Europa
En respuesta al arbitraje que perdió la Municipalidad de Lima y que ordena pagarle US$ 30 millones a Lima Expresa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que contrademandará por 3500 millones de dólares a las empresas que operan los peajes en la capital.
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El burgomaestre indicó que ha contratado a un estudio de abogados en Estados Unidos para llevar adelante el proceso y remarcó que “se demostrará” ante el Departamento de Justicia de EE.UU. que los contratos de los peajes, según dijo, fueron producto de la corrupción.
En #MundosParalelos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que su gestión ha pedido a Odebrecht y a sus "cómplices" US$ 3500 millones de reparación
— Canal N (@canalN_) April 25, 2024
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“La estrategia nuestra es que la mejor defensa es el ataque. He viajado cuatro veces a Estados Unidos, hemos contratado abogados para los dos casos (Rutas de Lima y Lima Expresa). Yo tengo todo el derecho, como Municipalidad de Lima, a contratar el mejor estudio de abogados litigante”, afirmó López Aliaga.
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“He viajado cuatro veces para contratar el contrataque. El contrataque nuestro es que estamos pidiendo a Odebrecht y a sus cómplices 3500 millones de dólares de reparación por la cochinada que han hecho en nuestro país”, agregó.
“Estamos contrademandando, pero no en el Perú. Hemos decidido ir a tribunales en Estados Unidos, que son más rápidos. Se demuestra en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, se demuestra lo que estoy explicando y las compensaciones económicas son de otra magnitud”, manifestó.
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“El campo del derecho es muy amplio. Estamos yendo al campo del derecho internacional civil y penal para demostrar que ha habido corrupción o conocimiento de una transacción ilegal producto de una coima. Ha habido una compra ilícita, eso se va a demostrar. El contrataque es ese”, finalizó.
El caso
Un tribunal de París desestimó la demanda de la Municipalidad de Lima contra Lima Expresa (Vinci Highways) para anular el contrato de concesión y ordenó el pago de US$30 millones a dicha empresa.
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El proceso se inició en 2019, durante la gestión del exalcalde de Lima Jorge Muñoz y continuó durante la administración de Rafael López Aliaga. La MML argumentaba que el contrato fue producto de un acto de corrupción.
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