Redacción EC

FERNANDO GONZÁLEZ-OLAECHEA (@fernando_got)

Entre los seis presuntos delitos que se atribuyen a la gestión de como rector de la se ha incluido el de defraudación tributaria. El Estado habría dejado de recibir de S/.47 millones como impuestos entre el 2004 y el 2013. Así lo revela por la .

Dicho monto podría incluso ser mayor debido a que la universidad no hizo públicos todos sus estados de cuenta, según informó (Perú Posible), presidente de dicho grupo. “La Garcilaso no ha funcionado como una asociación sin fines de lucro y ha debido pagar el Impuesto a la Renta”, subrayó.

Para la comisión, el desfalco habría empezado con los altos sueldos de al menos 22 funcionarios universitarios, encabezados por Cervantes Liñán.

(Clic para ver la infografía en tamaño completo)

El documento sostiene que los incrementos de sueldo y bonificaciones que recibieron el rector y otros funcionarios (entre quienes figuran sus hijos, María Claudia y Luis Adolfo Cervantes Ganoza; y Luis Miguel Sandoval Cabrejos, su yerno) permitieron usar los excedentes de dinero de la universidad para el lucro de ellos. Entre el 2004 y el 2013, las remuneraciones de los 22 investigados superaron los S/.215 millones.

Mora resaltó que los investigados representan el 1% de la planilla de la casa de estudios, pero concentran el 37% del total del gasto de la entidad.

Las asociaciones sin fines de lucro deben reinvertir sus excedentes y por ello no pagan Impuesto a la Renta. Mora y otros congresistas sostuvieron que al haber un uso del dinero distinto al que manda la ley, ese beneficio debió ser retirado.

“En este caso podríamos estar frente a una disposición indirecta de dinero. Eso originaría en la práctica que haya montos disfrazados como remuneraciones, desvirtuando su naturaleza sin fines de lucro”, detalló a *El Comercio* el especialista en administración tributaria, Juan Mario Alva Matteuci.

Agregó que si la Sunat establece que la universidad dispuso indirectamente de su renta en un determinado período, podría ordenar que cancele los impuestos que no pagó. Ello afectaría las arcas de la institución y no la de sus gestores.

El congresista Yonhy Lescano, también miembro de la comisión, pidió que los que resulten responsables de malos manejos de dinero se vean obligados a devolverlo, y que el Ministerio Público dicte prisión preventiva a los implicados.

El informe también cuestionó que desde el 2006, dos años después de que Cervantes se convirtió en rector, el estatuto contemple que solo él pueda contratar y fijar los sueldos.

El informe será presentado al Pleno en agosto y, de aprobarse, será entregado al Ministerio Público, la Asamblea Nacional de Rectores y la Sunat para las investigaciones respectivas.

Otro de los presuntos delitos es la estafa, debido a la compra de un terreno en el 2009 en Chincha para una sede de la universidad. Por este terreno se pagaron US$303.975. Sin embargo, quienes vendieron ese terreno lo habían comprado tres meses antes a US$55.677. Esta irregularidad fue revelada por *El Comercio* en marzo.

Otra de las acusaciones que pesan sobre Cervantes es el presunto lavado de activos. El informe sostiene que en la investigación la universidad ha dado distintas cifras del alumnado (entre 30 mil y 50 mil).

Como la comisión no pudo corroborarlo, se sospecha que hay alumnos fantasmas que sirvieron para justificar ingresos de dinero de origen ilícito a través de sueldos y bonos.