Ejército del Perú se pronuncia sobre la denuncia de presunto maltrato contra un perro dentro de cuartel militar | Foto: Captura de video / Latina
Ejército del Perú se pronuncia sobre la denuncia de presunto maltrato contra un perro dentro de cuartel militar | Foto: Captura de video / Latina
Redacción EC

En las redes sociales fue compartido un video que denuncia un presunto caso de maltrato animal dentro del cuartel del Ejército situado en el Rímac, el pasado martes 10 de mayo. Las imágenes compartidas a través TikTok generaron indignación en los usuarios y derivaron en un pronunciamiento del (EP).

Imágenes difundidas por el noticiero 90 Mediodía de Latina muestran cómo un pastor belga sujetado por un militar con una correa persigue y enfrenta a un perro mestizo. Esta actitud de ambos animales es vista también por otros miembros de la institución castrense.

Tras la viralización de las imágenes, la institución emitió un comunicado a través de la Segunda División de Ejército, en el que explica lo ocurrido en el video protagonizado por ambos perros.

El Ejército señaló que los militares que presenciaron ese hecho pertenecen al batallón Policía Militar N°501, y participaban esa mañana del 10 de mayo de un tipo de adiestramiento al can de raza mestiza, que había reportado actos de agresividad y pertenece a un oficial que labora en la Segunda División de Ejército.

Posteriormente, el Ejército precisó que el perro de raza pastor belga del Batallón Policial Militar N°501 es adiestrado en rescate dócil y entrenado por profesionales para realizar búsqueda y rescate de personas, brindar seguridad y buscar narcóticos.

El can cumplía la función de ‘perro maestro’ o denominado también ‘perro de conductas’, cuya actuación tiene como fin ayudar al animal con problemas conductuales a relacionarse con otros animales de su misma especie sin agresividad, se lee en el comunicado.

Por lo expuesto rechazamos que exista algún acto de crueldad animal por parte del adiestrador del Batallón Policial N°501 o se haya empleado a algún animal callejero para ser ‘carnada’ de otro can, añadió.

La institución agregó que a la fecha y producto del entrenamiento que recibió el can de raza mestiza en la citada unidad militar “ha corregido su conducta agresiva y ha aprendido a relacionarse con otros animales y personas”.

Asimismo, resaltó que la Segunda División, a través de sus veterinarios, realiza campañas organizadas de vacunación para el reforzamiento séxtuple, desparasitación y tratamiento ambulatorio de los animales de la calle.

La Segunda División de Ejército rechaza de manera enfática cualquier acto de violencia, maltrato o crueldad animal y prohíbe el ejercicio de cualquier estrategia de dolor como castigos o dolor físico para el aprendizaje de sus canes, comprometiéndose a continuar trabajando por el respeto y bienestar de los animales que día a día son entrenados para estar al servicio de nuestra patria”, finalizó.

Comunicado del Ejército del Perú sobre presunto maltrato animal en el cuartel del Ejército. (Captura: Redes sociales)
Comunicado del Ejército del Perú sobre presunto maltrato animal en el cuartel del Ejército. (Captura: Redes sociales)

¿Qué dice la Ley 30407 que envía a la cárcel a agresores de animales?

La , que sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres, fue promulgada el 9 de enero del 2016.

La ley establece que quien cometa actos de crueldad contra un animal o lo abandone (dejarlo en la vía pública o no atender sus necesidades básicas) será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, 180 días-multa y la inhabilitación temporal o definitiva para la tenencia de animales.

En caso de que el animal muera, la pena privativa de libertad será entre 3 y 5 años, 150 a 360 días-multa y la inhabilitación definitiva para que el agresor no vuelva a tener animales a su cargo.

¿Quién puede denunciar?

La norma también precisa que toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar casos de maltrato y crueldad animal, así como cualquier otra infracción a la Ley 30407. Los gobiernos locales (municipalidades), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atender dichas denuncias e intervenir para garantizar la aplicación de la norma.

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