La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) comenzó a implementar una nueva ordenanza interna, instruyendo a los agentes para que arresten a inmigrantes indocumentados por cualquier infracción de tránsito, incluso por faltas menores, como conducir sin licencia. El propósito de esta medida es facilitar la posterior deportación de los detenidos, lo que ha generado controversia y críticas debido a las posibles violaciones de derechos civiles y el temor que crea en las comunidades migrantes.
La nueva directiva en Florida permite que los agentes retengan a los inmigrantes indocumentados hasta una hora sin ser sospechosos de un crimen. (Foto: Flickr)
¿Qué establece la nueva norma sobre los conductores indocumentados?
El memorando fechado el 6 de marzo, obtenido por El Nuevo Herald, muestra que Bill Milton, abogado jefe de la FHP, ha instruido a los oficiales a actuar de manera firme con aquellos que cometan infracciones de tránsito siendo indocumentados. La directiva especifica que los agentes deben hacer todo lo posible para detener y entregar a los infractores a las autoridades locales, un enfoque que incluye la detención de hasta una hora, incluso sin que haya indicios de un delito grave. Esta medida ha sido criticada por expertos legales, quienes argumentan que podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege contra las detenciones arbitrarias.
Según la Corte Suprema de los Estados Unidos, una parada de tráfico no puede extenderse sin una causa razonable. Un fallo de 2015 estableció que una detención prolongada solo es válida si hay sospecha fundada de otro delito. Los defensores de los derechos civiles afirman que extender una parada de tráfico por una hora solo porque el conductor es indocumentado es ilegal. Además, la FHP utiliza una base de datos nacional que incluye aproximadamente 700,000 personas con órdenes de arresto civil por cuestiones migratorias, lo que aumenta la probabilidad de que inmigrantes sin papeles sean detenidos durante una simple infracción de tránsito.
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Esta medida también está alineada con el impulso del gobernador Ron DeSantis para fortalecer el control migratorio en Florida, promoviendo políticas más estrictas en línea con la agenda migratoria de la administración de Donald Trump. El memorando de la FHP menciona que, aunque los agentes aún no tienen autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias federales, deben actuar conforme a las órdenes de arresto civil presentes en su base de datos durante las paradas de tráfico. Esto refuerza la presión para que los oficiales trabajen en estrecha colaboración con las autoridades federales.
¿Qué impacto tiene esta política en las comunidades inmigrantes de Florida?
La nueva política ha generado un aumento del temor en las comunidades inmigrantes, especialmente en el sur de Florida, donde reside una gran población migrante, incluyendo muchos cubanos. Abogados y activistas advierten que esta medida criminaliza la vida cotidiana de los inmigrantes, ya que infracciones menores, como no tener licencia, pueden desencadenar detenciones y posibles deportaciones. Esto genera desconfianza en las autoridades locales y agrava la inseguridad en estas comunidades.
El memorando también establece que si el Departamento de Seguridad Nacional (ICE) no se presenta dentro de la hora de retención, los agentes deben recopilar toda la información personal del detenido, incluyendo datos de residencia y empleo, antes de liberarlo. Esta práctica ha sido calificada como inconstitucional por organizaciones de derechos civiles, que argumentan que puede violar los derechos fundamentales de las personas retenidas sin una sospecha razonable de delito.
Abogados y defensores de los derechos civiles ya están preparando recursos legales para impugnar la medida en los tribunales. A pesar de las críticas y la falta de autoridad federal completa, Florida continúa implementando estas políticas, lo que aumenta la preocupación de que se estén violando derechos constitucionales fundamentales. La incertidumbre sobre cómo se aplicará la directiva en las calles deja un panorama de confusión, lo que podría tener graves consecuencias tanto para las personas afectadas como para los oficiales encargados de ejecutar esta política.
