
La administración del presidente Donald Trump intensificó sus medidas contra la inmigración, no solo enfocándose en quienes residen o ingresan ilegalmente a Estados Unidos, sino también imponiendo restricciones a vías legales que anteriormente servían como refugio humanitario. Entre los afectados se encuentran refugiados, solicitantes de asilo y migrantes acogidos bajo programas temporales creados durante el gobierno de Joe Biden.
Uno de los primeros movimientos de Trump al asumir el cargo fue la suspensión indefinida del programa de admisión de refugiados, una medida que dejó varados a más de 22,000 personas que ya habían sido aprobadas tras un riguroso proceso de verificación. Además, el gobierno instruyó a las agencias de reasentamiento a dejar de usar fondos federales, dificultando el apoyo a quienes ya se encontraban en territorio estadounidense.
La reanudación de este programa dependerá de si el presidente considera que es “de interés para Estados Unidos”, según el texto de la orden ejecutiva. Trump justificó la medida al afirmar que los refugiados representan una carga para las comunidades locales, una visión criticada por organizaciones de derechos humanos.

Programas como Uniting for Ukraine y el parole para afganos, en pausa
Otra de las políticas frenadas ha sido el uso del mecanismo de “parole”, una herramienta legal que permite el ingreso temporal de extranjeros por razones humanitarias o de interés público. Durante la administración Biden, esta figura fue utilizada para ofrecer protección a ucranianos desplazados por la guerra, afganos tras la caída de Kabul, y migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Hoy, todos esos programas están suspendidos o en proceso de ser desmantelados.
Una directiva interna reciente ordenó detener la concesión y renovación del parole para estos grupos, incluyendo a los más de 240,000 ucranianos que habían llegado al país bajo el programa Uniting for Ukraine. También afecta a más de 70,000 afganos evacuados tras el colapso del gobierno afgano, muchos de los cuales aún esperan asilo o una visa especial.
Asimismo, fue desactivada la aplicación CBP One, que permitía a migrantes en México agendar una cita para solicitar asilo en los puntos legales de ingreso. Esta herramienta, promovida por la administración anterior como una vía ordenada y segura, fue eliminada minutos después de la toma de posesión de Trump.
Reducción de canales legales y un giro más restrictivo
En línea con su nueva estrategia, el gobierno republicano también cerró oficinas de tramitación migratoria en países latinoamericanos, conocidas como “Safe Mobility Offices”, creadas para desalentar los cruces ilegales al ofrecer alternativas legales. Estas oficinas también coordinaban reubicaciones hacia países como España y Canadá.

Trump ha propuesto además revivir la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes con visas temporales o situación irregular, aunque la medida está frenada en los tribunales. También solicitó a agencias federales que estudien posibles vetos migratorios para países cuyos ciudadanos no puedan ser verificados adecuadamente.
Aunque el expresidente ha hecho declaraciones a favor de la inmigración legal, sus acciones generan dudas entre expertos y organizaciones humanitarias. Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de la organización Global Refuge, señaló que “cancelar vuelos de refugiados ya aprobados es una traición a los valores y compromisos asumidos por Estados Unidos”. En contraste, Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, defendió la postura del expresidente al argumentar que Biden “abusó del parole para crear un sistema paralelo al margen de la ley”.











