Ciudad de Guatemala. El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fracasó en su intento de evitar el embargo de cinco cuentas bancarias con un monto de 700.000 dólares, dado que una sala de apelaciones confirmó la medida cautelar dictada por un juez de Extinción de Dominio.
En su resolución, la Sala de Mayor Riesgo de Apelaciones señaló que no dudaba de que el origen del dinero era lícito, tal como indicó Pérez en su defensa, pero que corresponderá a la Fiscalía determinarlo.
"Se confirma la medida cautelar", señaló la magistrada Anabella Cardona al emitir la resolución, aunque advirtió que no se estaba prejuzgando si el origen del dinero era lícito o ilícito.
El embargo de las cuentas, en cuatro diferentes bancos nacionales, fue ordenado el miércoles por el juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda.
Pérez sostiene que una parte del dinero corresponde a los salarios devengados como presidente de Guatemala y la otra parte a un préstamo. En su alegato ante la sala, también sostuvo ser un empresario exitoso y dijo que la acción en su contra obedece a una "persecución política".
El embargo de sus cuentas fue solicitado por la Fiscalía de Extinción de Dominio sobre la base de un informe solicitado a la Instancia de Verificación Especial (IVE) sobre las transacciones financieras del ex mandatario.
Según la Fiscalía, en este informe se estableció que en el 2009 Pérez habría recibido recursos del gubernamental Fondo Nacional para la Paz provenientes de un proyecto de mejoramiento de un tramo carretero.
Al concluir la audiencia, Pérez habló con los periodistas. Reiteró que la acción legal en su contra era "injusta" y sostuvo que los hechos que se le imputan del año 2009 son un "caso cerrado".
"Eso se ventiló públicamente. Yo era candidato (a la Presidencia). Fue cerrado por el Ministerio Público y por la Superintendencia de Bancos (SIB) porque no encontraron ningún hecho ilícito. Volverlo a querer revivir es malitencionado. Revivirlo es donde se ve la mala intención", declaró.
"Se ve la mala intención. Tratan de jalar (del pasado) todo lo que pueden. Pero respetamos la decisión judicial y vamos a seguir por la vía legal", manifestó.
Pérez permanece en prisión desde el pasado 3 de setiembre, un día después de renunciar al cargo luego que el Congreso lo despojó de su inmunidad.
Es sindicado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera como miembro de una organización dedicada a la defraudación aduanera denominada "La Línea", desarticulada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el 16 de abril.
Estos mismos cargos pesan sobre la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión preventiva, quien renunció el 8 de mayo.
Pérez sostiene ser inocente y el jueves su abogado apeló su procesamiento, dictado por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.
El argumento de la apelación es que la Fiscalía no aportó pruebas contundentes en su contra.
Fuente: DPA