Esta nueva ley pone un tope claro a cuántos perros adultos se pueden tener por vivienda: hasta cuatro en casas unifamiliares y solo dos en departamentos o edificios multifamiliares, además de limitar a una sola hembra para cría por hogar. Esta regulación, que puede sonar exagerada para muchas familias latinas acostumbradas a que en casa siempre haya “otro perrito rescatado” dando vueltas por la sala, abre un debate que atraviesa tanto el amor por los animales como el peso de las normas locales en la vida diaria. En un país donde millones de hispanos han convertido a sus perros en parte central de la dinámica familiar —desde el can que aparece en cada videollamada con la abuela en México o Centroamérica, hasta el que corre con los niños después de la escuela en barrios de Texas, California, Florida o Nueva York—, cualquier intento de regular cuántos pueden vivir bajo el mismo techo se siente casi como meterse con la intimidad del hogar. Al mismo tiempo, las autoridades insisten en que la medida busca prevenir el hacinamiento, los conflictos con vecinos y situaciones de negligencia, en un contexto de convivencia urbana cada vez más tensa, donde los gobiernos locales tratan de poner orden sin romper del todo ese lazo emocional entre la comunidad y sus mascotas.
Esta discusión conecta con una realidad muy cotidiana para la comunidad hispana en Estados Unidos: el perro no es solo “la mascota”, sino el compañero que recibe a los niños cuando vuelven de la escuela, el que aparece en los videos de TikTok familiares, el que se pasea entre las mesas en las carnes asadas del domingo y el que muchos trajeron desde sus países de origen como parte de su propio proceso migratorio. Es parte de la familia. Por eso, cuando una ciudad establece por ley cuántos perros pueden vivir en un hogar, el impacto se siente tanto en los trámites municipales como en la manera en que las familias organizan su día a día, sus gastos y hasta sus planes de seguir rescatando animales de la calle o de los shelters locales.
En muchos hogares, los perros forman parte de la familia (Foto: Freepik)
/ ¿CÓMO ES LA NUEVA LEY EN OREGÓN?
La ordenanza rige en la ciudad de The Dalles y actualiza el código municipal sobre control de perros, con entrada en vigor el 7 de enero de 2026. En la práctica, introduce una diferencia clara entre tipos de vivienda: en casas unifamiliares se permiten hasta cuatro perros adultos, mientras que en duplex, edificios y otras viviendas multifamiliares el máximo baja a dos perros adultos por unidad, con solo una perra destinada a la cría en cada domicilio. Para quienes viven en departamentos en ciudades con alto costo de vida, este tipo de límite puede sentirse distante de la cultura de “mientras haya espacio en el sofá, cabe otro lomito”, pero marca la línea que la ciudad considera aceptable para evitar acumulación de animales y quejas recurrentes de vecinos.
¿QUÉ PASA CON QUIENES YA SUPERAN EL LÍMITE?
Uno de los puntos más delicados tiene que ver con los dueños que, antes de la entrada en vigor de la norma, ya convivían con más perros de los que ahora se permiten. La ciudad habilitó un régimen especial para estos casos, similar a lo que en Estados Unidos se conoce como “grandfathering”, que permite conservar a los animales actuales sin sanciones inmediatas, siempre que se cumplan plazos y condiciones específicos.
Los propietarios deben informar formalmente su situación al servicio de control animal dentro de los 60 días posteriores al inicio de la ordenanza, con fecha límite fijada en el 8 de marzo de 2026, y luego obtener una licencia para cada perro a más tardar el 1 de julio de 2026. Hay un detalle clave: los perros registrados bajo este régimen no pueden ser reemplazados; a medida que fallezcan, sean dados en adopción u otra circunstancia los aleje del hogar, el número total deberá ir descendiendo hasta ajustarse al máximo fijado por la ley. Para las familias que han ido rescatando perros del vecindario o de refugios, esta cláusula funciona como un freno hacia el futuro, incluso si por ahora pueden conservar a toda su “manada”.
LICENCIAS, VACUNAS Y OBLIGACIONES
La normativa también refuerza el sistema de licencias obligatorias para perros dentro de la ciudad. Para obtenerla, los dueños deben presentar un comprobante de vacunación antirrábica vigente y pagar una tarifa que será definida en el esquema de tasas municipales, algo que se alinea con lo que ya ocurre en otros condados de Oregón. Una vez completado el proceso, cada perro recibe una placa identificatoria que debe llevar en el collar siempre que no esté bajo la supervisión directa de su dueño, sirviendo como prueba de registro y de vacunación.
Para muchos hogares hispanos, este requisito se suma a la lista de gastos fijos del año, junto con el seguro del auto, la renta y las remesas que se envían al país de origen. Sin embargo, también facilita demostrar, frente a un casero o a la administración de un edificio, que el animal está vacunado, registrado y, al menos en el papel, bajo control. Quien tenga varios perros deberá organizarse bien con fechas, citas veterinarias y pagos, algo que puede resultar complicado para quienes sostienen más de un trabajo o dependen de horarios rotativos.
REGLAS MÁS ESTRICTAS EN LA VÍA PÚBLICA
La ordenanza no solo se queda en lo que pasa dentro de la casa, sino que endurece las reglas para los perros en la calle y otros espacios públicos. A partir de ahora, los animales deberán estar con correa siempre que se encuentren fuera de la propiedad de su dueño, salvo en zonas específicas habilitadas para perros sueltos, y pueden ser considerados “deambulando” si están sin control, lo que abre la puerta a que sean retenidos por las autoridades.
Además, la ley contempla la incautación de perros sin licencia o de aquellos que queden sin custodia cuando su propietario sea detenido y no pueda hacerse cargo de ellos. Este punto ha generado críticas entre defensores de los derechos animales, que temen que, en la práctica, algunos perros terminen en refugios saturados o incluso sean eutanasiados si no encuentran adoptantes a tiempo. En barrios donde la policía ya es vista con recelo por parte de ciertos segmentos de la comunidad latina, la idea de que el arresto de una persona pueda afectar directamente al destino de su perro suma una capa extra de tensión.
TENDENCIA EN OTRAS CIUDADES Y DEBATE CULTURAL
La actualización del código en The Dalles se inserta en una tendencia más amplia dentro de Estados Unidos: cada vez más ciudades regulan con mayor firmeza la tenencia responsable de mascotas, estableciendo límites de cantidad, exigencias de licencia y reglas estrictas sobre el uso de correa y la circulación en espacios públicos. Entre vecinos y organizaciones, las opiniones están divididas; hay quienes celebran que, por fin, se combata el hacinamiento, el maltrato y los perros que andan sueltos poniendo en riesgo a peatones y otros animales, y quienes consideran que se está metiendo en la vida privada de hogares que cuidan bien a varios perros pero no encajan en el nuevo modelo.
En comunidades hispanas de todo el país, donde el perro suele compartir celebraciones, vacaciones y hasta salir en la foto de Navidad o de Thanksgiving, el debate va más allá de lo jurídico. La pregunta de fondo es hasta qué punto las ciudades pueden imponer números rígidos sin desconocer el peso emocional y cultural que estos animales tienen en la vida cotidiana de las familias latinas en Estados Unidos, que muchas veces ven en sus perros un apoyo silencioso frente a la distancia, el estrés y los desafíos de la migración.
Los habitantes de The Dalles ya no podrán adoptar perros de forma continua, pues hay un límite de cantidad (Crédito: Freepik)
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