En una esquina de la concurrida calle Tarata, en Miraflores, Miriam Sánchez Salcedo, acompañada por su esposo, vende chalinas, gorros y chompas en su pequeño puesto. Lo hace desde hace 30 años, aunque en ocasiones su salud le juega en contra.
“Hace cinco años me dio una fuerte convulsión, los serenos me llevaron al hospital. Meses después sufrí un infarto cerebral, estuve en coma. Luego de una resonancia me dijeron que todo provenía del golpe del atentado”, dice la mujer de 50 años, quien en 1992 fue víctima de la explosión de un carro-bomba en la calle Tarata.
Aquel jueves 16 de julio, hace 25 años, Miriam, su amiga Gladys Carbajal y Vanessa Quiroga, la hija de Gladys, se quedaron un poco más de lo acostumbrado y cerca de las 9 de la noche empezaron a guardar su mercadería. “El vehículo estaba estacionado frente a nuestros puestos, pero luego los vigilantes del banco les pidieron a los ocupantes que lo retiraran. Lo movieron unos metros más arriba, cerca de los edificios”, cuenta la comerciante.
A las 9:20 de la noche, el automóvil marca Datsun, sin placa de rodaje, que contenía 400 kilos de dinamita combinada con anfo, explosionó. Milagrosamente Miriam, Gladys y la pequeña Vanessa sobrevivieron, aunque la niña, de entonces 5 años, perdió una pierna.
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Miriam Sánchez Salcedo tenía 25 años cuando sufrió el atentado en Tarata. Su familia asumió los gastos médicos de su recuperación. Además, tuvo que pedir préstamos para comprar un nuevo puesto. (Rolly Reyna / El Comercio)
—Las víctimas—
Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el atentado que perpetró la organización terrorista Sendero Luminoso en la calle Tarata cobró la vida de 25 personas y dejó a 155 heridas. Otras cinco fueron reportadas desaparecidas.
“Para determinar el número de víctimas del terrorismo, la CVR trabajó con una proyección estadística. Debido al poco tiempo que se tenía quedaron tareas por hacer, entre ellas una contabilidad de las víctimas al 100%. Sin embargo, en este caso sí hubo cifras reales porque Tarata es uno de los lugares afectados por Sendero más urbanizados del Perú”, afirma Enrique Bernales, ex miembro de la CVR.
Han trascurrido 25 años desde aquella fatídica noche en Miraflores y la mayor parte de las víctimas del atentado en Tarata no han sido reconocidas ni recibieron una reparación, entre ellas Mirian Sánchez Salcedo, quien hasta la fecha toma medicamentos para evitar las convulsiones y sufre constantes descompensaciones.
El Comercio accedió al registro del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y constató que en él solo figuran 30 personas reconocidas como víctimas de Tarata. Cuatro de ellas están registradas como víctimas con discapacidad, once con heridas o lesiones y 15 como fallecidas. A lo largo de estos años apenas seis pudieron cobrar los S/10 mil que les corresponde como reparación.
“Durante mucho tiempo la forma como llegó el Estado a muchas víctimas no ha sido la más adecuada. Tenemos que reconocer que la atención a las víctimas aún no es suficiente, por eso hemos empezado a realizar una serie de correctivos que se iniciaron con la decisión de reabrir el Registro Único de Víctimas (RUV), que fue cerrado en el 2011”, señala el secretario técnico de la Comisión para la Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez Velásquez.
El titular del CMAN explica que todas las víctimas del terrorismo aún pueden inscribirse en el RUV a fin de ser reconocidas y acceder a una reparación en salud, educación o acceso a vivienda por parte del Estado. La indemnización de S/10 mil solo les corresponde a los familiares directos de fallecidos y desaparecidos, y para víctimas de violación sexual y quienes resultaron con alguna discapacidad producto de la violencia terrorista.
—Los damnificados—
Las pérdidas materiales ocasionadas por la explosión del carro-bomba en la calle Tarata ascendieron a US$3’120.000. Unas 360 familias resultaron damnificadas, según el registro de Defensa Civil. Ellas accedieron a créditos de Fonavi para reconstruir sus viviendas, pero estos les generaron intereses y moras que arrastraron hasta el 2012.
El pago de esa deuda fue asumido por la Municipalidad de Miraflores, que a mediados del 2015 terminó de pagar cerca de S/4’000.000.
“Ya no hay deudas. Fue un aporte que ha servido para que los damnificados de Tarata estén más tranquilos. El Estado tiene tres niveles de gobierno y somos los municipios distritales los que estamos más cerca de las personas”, precisó el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells.
