La comuna de Miraflores alista una ordenanza para prohibir que dos personas viajen en una moto por su distrito. (Archivo El Comercio)
La comuna de Miraflores alista una ordenanza para prohibir que dos personas viajen en una moto por su distrito. (Archivo El Comercio)
Pedro Ortiz Bisso

Aunque afirma que todavía se encuentra en la etapa de “socializar” la propuesta, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ha anunciado la intención de sumarse a la iniciativa de prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal. El también flamante presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú reconoce que es una medida “transitoria”, que lo importante en el combate contra la inseguridad “es dar solución a las causas”. 

Sin embargo, justifica su entusiasmo –y apuro– porque la “producción legislativa” en la materia no va acorde con lo que sucede en el día a día. Ante esta circunstancia, dice, los municipios deben actuar. “El derecho a la seguridad se debe anteponer”.


En Miraflores, los padres de la criatura han reconocido que la propuesta aún se encuentra en estudio, ya que necesitan analizar sus implicancias legales. Pese a ello, Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana, ha declarado que la ordenanza “de todas maneras sale”. El alcalde, dijo, “no va a dar marcha atrás”.

El entusiasmo que muestran en ambas municipalidades es loable. No hay lugar en Lima donde uno se sienta seguro y la presencia de motociclistas acompañados ha empezado a ser relacionada con raqueteros y sicarios. Toda nueva autoridad ansía trazar la cancha de su gestión desde el inicio, sobre todo en estos tiempos en que se vive más rápido, se exigen respuestas a la misma velocidad y la paranoia se desata hasta cuando alguien tarda en responder un mensaje de WhatsApp. 

Pero ambos municipios comparten una coincidencia peligrosa: su discurso en favor de la prohibición está compuesto por una serie de generalidades y lugares comunes, sin mostrar evidencia que brinde consistencia a sus argumentos.Los éxitos de la experiencia colombiana en ciudades como Bogotá o Medellín son un buen indicio, pero sin una debida contextualización no sirven de mucha ayuda.

Además, tal como se ha lanzado, la propuesta asoma como un acto aislado y efectista, que no parece formar parte de un plan concienzudo que ataque de raíz el problema de la inseguridad.
Cabe preguntarse por qué no se intentó una prohibición similar cuando las station wagon eran el vehículo preferido de los raqueteros. ¿Qué pasaría si mañana se ponen de moda los asaltos con scooters? ¿Los prohibirían?

No obstante, existe otro aspecto poco visible, pero no por ello menos importante: la manera de conducir la ciudad permanece invariable. Lima sigue siendo un archipiélago en el que cada alcalde se comporta como un reyezuelo.

¿El Ministerio del Interior está de acuerdo con la medida? ¿Hubo alguna coordinación con la Municipalidad de Lima?
Los distritos se siguen manejando como si fueran pequeños feudos. Lo que pase fuera de sus linderos no interesa.

*El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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