(Archivo El Comercio)
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Redacción EC

Ayer, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone agravar las penas para los transportistas públicos o para los que simulando serlo que cometan delitos contra sus pasajeros.

De esta forma, el juez podrá aumentar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido por el transportista, sin exceder de 35 años de pena privativa de la libertad.

Según el Proyecto de Ley los agravantes aplican para aquellos que en su desempeño como prestadores de servicio de transporte público cometan delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje. Se incluye a conductores, copilotos, cobradores o ayudantes.

De igual manera, la sanción puede ser aplicada para transportistas de un medio especial de usuarios como en los vehículos menores motorizados.

“Es necesario endurecer las sanciones para esos malos transportistas y condenar el aprovechamiento de su desempeño que algunos hacen para delinquir” expresó la legisladora Úrsula Letona, autora de la iniciativa legislativa.

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