‘Vacunagate’: informe del Congreso concluye que hubo colusión y negociación incompatible de Vizcarra, Mazzetti y Astete

Casi dos meses después de que estallara el escándalo por el ‘Vacungate’, que implicó el retiro de las cabezas del Ministerio de Salud (Minsa) en pleno inicio de la vacunación contra el COVID-19, la comisión del Congreso encargada de investigar el caso aprobó su informe final, el cual concluye que hubo una “estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm”, presuntamente dirigido desde el Minsa con colaboración de funcionarios de la Cancillería.

El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Otto Guibovich (Acción Popular), recomienda por ello denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler y a la exministra de Relaciones Exteriores Esther Elizabeth Astete por los presuntos delitos de negociación incompatible, colusión, entro otros. Además, sindica a otros diez exfuncionarios del Minsa y Cancillería por los mismos delitos.

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El informe de 178 páginas, al que El Comercio tuvo acceso, fue aprobado el pasado 5 de abril y señala que el presunto favorecimiento se evidencia “mediante eventos que no tuvieron equivalencia para los otros ensayos clínicos fase III” que se desarrollan en el país.

Este Diario se comunicó con Guibovich, quien adelantó que el informe será presentado hoy ante el pleno para su evaluación y evitó dar detalles sobre las conclusiones del mismo. “He hecho el trabajo y me toca exponer, todo lo que se haga [con el documento] ya depende del pleno”, dijo vía telefónica. La transmisión en vivo del debate puede verse en este enlace.

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LOS HALLAZGOS

La vacunación irregular de funcionarios del Minsa y Cancillería, de sus familiares, allegados y otras personas ajenas al ensayo clínico de fase III se hizo público apenas una semana después de la llegada del primer lote de dosis de Sinopharm. El primer caso que se conoció fue el del expresidente Martín Vizcarra, quien reconoció el 11 de febrero que se había vacunado en octubre del 2020, pero dijo que lo hizo como voluntario. La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), patrocinadora del estudio, desmintió dicha versión. Luego sería la excanciller Elizabeth Astete quien confirmaría que recibió la primera dosis en enero de este año. Finalmente, el 15 de febrero, el presidente Francisco Sagasti informó que eran aproximadamente 400 personas involucradas en el caso, entre ellas la exministra Pilar Mazzetti.

La Comisión Multipartidaria, instalada el 18 de febrero, concluye en su informe final que el presunto favorecimiento al laboratorio chino se evidenciaría con la sucesiva modificación de los protocolos del ensayo clínico, a pedido de la UPCH, “sin mayor escrutinio sobre su impacto en el ensayo mismo, ni en sus fines utilitarios”, en que el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Comité de Ética aprobaran un protocolo de ensayo “irregular que contenía una cláusula de negociación comercial futura con Sinopharm” y que Digemid emitiera autorizaciones cuando los productos ya estaban en ruta a Perú. Sobre el tercer punto, la comisión califica de irregular que el embarque de las dosis para el estudio se realizara un día antes de que Digemid emita la autorización de importación. Dicho documento fue firmado por Sofía Patricia Salas Pumacayo, quien luego recibió la vacuna. “Los procedimientos administrativos relacionados con el EC 051-20 [nomenclatura del ensayo clínico] se llevaron a cabo con una rapidez inusual, en tiempos fuera de los normales, como puede observarse en la aprobación del propio ensayo clínico (01 día) y la autorización de importación por parte de Digemid (menos de 24 horas); sin embargo en los otros ensayos clínicos fase III, que se realizan en el Perú, las autorizaciones demoraron en las mismas instancias hasta un mes para obtener la autorización.”, indica el informe.

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La cláusula comercial que mencionan, según la Comisión, condicionaba el resultado del ensayo clínico, a la compra de las vacunas de Sinopharm una vez verificada la eficacia de las vacunas. Por ello, consideran que se trata de una situación antiética y sin precedentes que demostraría “que el ensayo clínico tenía como propósito ulterior, la adquisición direccionada de las vacunas Sinopharm por parte del estado peruano”.

El informe también cuestiona que en la recepción de la delegación de Sinopharm participaran el entonces canciller Mario López y la exministra Pilar Mazzetti. “Situación única e irrepetible con otros laboratorios”, indican.

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PEDIDO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DOSIS

La segunda conclusión de la Comisión es que, desde el 7 de agosto, tanto Mazzetti, como el ex jefe del INS, César Cabezas, la entonces directora de Digemid, Carmen Ponce, y Mario López Chávarri tenían el conocimiento que Sinopharm había ofrecido una cantidad de vacunas de emergencia para inmunizar al personal del proyecto.

Lo que revela el informe final es que el laboratorio chino ofreció entregar vacunas gratuitas para miembros del estudio y que los investigadores peruanos solicitaron que fueran solo 800 dosis para 400 personas del proyecto (200 para UPCH y 200 para UNMSM). Sin embargo, a decir de los investigadores – señala el informe – “fueron los políticos quienes incrementaron hasta 3.200”. El Minsa y Cancillería finalmente solicitaron a Sinopharm 2.000 unidades adicionales a las 800. Para la Comisión, la decisión debió haber tenido la anuencia de Mazzetti y López Chávarri.

“Las 3,200 unidades de dosis adicionales son el resultado de un concierto de voluntades que se produjo con suficiente antelación a su llegada”, indica el documento de la Comisión. Por ello presumen que los funcionarios Carlos Castillo (Minsa), Carmen Teresa Ponce (Digemid) y Arturo Jarama (Cancilleria) habrían cometido el delito de colusión establecido en el Art. 384 del Código Penal.

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En total fueron 27.800 dosis de la vacuna que ingresaron al país el 31 de agosto del año pasado con una autorización de “uso exclusivo para investigación” en la UPCH y UNMSM. No tenían registro sanitario que permita su uso fuera el estudio. Del total, se inocularon 23.650 dosis, cuya aplicación se efectúo a 11.982 voluntarios en primera dosis y 11.668 voluntarios en segunda dosis. “Queda claro que no fueron 12.000 voluntarios finalmente”, advierte la Comisión. En este lote también llegaron 3.200 vacunas de emergencia adicionales (también con el rótulo “uso exclusivo para investigación” tal como informó previamente El Comercio), de ellas 1.200 dosis fueron entregadas a la Embajada China en Perú. “Las 2.000 vacunas de emergencia se emplearon discrecionalmente, favoreciendo a personas allegadas al poder y a investigadores encargados del ensayo clínico, sin que éstos tuvieran la calidad de voluntarios, lo que significó la inoculación de vacunas de emergencia sin registro sanitario”, indica el informe.

Otro punto que advierte la comisión es que ocho miembros de la Comisión Multisectorial creada para la compra de vacunas, establecida el 11 de agosto a través de R.S. Nº 079-2020-RE, también recibieron las dosis de Sinopharm. El Comercio informó en febrero que entre los que conformaban la comisión y aparecían en la lista estaban Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología de la cancillería, que incluyó a su esposa, su cuñado y su suegra, y el médico cirujano Carlos Castillo Solórzano.

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RESPONSABLES Y DENUNCIAS

El informe final califica a Germán Málaga, exinvestigador principal del ensayo clínico, como responsable directo de la administración de dosis a Vizcarra, ex ministros de Estado, funcionarios, familiares amigos, etc, “sin reportar a nadie de sus actos, poniendo en riesgo un importante estudio en medio de una pandemia que cuesta miles de vidas, violando así, la Constitución Política del Perú y las leyes”.

La comisión concluye que 116 servidores públicos y 354 personas particulares, que en algunos casos eran familiares, amigos, colaboradores y allegados de los servidores públicos, recibieron la vacuna de emergencia de Sinopharm, incluyendo altos funcionarios del Estado.

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Sobre el INS, indican que no cumplió sus funciones y que la UPCH tampoco cumplió sus responsabilidades y “colaboró de manera directa, en la comisión de varios actos irregulares cometidos por altos funcionarios públicos”, violando los principios de integridad científica de Concytec.

En cuanto a los delitos presuntamente cometidos, la Comisión señala que Vizcarra, Mazzetti y Astete habrían incurrido en negociación incompatible en modalidad de aprovechamiento indebido del cargo y colusión. Al exmandatario también se le agrega cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Asimismo, se sindica a diez exfuncionarios del Minsa y de Cancillería como presuntos autores de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión. Entre ellos se encuentran el exviceministro Luis Suárez Ognio, quien vacunó a su esposa, hermana, hijos y sobrinos, el ex viceministro Vícto Bocangel, el exjefe del INS César Cabezas, la ex jefa de Digemid Carmen Ponce, Patricia Salas, Carlos Castillo, entre otros.

En cuanto a personas ajenas a la función pública, relacionados con la participación de la UPCH en el ensayo clínico, la Comisión menciona los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Así como la inhabilitación.

Por todo ello se recomienda denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Martín Vizcarra, Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti Soler por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible, colusión, entre otros.

Se indica que, de aprobarse en el Pleno, el informe sería remitido al Ministerio Público para que investigue y determine responsabilidades de los funcionarios públicos y de quienes sin ser voluntarios se inocularon las vacunas de emergencia.

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Asimismo, recomiendan que el INS reestructure el Comité de Ética para ensayos clínicos y que la Sunedu reciba el informe final para evaluar responsabilidades de la UPCH.

Lo que no corrobra el informe final son las declaraciones de Astete, vacunada el 22 de enero, sobre el presunto conocimiento de Sagasti, Mazzetti y Bermúdez en su vacunación.

Tampoco se determinó el uso de las 1.200 dosis que fueron a la Embajada china en Perú. Dicha embajada cuenta con 42 funcionarios diplomáticos y familiares de nacionalidad china, de los cuales 9 están en su país de origen.

Otro punto que menciona la Comisión Investigadora es que la compra de las vacunas de Sinopharm tuvo un costo adquisición “considerablemente mayor al de otros laboratorios”. Sin embargo, no brindan montos ni detalles comparativos.

Hoy, inicialmente desde las 2 p.m. y luego reprogramado a las 4p.m., la Mesa Directiva del Congreso de la República ha convocado a una sesión plenaria para debatir el informe final, de carácter reservado y confidencial, elaborado por la comisión presidida por Guibovich. La investigación parlamentaria se ha realizado en paralelo a las pesquisas que iniciaron en la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte y la Contraloría.

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