:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/a227dadf-37de-4947-b5a5-ef2a6e797a82.jpg "Foto de Enzo Mori")
Una nueva orden del gobierno de Donald Trump ha vuelto a encender la polémica en torno a la inmigración en Estados Unidos. Con el aval de un juez federal, entra en vigor este viernes un controvertido programa que obliga a todas las personas sin estatus legal a registrarse en una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional. Se trata de una medida que, según autoridades, busca “organizar” y “monitorear” a la población indocumentada, pero que para muchos representa una amenaza directa.
¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PARA INDOCUMENTADOS EN CHICAGO?
Según la nueva norma, cualquier persona mayor de 14 años sin estatus legal debe registrarse en línea en el sitio web de la oficina de servicios de ciudadanía e inmigración (USCIS). El proceso incluye crear una cuenta, llenar el formulario G-325, y asistir —si es requerido— a una cita de toma de datos biométricos que tiene un costo de US$30 por persona. Quienes completen el registro recibirán un documento oficial que deberán portar todo el tiempo.
No cumplir con el registro podría costar caro: hasta US$5,000 en multas y penas de hasta seis meses de prisión. Y aunque los menores de 14 años están exentos del trámite personal, sus padres o tutores legales deberán hacer el registro por ellos. El abogado de inmigración Salvador Ciero advirtió que “después de los 30 días iniciales de implementación empezarán las consecuencias para quienes no se hayan inscrito”.
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en San Diego (Foto: AFP)
MUCHOS INMIGRANTES NO QUIEREN REGISTRARSE POR MIEDO
Diana, una inmigrante que ha vivido indocumentada en Chicago por más de una década, lo tiene claro: no va a registrarse. “No estaría segura al momento de hacerlo, no es algo que me dé confianza”, afirmó en una entrevista con Telemundo.
Como ella, miles sienten que este nuevo requisito los expone a ser identificados, localizados y, eventualmente, deportados. Su decisión representa la desconfianza generalizada en un sistema que, en lugar de ofrecer soluciones, parece aumentar el miedo.
Cientos de miles de inmigrantes llegaron a Estados Unidos en los últimos años (Foto: AFP)
LA REACCIÓN POLÍTICA NO SE HA HECHO ESPERAR
La congresista Delia Ramírez, junto a otros 26 miembros del Congreso, condenó enérgicamente la implementación de esta política. “Exigimos al Departamento de Seguridad Nacional que derogue de inmediato esta norma provisional”, declaró. Asegura que esta iniciativa, más que ofrecer soluciones reales, institucionaliza la persecución y siembra miedo entre comunidades vulnerables.
Desde organizaciones como Proyecto Resurrección, se insiste en la importancia de la información. “El primer paso siempre es entender qué está establecido, qué derechos tienen y cuáles son los riesgos. Solo así se puede tomar una decisión informada”, explicó Laura Mendoza, una de sus líderes. Y es que el dilema no es menor: registrarse podría evitar sanciones, pero también abrir una puerta a futuras deportaciones masivas.
La medida, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, afectaría a entre 2,2 y 3,2 millones de personas. Se trata de una cifra que pone en perspectiva la magnitud del cambio y el impacto directo en miles de familias. En lugar de recibir un camino a la legalización, muchos sienten que están siendo colocados bajo una lupa, sin garantía alguna de protección ni regularización futura.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
