Defensoría: trato en albergue de SJL calificaría como tortura

Once menores y 20 adultos, algunos con discapacidades, fueron rescatados la semana pasada de la casa hogar Imanol, ubicada en San Juan de Lurigancho, donde convivían en pésimas condiciones de salubridad y eran víctimas de violencia física.

Para la Defensoría del Pueblo, el trato al que fueron sometidos por los administradores de dicho albergue podría configurar como tortura.

►San Juan de Lurigancho: así era por dentro el albergue donde menores eran maltratados
►Sedapal: conoce el cronograma de abastecimiento de agua potable en San Juan de Lurigancho
►Nuevo aniego en San Juan de Lurigancho: “No se puede tener a la gente viviendo al susto”

Por ello, demandó que los internos rescatados sean reubicados en centros de acogida residencial que reúnan los requisitos establecidos por ley para garantizar su protección y desarrollo integral.

Según relataron los internos, en el albergue estaban expuestos a tratos inhumanos y degradantes: vivían hacinados, no tenían servicios higiénicos y eran sometidos a abusos físicos.

“Algunas se encontraban en cuartos enrejados con llave e incluso compartían ambientes. En un mismo cuarto se ubicaban a personas adultas y menores de edad, quienes afirman que dormían, comían y hacían sus necesidades básicas en la misma habitación”, indica la Defensoría según el acta fiscal del 23 de enero último.

El Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, solicitó al Ministerio Público que la Fiscalía en lo Penal inicie una investigación sobre los hechos constatados, teniendo en cuenta las condiciones de permanencia de los residentes en el albergue y las agresiones que habrían sufrido por parte de sus cuidadores. “Consideramos (que dichas agresiones) tenían como finalidad menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, que podrían calificar como delito de tortura”, puntualizaron.

-PIDEN INVESTIGACIÓN AL MIMP-

La casa hogar Imanol no contaba con licencia de funcionamiento de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ni certificado de Defensa Civil. Menos aun con la autorización del Ministerio de Salud o la acreditación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Al respecto, el MIMP aseguró que ninguno de los once menores rescatados había sido enviado por este portafolio y que, más bien, sus parientes los habrían mandado. No obstante, reconoció que antes se solía enviar adolescentes en estado de abandono y con problemas de drogadicción hasta que en diciembre se supo de la situación irregular del centro.

Sin embargo, El Comercio tuvo acceso a una carta que envió el MIMP al director de la Casa-Hogar Imanol el 17 de diciembre del 2018 para pedirle que reciba a un adolescente de 16 años. Se trataba de un ingreso provisional hasta el 27 de diciembre.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al MIMP realizar las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.

“Llama la atención que sean los propios órganos competentes en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes los hayan derivado para su acogimiento a la Casa Hogar Imanol sin ningún control ni supervisión previa ni posterior que garanticen condiciones de respeto a sus derechos. Es lamentable la situación de las 3 personas adultas con discapacidad y los adultos con adicciones quienes han sido privados de su libertad a través de internamientos sin su consentimiento previo”, enfatizó la Defensoría en un comunicado.