(EFE). Quince años después del fin del conflicto armado en Perú varios colectivos han puesto en marcha la campaña #Reúne, que impulsa la aprobación de una ley para la búsqueda de los miles de desaparecidos que dejó la guerra de contra el Estado.

Aunque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó los crímenes ocurridos en Perú entre 1980 y 2000, cifró en 8.558 el número de desaparecidos, otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) elevan esa cifra a entre 13.000 y 16.000 personas.

El primer indicador de la magnitud del problema es que no hay una cifra única ni un listado de desaparecidos, explicó a Efe Rafael Barrantes, responsable de Programa del CICR "Personas desaparecidas y sus familiares", quien afirmó que la cifra más consensuada es de 15.000.

Aunque se conoce la ubicación de más de 6.000 sitios de entierro y fosas comunes, la legislación peruana, sin embargo, no ha facilitado la búsqueda de desaparecidos, por lo que los promotores de la campaña consideran que un nuevo marco legal propiciaría la identificación forense, los rituales fúnebres y el acompañamiento y apoyo emocional a las familias.

El objetivo de la campaña es que el Ministerio de Justicia envíe al Congreso el proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas, cuyo texto fue consensuado con los distintos sectores involucrados en mayo del 2014.

Hasta diciembre del año pasado solo se recuperaron 3.146 restos humanos, identificaron a 1.715 e hicieron entrega de 1.599 a los familiares, según datos del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal.

Para intensificar la búsqueda surge esta campaña impulsada por los propios familiares y apoyada por el CICR, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, entre otras instituciones.

"Los familiares ya no pueden esperar más. Se están muriendo sin tener respuestas", destacó Barrantes.

Y consideró que aunque el Estado ha realizado distintas acciones a favor de las víctimas de la violencia, como el plan integral de reparaciones, no ha creado una medida adecuada a la búsqueda de personas desaparecidas.

A juicio de Barrantes es necesaria una "política de Estado que priorice los objetivos humanitarios a los judiciales".

La comisionada adjunta para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Marlene Román, dijo a Efe que el hecho de que las exhumaciones estén condicionadas a la interposición de una denuncia penal hace que los avances sean insuficientes.

"A este paso, ¿cuántas décadas tienen que pasar para exhumar todos los cuerpos?", se preguntó Román.

Para la representante de la Defensoría, se requiere de un proceso que no esté amarrado a una investigación fiscal, sino "de carácter humanitario, que pueda facilitar la recuperación masiva de restos y el acceso a la información sobre la ubicación".

Román aseguró que hay muchas personas que tienen datos de dónde están los desaparecidos, pero no los facilitan por temor a verse involucrados en una investigación fiscal, por lo que se precisa un mecanismo para recabar información de carácter confidencial.

"Más allá de los tintes políticos, tiene que haber un consenso humanitario de que ninguna familia merece estar en la incertidumbre", añadió.

A estas alturas hay muchas familias que ya no buscan justicia porque creen que nunca se va a poder identificar ni condenar a quienes se llevaron a su hijo o a su esposa, pero sí desean tener sus restos para velarles y llevarles flores.

El drama de los desaparecidos en Perú ha sido llevada a las pantallas recientemente por el cineasta Héctor Galvez, en su cinta "NN", estrenada el pasado 17 de setiembre y elegida para representar a este país en los Premios Óscar.

La película de Gálvez narra las dificultades de un equipo de forenses para identificar los restos exhumados de un desaparecido, que solo lleva oculta en un bolsillo la fotografía de una mujer.

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