Fernanda Milla de León

Han pasado más de 300 días desde noviembre del 2021, cuando el gobierno de anunció por primera vez la intervención de las en las operaciones de la policía, a través del estado de emergencia. La medida se oficializó recién en febrero de este año –aunque con escasas apariciones en las calles– y luego se ha prorrogado cinco veces.

Son escasas las veces en que se ha visto a los militares en las calles ejerciendo labores de seguridad, a pesar de las 6 veces prometidas por el presidente Pedro Castillo.
Son escasas las veces en que se ha visto a los militares en las calles ejerciendo labores de seguridad, a pesar de las 6 veces prometidas por el presidente Pedro Castillo.

Desde ayer, con la nueva ampliación del estado de emergencia por 45 días, se insiste con la presencia de militares en la búsqueda de combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en Lima Metropolitana y el Callao, a pesar de que el Ejecutivo no ha precisado cuáles han sido los resultados de su iniciativa.

Según cifras del INEI, hubo un aumento del 5,6% de víctimas de un hecho delictivo entre enero y junio del 2022, en comparación con el mismo período el año anterior.

La medida implica “la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”. Así lo establece el decreto supremo emitido por el Gobierno.

Un medida populista

Según especialistas consultados por El Comercio, la promesa de tener al Ejército en las calles no ha demostrado ser útil para combatir el crimen.

Los exviceministros de Seguridad Pública Nicolás Zevallos y Ricardo Valdés coinciden en que el estado de emergencia se decretó desde un inicio sin un plan específico.

“Las estadísticas muestran que no ha funcionado y por quinta vez se reiteró el documento sin hacer nada para combatir la inseguridad”, indica Valdés. “No hay una rendición de cuentas”, añadió Zevallos respecto de la ausencia de balances oficiales de parte del Ejecutivo.

“Esta es una medida anticonstitucional”, sostiene el abogado constitucionalista Óscar Sumar, quien añadió que su aplicación se podría cuestionar mediante un recurso de amparo o un hábeas corpus, por ejemplo.

En cuanto a las formas que sí serían eficaces para combatir el crimen, Valdés señala que se tendría que reformar por completo a la policía. Zevallos añade que tendría que haber un trabajo conjunto entre los municipios, la PNP y la fiscalía. “¿Cuantos militares realmente hay en las calles?”, se pregunta el exviceministro. Se trata además de un gasto innecesario de recursos.

Exviceministros del Mininter señalan que la medida es innecesaria e inconstitucional. (Foto: Mininter)
Exviceministros del Mininter señalan que la medida es innecesaria e inconstitucional. (Foto: Mininter)

Todos coinciden en que esta es una medida populista por parte del gobierno de Pedro Castillo. “Me sorprende la poca capacidad de reacción de la ciudadanía y del Congreso”, concluye el exviceministro Valdés.

El decreto supremo fue firmado por el presidente Castillo, el primer ministro Aníbal Torres y los titulares de Defensa, Richard Tineo; del Interior, Willy Huerta, y de Justicia, Félix Chero.

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