La tensión política en Brasil aumentó este lunes con la homologación de testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht que pueden estremecer al Gobierno y a la oposición y afectar a unas cruciales elecciones en el Parlamento.
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La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Rocha, aprobó declaraciones realizadas bajo la figura de delación de 77 ex ejecutivos del conglomerado de ingeniería Odebrecht bajo investigación por pagar sobornos en el mayor escándalo de corrupción del país.
La onda expansiva de esos testimonios es una amenaza también para el Parlamento, que esta semana renovará a sus autoridades en unas elecciones internas que se celebrarán el próximo miércoles en el Senado y el jueves en la Cámara de Diputados.
Esas elecciones son cruciales para el Gobierno de Temer, pues de su resultado dependerá la prioridad que en ambas cámaras se le dará a unas polémicas reformas del sistema de jubilaciones y de las leyes laborales que ha propuesto para intentar mejorar el clima económico en un país que ya lleva dos años en profunda recesión.
El favorito en la Cámara baja es el actual presidente de ese órgano legislativo, Rodrigo Maia, del partido Demócratas (DEM), que integra la base política de Temer y aspira a ser reelegido, pero que también habría sido citado por ex directores de Odebrecht entre los políticos beneficiados por la corrupción.
En la misma situación está el senador Eunício Oliveira, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer.
Oliveira tiene todas las cartas para ganar la interna del Senado pero, como Maia, se sospecha que también recibió comisiones ilegales por favorecer las operaciones de Odebrecht.
En la oposición, que encarna el Partido de los Trabajadores (PT), de la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado, ya no hay fuerza política para pelear por cargos, al punto de que esa formación hasta baraja la posibilidad de apoyar a los candidatos de Temer en ambas cámaras.
Y como ocurre en la base oficialista, la preocupación mayor está centrada en los testimonios de los ex directivos de Odebrecht, pues se teme que incriminen aún más al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder incontestable del PT y con cinco juicios abiertos por supuesta corrupción.
Los fiscales pidieron a Rocha que no demore la aprobación de las declaraciones de delación tras la muerte de Teori Zavascki, el juez de la Corte Suprema que manejaba el caso, cuando se estrelló el avión en el que viajaba el 19 de enero.
Todavía no está claro quién tomará el caso tras la muerte de Zavascki. Rocha aprobó el testimonio bajo delación premiada en su calidad de ministra a cargo durante el receso de fin de año de la corte.
Ante la preocupación de que la muerte de Zavascki pueda entorpecer la investigación en Brasil, la decisión de Rocha al menos mantiene el ritmo de la corte, pues se esperaba que Zavascki aprobara los testimonios en febrero.
Rocha pidió que jueces auxiliares sigan trabajando en el caso mientras se elige al reemplazo de Zavascki.
De acuerdo con la Justicia brasileña, Odebrecht pagaba millonarios sobornos para adjudicarse los contratos de Petrobras y ofrecía financiación electoral ilegal a los políticos que amparaban la corrupción en Brasil y otros países de Latinoamérica y África.
En diciembre pasado, el grupo Odebrecht anunció la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas por un total próximo a los 6.960 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
En paralelo a esos acuerdos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Fuente: Agencias
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