
Por orden de un juez federal, el gobierno de Trump deberá detener las detenciones y arrestos arbitrarios de inmigrantes en siete condados de California, entre ellos Los Ángeles, desde el viernes.
Defensores de inmigrantes demandaron la semana pasada al gobierno de Donald Trump, alegando un ataque sistemático contra personas de piel morena en el sur de California durante su actual ofensiva migratoria. Entre los demandantes se encuentran tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses; uno de estos últimos fue retenido a pesar de presentar su identificación a los agentes.
Ante un Tribunal de Distrito de EE. UU., se ha solicitado a un juez que frene las tácticas migratorias de la administración, calificadas de inconstitucionales. Los defensores de los inmigrantes denuncian que los funcionarios detienen a individuos por su raza, efectúan arrestos sin orden judicial y niegan acceso a representación legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.
A raíz de una solicitud de Public Counsel, la jueza Maame E. Frimpong dictaminó que el gobierno federal no puede limitar el acceso de los abogados al centro de detención de inmigrantes en Los Ángeles.

Qué respondió la Casa Blanca ante la medida de la jueza
La Casa Blanca respondió rápidamente al fallo el viernes por la noche. “Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar políticas migratorias; esa autoridad reside en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz Abigail Jackson. “Las operaciones de control requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que exceden con creces la competencia de cualquier juez. Esperamos que esta grave extralimitación de la autoridad judicial se corrija en apelación”.
El sur de California en vilo mientras el gobierno intensifica los arrestos
Las comunidades inmigrantes y latinas del sur de California han vivido semanas de zozobra. La intensificación de los arrestos por parte de la administración Trump en lugares como lavaderos de autos, estacionamientos de Home Depot y tribunales de inmigración, ha desatado una ola de indignación. Decenas de miles de personas han salido a las calles de la región para protestar contra estas redadas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina.
En el condado de Ventura, la orden tuvo un impacto inmediato. Allí, autobuses con trabajadores fueron interceptados el jueves, justo cuando se desarrollaba la audiencia, a raíz de una irrupción federal en una granja de cannabis que dejó múltiples heridos y choques con manifestantes.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirma que el reciente aumento en el control migratorio responde a una “cuota arbitraria de arrestos” y a “estereotipos raciales o étnicos”.
Los agentes de inmigración detuvieron a los tres jornaleros demandantes sin más información que su origen latino y su vestimenta de construcción, de acuerdo con la demanda. Esta también documenta redadas en mercados de intercambio y tiendas Home Depot, donde, según testigos, los agentes federales arrestaban indiscriminadamente a quienes “parecían hispanos”.











