Nueva Ley de Migración en Chile: ¿En qué consiste y cómo afectará a la comunidad peruana?

La disposición, planteada durante el primer periodo del mandatario conservador (2010-2014), fue aprobada luego de 8 años marcados por debates entre la oposición, que denuncia que la medida no solucionará la migración ilegal sino que creará nuevos problemas, y el oficialismo, que la presenta como la fórmula definitiva para regular el flujo migratorio.

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Chile tiene una gran población inmigrante: según datos del Departamento de Extranjería y Migración, unos 1,4 millones de los 18,9 millones de habitantes en el país son extranjeros. Ello equivale al 7% de la población total.

El grueso de este grupo está conformado por la comunidad venezolana, que desde el inicio del éxodo impulsado por la crisis humanitaria por la que atraviesa su país fue engrosándose y hoy alcanza la cifra de 500 mil migrantes.

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El segundo lugar está ocupado por la comunidad peruana, conformada por al menos 224 mil connacionales, aunque otras fuentes estiman la cifra entre 240 mil y 250 mil. Entonces, ¿cómo se verían afectadas las poblaciones migrantes que residen en Chile con esta nueva ley migratoria?

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¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY MIGRATORIA DE CHILE?

Tras un paso por el Tribunal Constitucional, la Ley de Migración retiró seis de sus artículos más polémicos, entre los que se incluía la retención de 72 horas de quien hubiera recibido una resolución de expulsión o el retorno asistido de menores no acompañados.

Sin embargo, se mantuvieron medidas como la creación del Servicio Nacional de Migraciones, encargado de estandarizar los procesos migratorios; y, quizás la más polémica, la normativa que indica que todo aquel que deba regularizar su situación en el país tendrá que salir del mismo para realizar el trámite en el consulado chileno instalado en su país de origen.

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Todo esto en medio de la pandemia, que llega acompañada de restricciones para los vuelos, precarización laboral a nivel regional y, en casos puntuales como el de los venezolanos o haitianos, condiciones desfavorables en sus países de origen que tornan casi imposible cumplir con dichos procesos.

El Comercio conversó al respecto con Neida Colmenares, doctora en Gobierno y Administración Pública con mención en Políticas Públicas, coordinadora del magister en Migraciones y Políticas Públicas de Flacso Chile, y coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile.

—¿Por qué la ley ha generado tanta controversia?

Porque tiene unos planteamientos en función de la regularización de la comunidad migrante que han sido bastante cuestionados. Por ejemplo, plantea las visas consulares, crear nuevas categorías y establece un proceso de regularización que aplicará para aquellas personas que no hayan ingresado por pases no habilitados y que además no hayan ingresado antes del 18 de marzo. Tampoco establece claramente algunas variantes como la ramificación familiar, que ha sido una demanda de las organizaciones sociales. Por otro lado, la forma en que el Gobierno, a través del Departamento de Extranjería, hizo la difusión y el planteamiento de la ley, a mi juicio, dejó por fuera a las organizaciones sociales. No hubo un diálogo para poder establecer que la ley efectivamente podría dar diagnóstico de las necesidades que han presentado las organizaciones sociales. Es una ley que se ha generado en medio de mucha controversia política y me atrevería a afirmar que tiene el rechazo de las principales organizaciones para migrantes. Habrá alguna comunidad migrante que apoya al presidente Piñera, pero las más sólidas y de mayor trayectoria, no necesariamente opositoras, no han visto con buenos ojos la aprobación.

—La ley llevaba años dormida en el Congreso, ¿qué fue lo que aceleró su publicación ahora?

Eso es justamente lo que plantean las organizaciones: por qué se acelera y se aprueba con dos variables tan complicadas como el aumento de migrantes y la pandemia encima. Las organizaciones ya habían mencionado que era un contexto inconveniente porque no tenía la prioridad como para poder ser discutida y porque nacería con altos niveles de legitimidad. Pero cada vez que hablamos de crisis migratorias, como la de Chacalluta y Colchane*, el Gobierno pone sobre la mesa el tema de la ley, al punto de que finalmente se aprobó. Creo que no era el momento, no solo porque dentro de la agenda política hay otras prioridades por la pandemia, sino también porque la ley no resuelve la crisis. Otro punto que se pide y no resuelve la ley es la de habilitar el refugio. La ley 20430 de refugiados establece que por lo menos las personas (solicitantes de refugio) llenen el formulario y se active el proceso de análisis de refugio que es una cosa que prácticamente no está ocurriendo desde el año pasado.

*La crisis de Chacalluta tuvo lugar en junio del 2019, cuando 400 migrantes venezolanos quedaron varados durante dos semanas en la frontera entre Perú y Chile. Mientras que la de Colchane se registró en febrero de este año, cuando la llegada de cientos de migrantes hizo que en el lugar vivieran más foráneos que locales.

—Pese a ello se planteó como una acción justamente en el contexto del Covid-19...

Pero eso no es real porque la ley establece la creación de una nueva institucionalidad, pero por ningún lado da respuesta a necesidades sociales o la precarización de los migrantes. Se ha generado cierta expectativa que no va en relación al momento ni al tema del Covid-19. En torno a la pandemia ha pasado algo, disminuyeron muy significativamente el ingreso de migrantes por pasos regulares; porque hay un cierre de fronteras con motivos sanitarios, pero se ha observado el ingreso por pasos no habilitados, principalmente de la comunidad venezolana.

—¿Qué plantea la ley ante estos casos?

Que les permitirá a esas personas salir del país en los próximos 180 días sin que se considere una expulsión que prohíba el ingreso de las personas que inicialmente entraron por pasos no habilitados. En ese periodo la persona debe tramitar (un visado) en el consulado chileno en su país de origen en el marco de este nuevo mecanismo. Eso tiene una mayor complejidad. Por sentido común, estamos en un contexto de pandemia, sin catastros claros de cuántas personas son y dónde están, además de los cierres de fronteras y la precarización de las personas. Además, hay casos como el de la comunidad venezolana, que tendría que volver hasta Venezuela siendo una travesía muy larga y costosa, para tramitar las visas en unos consulados que no están atendiendo por la misma pandemia. Además, el tema de que se les pida a las personas que en pleno cierre de fronteras salgan del país y tramiten no contempla los vínculos familiares, esa es otra demanda de las organizaciones. La nueva ley no abre espacio para generar un mecanismo para que quienes están en esa situación y tienen un vínculo familiar en Chile encuentren una alternativa.

—Mencionó previamente la ley de refugio, ¿el caso colombiano sería un buen ejemplo en el cuál basarse?

Sí, lo que hicieron en Colombia es un buen ejemplo. Pensar en la activación de mecanismos o de visas humanitarias que permitan por lo menos en el corto y mediano plazo establecer soluciones humanitarias acompañadas de las recomendaciones de organismos internacionales que permitan a la gente no exigirle el proceso de movilidad por fronteras cuando no pueden hacerlo por razones sanitarias, pero además hay un reconocimiento de la migración, sobre todo en el caso venezolano. Pedirle a la gente que vaya a un país en las condiciones en las que está Venezuela es contradictorio con los tratados que ha firmado Chile. Otra cosa importante es que Chile está suscrito al Convenio de Cartagena, que explícitamente prohíbe a los países impulsar como políticas migratorias las expulsiones. Y una de las cosas que plantea la ley migratoria y está en el discurso del Gobierno es la expulsión de quienes ingresan por pasos no habilitados o se encuentran en situación irregular. Ahora, para ser bien honesta, está más enfocada en quienes ingresan por pasos no habilitados.

Además, la ley tiene un contexto de otras acciones administrativas que ha hecho el Gobierno y que también generan una lectura respecto a cómo se relaciona con las organizaciones sociales, con los migrantes y con quienes se encuentran de forma irregular en el país. Dichas acciones son las visas consulares para los haitianos y para los venezolanos. La verdad es que hay un cuestionamiento de la comunidad venezolana sobre los niveles de solidaridad y coherencia de las medidas del Gobierno de Piñera en el marco de lo que plantean los tratados internacionales. Realmente hay una acción focalizada hacia la comunidad venezolana, particularmente, que no se condicen con las recomendaciones de los organismos internacionales. No solo Colombia habilitó las visas humanitarias, también lo ha hecho Brasil, Bolivia aumentó la disponibilidad del Gobierno para otorgar registros, Ecuador discute habilitar mecanismos. Vemos que Chile está al debe con la respuesta al caso venezolano.

—¿Cuánto cree usted que afectará esta medida a la comunidad peruana?

Afecta a todos los conglomerados migrantes. Hablo de los venezolanos por el volumen, pero aplica para todas las nacionalidades. La ley aparece como la gran acción en materia migratoria, pero aún si estás de acuerdo, hay acciones como la modernización de la institucionalidad migratoria –que busca un proceso más rápido de la entrega de visas- que aún no será tan rápido. Entonces, hay una expectativa que será frustrante para la gente. Lo segundo es que un porcentaje importante de migrantes tienen empleos precarizados, no hay cálculos exactos aún pero se percibe. La comunidad peruana tiene una trayectoria más larga en Chile, entonces esa consolidación de los vínculos le permitiría resistir un poquito mejor estas condiciones de vulnerabilidad en el corto plazo, pero evidentemente el Gobierno no está dando respuestas de políticas universales a los migrantes. Además, las visas consulares también aplican para la comunidad peruana, los que quieran venir tendrán que recurrir a este organismo. Otro problema será que al pedirles a estas personas que salgan de Chile, los países fronterizos tendrán que enfrentar dicha movilidad. Los venezolanos, por ejemplo, tendrán que viajar de forma terrestre. Entonces se ha advertido que es necesaria una conversación con Perú y Venezuela, que no ha ocurrido, para ver cómo se enfrenta esa situación. Se podría advertir que el Perú eventualmente podría tener una especie de regreso de migrantes en una situación bastante compleja. No podría decirte si sería un regreso de peruanos, pero si podemos pensar que se trataría de migrantes venezolanos.

—Para tenerlo claro, ¿un peruano que quiera trabajar en Chile tendrá que pedir una visa de trabajo antes de salir de aquí?

Cualquier persona que quiera venir a Chile va a tener que tramitar su visa en el consulado de Chile en su país de origen. Hay distintas formas, un contrato de trabajo es una opción. También se ha cuestionado algo, la ley plantea que el Estado podría otorgar visas extraordinarias en situaciones especiales. Eso deja un margen de alta discrecionalidad funcionaria porque no tenemos claro a quién se le otorgarían. Al margen de eso, si un peruano quiere venir a Chile no podría llegar con una visa de turista y en esos 90 días conseguir un contrato con el que solicitar un cambio de estatus migratorio. Si viene a Chile como turista se tiene que ir, toda solicitud de cambio de visa -por trabajo, estudio, vínculo con un chileno o extranjero con residencia definitiva- se tramitará en el consulado chileno en el Perú.

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