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Luego de dos años de reveses judiciales, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y otros ex funcionarios por presunto "encubrimiento" de iraníes en el atentado contra la mutual judía AMIA fue reactivada este miércoles.
[Dos años de la muerte de Nisman, un misterio sin resolver]
El juez federal Ariel Lijo dispuso la realización de medio centenar de medidas de prueba. La investigación será delegada ahora al fiscal Gerardo Pollicita.
La acusación del fallecido fiscal argentino advierte sobre la supuesta existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados" por el ataque a la mutual judía AMIA.
A finales de diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ordenó reabrir la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández, el caso recayó en el juez federal Ariel Lijo, para investigar si, tal como lo denunció Nisman, el Gobierno kirchnerista negoció con Irán el encubrimiento de los supuestos responsables iraníes del atentado a cambio de impulsar el comercio bilateral.
"La decisión de cerrar la causa fue apresurada y el fallo del juez fue prematuro. Por eso decidimos que se inicie la investigación. Nosotros teníamos que asegurar si era verosímil, algo que era así. La denuncia era verosímil y por eso había que investigar. Eso fue lo que fallamos en diciembre", aseveró el martes al medio argentino TN el juez de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien determinó a finales del año pasado la reapertura de la causa.
Alberto Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza, pocos días después de denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento.
Hasta ahora hubo divergencias sobre si el deceso del fiscal se trató de un suicidio, un homicidio o un accidente en la manipulación del arma, pero la querella, encabezada por la ex esposa de Alberto Nisman y madre de sus hijas, la jueza Sandra Arroyo Salgado, asegura que se trató de un homicidio cuyo móvil está relacionado con el trabajo del procurador.
En setiembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia dispuso que el caso fuera investigado por el fuero federal. El juez Julián Ercolini convocó a una junta interdisciplinaria integrada por peritos de distintas fuerzas de seguridad y otros expertos que en abril estarían en condiciones de elevar un informe concluyente sobre la muerte del fiscal.
Fuente: Agencias/La Nación, GDA
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