas y laboratorios autorizados puedan hacer estas pruebas y cobrar. Esto implicaba, como es lógico, que el Ministerio de Salud dé a los privados permisos excepcionales para la importación de los kits.
Esta también fue una oportunidad para los que no tienen buenas intenciones. José Sandoval Rufasto fue detenido el 14 de mayo en San Borja. Al interior de su auto, se hallaron 18 pruebas rápidas de COVID-19 y otros productos como medicinas adulteradas. Al principio dijo que se las llevaba a un familiar en el Callao, pero frente a las evidencias no le quedó más salida que confesar que vendía las pruebas poniendo anuncios en internet.
Sandoval Rufasto le compraba los kits a la empresa Mundo Negocios y esta, según la Policía Fiscal, no tenía autorización de la Digemid para comercializar pruebas rápidas. Un detalle que llamó la atención de la policía fue que los test tenían un sello de inventario de la empresa STEO Inversiones SAC. Cuando intervienen el local de esta última en San Borja, los policías encontraron 1.440 pruebas rápidas “sin sustento legal” valorizadas en S/400 mil.
Por esos días también fue intervenido José Lesma Tirado, un muchacho de 23 años que intentaba vender a S/6.400 un lote de 80 pruebas rápidas para COVID-19 que le había robado días antes a su tío, un trabajador de una farmacéutica. Agentes de la Comisaría de La Victoria lo detuvieron con las dos cajas en la plaza Manco Cápac.
El último golpe fue a una organización que operaba bajo la fachada de Palaban, una empresa que compró a una droguería más de 3 mil pruebas rápidas. El pago de S/ 180 mil lo hicieron con un cheque falsificado. Fueron capturados cuando la banda se volvió a contactar con la droguería, pero esta vez el dueño ya había alertado a la policía.
La banda, que estaría conformada por siete personas, iba a vender las pruebas a S/120 en el mercado negro y ya tenían planificado otros golpes bajo la misma modalidad a droguerías de Lima.
Hasta el 15 de mayo la Digemid había aprobado 267 autorizaciones excepcionales de importación de pruebas rápidas COVID-19 a un total de 177 droguerías del país que importaron de China y otros 20 países.
Según un documento de la entidad del 23 de abril, las droguerías están autorizadas para importar estos dispositivos médicos, pero solo pueden comercializar y distribuir los test a establecimientos de salud públicos como hospitales o centros privados como las clínicas, y también a laboratorios autorizados. La Digemid aclaró que las droguerías son los únicos establecimientos farmacéuticos que pueden comercializar las pruebas rápidas de COVID-19, y que está prohibida su venta por internet o redes sociales.
Las pruebas serológicas aplicadas por el Ministerio de Salud no tienen costo; solo se están usando en pacientes con los síntomas o estratégicamente en mercados, paraderos, visitas a domicilio focalizadas, etc. En el caso de las clínicas, el precio varía por cada institución. Según las consultas hechas por El Comercio, la Anglo Americana cobra S/200, mientras que la San Pablo S/134. Otras como la clínica Javier Prado no está aplicando ningún tipo de prueba y la Ricardo Palma solo usa el test molecular.
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¿Hay cura para el COVID-19?
Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado. La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.
¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?
Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días. Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.