En términos de conocimiento general, la visión que se tiene de la Colonia en el Perú permanece congelada en investigaciones centenarias. El desfase entre lo que se aprende sobre ese período en la escuela y la información que disponen actualmente los especialistas resulta abismal.
Como advierte el historiador José Carlos de la Puente Luna, resulta extendida la idea de que, a partir de 1532, el Tahuantinsuyo se transformó de un día al otro. Como si se tratase de una especie de software instalado, se cree que el modelo de explotación social que empezó a funcionar en el Virreinato tras la captura de Atahualpa en Cajamarca arrasó todos los saberes anteriores.
“No se puede explicar ese mundo en construcción si no se entiende que la Corona buscaba mantener a las comunidades vivas, reproduciéndose, pagando sus tributos y aprovechando su fuerza de trabajo”, explica el catedrático de la Universidad de Texas. En su libro, “En los reinos de España. Viajeros andinos, justicia y favor en la corte de los Austrias”, De la Puente ofrece una inédita visión del sistema de justicia en el Perú en los siglos XVI y XVII, no presentada como un modelo impuesto y calcado de España, sino construido a través de siglos de interacciones diversas, algunas violentas, otras negociadas.
El viaje a la corte
A través de una atenta investigación en los viajes de indígenas a la corte de los Austrias para buscar justicia, De la Puente muestra cómo en estas interacciones los pleitos judiciales ocuparon un lugar central. No se trata de una investigación solo para especialistas: entender cómo funcionaba la justicia colonial nos permite encontrar continuidades con nuestra actual cultura del litigio.
Por supuesto, la justicia colonial no puede entenderse bajo la óptica del derecho actual, provisto de un Código Civil y de sentencias, en teoría, previsibles. Esta se basaba en el criterio del juez, aplicado en circunstancias particulares, intentando decidir qué resultaba más justo.
Se trata de un mundo en que los llamados “indios” se convierten en audaces litigantes, tras aprender a moverse entre los diferentes sistemas jurídicos de la época. Y que, al encontrar bloqueados canales oficiales como las audiencias, el corregidor, el oidor o las autoridades eclesiásticas, eran capaces de saltar estas instancias y llevar sus petitorios a Lima o, incluso, a la metrópoli, apelando directamente al rey de España.
Así, que Garcilaso viajara a España para demandar a la Corona las mercedes que le correspondían por las campañas militares de su padre y la restitución patrimonial de su madre no puede verse como una excepción. De la Puente revela cómo una serie de caciques e indígenas notables viajaron a la corte para reclamar derechos individuales o de su comunidad.
“Desde mediados del siglo XVI, luego que en 1542 se declarase la abolición de la esclavitud indígena, aparecen estos viajeros que llegan a España como parte de un séquito, en compañía de sacerdotes, corregidores o funcionarios de rango medio, probablemente trabajando para ellos para pagar el viaje”, explica el autor.
Ya en la península, se presentaban como indios que apelaban la protección de su majestad. “Tras sus gestiones en la corte, muchas veces su regreso era cubierto, a regañadientes, por la corona española. Desde autoridades como Melchor Carlos Inca hasta personajes anónimos como ‘Juan Indio’ apelaron a esta ‘ayuda de costa’, que aportaba un promedio de 30 ducados al solicitante del retorno”, añade.
Autor: José Carlos de la Puente Luna
Editorial: Instituto Francés de Estudios Andinos.