Un efectivo policial de la Comisaría de El Agustino fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida luego de que la justicia acreditara que exigió S/600 a un conductor durante una intervención en 2024. De acuerdo con la acusación fiscal, el agente le indicó falsamente al ciudadano que su licencia de conducir estaba vencida y aprovechó para obligarlo a realizar un pago.
La fiscal provincial Rosmery Villavicencio, a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, obtuvo la sentencia.
Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2024, durante un operativo de control de identidad. Según la Fiscalía, el policía intervino al conductor de un vehículo y, al revisar su documentación, le comunicó al intervenido que su licencia había expirado; sin embargo, esta afirmación no era real.
Tras amenazarlo con llevarlo a la comisaría e imponerle una multa, el conductor accedió a pagar S/600 mediante dos transferencias a través de Yape. La investigación se logró concluir gracias al registro de dichos movimientos.
De acuerdo con la información del caso, el primer envío fue realizado al número celular de una tercera persona y, posteriormente, los fondos fueron derivados a la cuenta personal del efectivo policial condenado. Este movimiento fue considerado dentro de los elementos probatorios presentados durante el juicio oral.
La Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este estuvo a cargo de la acusación. Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Cristopher Vásquez sustentó la imputación mediante el interrogatorio de testigos, documentación y otros medios probatorios.
El caso fue calificado como delito de concusión, una conducta vinculada con el abuso de la función pública para exigir o inducir la entrega de una ventaja patrimonial.
Además de los cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, el juzgado impuso al efectivo policial cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública. La sentencia también estableció el pago de S/3.000 por concepto de reparación civil.
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