La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las declaraciones del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, quien calificó como “lumpen” a un grupo de migrantes venezolanos que viven en su distrito y los exhortó a volver a su país.
Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, señaló que las frases vertidas por el burgomaestre durante un operativo de seguridad configuran un acto de discriminación y xenofobia. Por ello, instó a las autoridades políticas a cumplir su deber de respetar las leyes y erradicar discurso de odio.
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“No es posible generalizar. Todos estamos en contra de la criminalidad, pero en esta lucha no se debe identificar a un grupo de población migrante como personas que en su totalidad se encuentran al margen de la ley. Es muy grave. Infringe los deberes del Código de Ética de la función publica que obliga a los funcionarios a no discriminar y que puede incurrir en responsabilidad penal", dijo a El Comercio.
El último lunes, mientras se realizaba el cierre de una discoteca en Zárate, el alcalde exhortó a los ciudadanos extranjeros que no cumplen las normas a volver a su país. “El Perú ha recibido a perseguidos políticos se supone, a refugiados de la dictadura de Maduro, pero no es cierto, lo que ha venido es lumpen, gente que consume drogas, que bebe y se intoxica y sale a asaltar”, dijo luego de que se interviniera en el local a migrantes indocumentados.
—Incitación a la violencia—
Discriminar e incitar a la discriminación es un delito que se sanciona con hasta dos años de pena privativa de la libertad, según el Artículo 323 del Código Penal Peruano. Además, los funcionarios públicos y autoridades de todo nivel cuentan con un código de ética que los obliga a respetar las leyes, como el derecho a la no discriminación.
No es la primera vez que una autoridad peruana asocia a la población migrante venezolana con características negativas o impulsa normas en su contra. En marzo pasado, el alcalde de Huancayo, Henry López, propuso una ordenanza para declarar a su ciudad libre de venezolanos. Dos meses después, en Cusco se aprobó una ordenanza que impedía empleo a extranjeros. En Ica también se promovió, en setiembre, un empadronamiento obligatorio para los venezolanos como requisito de permanencia que tuvo que ser suspendido dos días después.
El antecedente más reciente ocurrió el domingo pasado, cuando el Comité de Seguridad Ciudadana (Codisec) del distrito de Pichari (La Convención, Cusco) acordó que todos los venezolanos que residen ahí sean empadronados.
Para el representante de la Defensoría, además de existir posibles responsabilidades penales, la discriminación estimula la violencia contra un grupo de personas a las cuales se atribuye características negativas.
“Cuando se generaliza se quedan estereotipos sobre un determinado grupo humano. Estos luego crean ideas falsas sobre la gente y puede motivar reacciones muy peligrosas. De ahí la necesidad de que todos los funcionarios públicos sean mesurados y eviten en su discurso cualquier elemento que incite a discriminar por el lugar de procedencia. Es inadmisible identificar a un grupo humano con la delincuencia”, enfatizó.
Respecto al caso de San Juan de Lurigancho, Castillo informó que solicitará al Ministerio Público evaluar dichas expresiones para determinar si podría haber un ilícito penal.
—Defiende sus declaraciones—
El alcalde Álex González se reafirmó en su posición respecto a un grupo de migrantes que cometen delitos en su distrito, pero enfatizó en que no generaliza.
“En ese escenario [la discoteca] llamé la atención indignado por la presencia de drogas y alto grado de alcohol, prostitución, violencia, hacinamiento, pero no he generalizado […] Los buenos venezolanos son bienvenidos”, dijo.
En diálogo con El Comercio, explicó que la clausura del local Oasis forma parte de un plan de seguridad, que hasta la fecha ha permitido el cierre de 71 ‘prostibares’. Durante dicho operativo, señaló, se intervinieron a 100 ciudadanos venezolanos, quienes fueron llevados a la comisaría de Zárate para el control de identidad. Al menos 4 de ellos fueron puestos a disposición de la fiscalía. “El local no tenía licencia […] De la discoteca Oasis salían a las 4 de la tarde a cometer actos vandálicos. Era una situación que lesionaba la norma municipal”, enfatizó.
De acuerdo con el último reporte migratorio publicado por la Superintendencia Nacional de Migraciones publicado en junio pasado, la cantidad de venezolanos registrados entre el 2 de febrero del 2017 y el 30 de noviembre del 2018 era de 377.723. Del total, el 88,6% se encuentra en Lima.
