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El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró este miércoles una "humillación" para su país que la Interpol haya rechazado la solicitud de la Justicia ecuatoriana para emitir una alerta roja de captura por su presunta implicación en un delito de secuestro.
"Es una humillación y una vergüenza para el país", sentenció Correa en una entrevista telefónica con la agencia Efe en la que destacó que la decisión de Interpol solo es reflejo de la "persecución" que él y sus seguidores están sufriendo supuestamente a manos del nuevo Gobierno de Lenín Moreno.
Residente desde junio del 2017 en Bélgica, de donde es su mujer, el ex mandatario se mostró plenamente satisfecho de que la Interpol haya rechazado la petición, si bien subrayó que ello también apunta a la "grave situación del Estado de derecho" en su país, donde dijo no hay siquiera una "corte constitucional".
"La patria no les importa", dijo de los integrantes del Gobierno de Moreno, a quien acusa de haber "desmantelado el estado de derecho" e iniciado una "represión".
La petición que ha rechazado Interpol fue dada a conocer hoy por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y, según Correa, el organismo internacional ha sido contundente en cuanto a su mensaje sobre la situación de los derechos humanos en su país.
"Es muy grave para Ecuador que Interpol haya rechazado el pedido de la justicia por atentar contra los derechos humanos", declaró.
Significa, insistió, que "el Estado de derecho" en su país "no pasa el escrutinio internacional".
Correa es requerido por la justicia ecuatoriana por su supuesta implicación en el caso de secuestro del político opositor Fernando Balda, que tuvo lugar en el 2012 en Colombia y en el que hay involucradas otras tres personas.
El ex presidente niega cualquier implicación en el suceso, dice no conocer al agente que lo acusa, y, a la luz de la decisión de Interpol, pide "autocrítica" para establecer responsabilidades en la cadena de decisiones que llevó a abrir el caso.
"En lugar de hacer autocrítica por el caso Balda, dirán que la Interpol es correísta", afirmó con sorna sobre una decisión que aseguró es "final", y no como aduce la CNJ susceptible de "revisión".
Al aparato judicial ecuatoriano lo describe como un "instrumento de persecución política" en la que fiscales y jueces son nombrados a dedo para ejecutar esa "persecución" y "sacarme casos", hasta "15" en todo tipo de expedientes "de tipo penal".
Se refería, entre otros, al fiscal general encargado Paul Pérez Reina, que entró en funciones en mayo y abandonó su cargo en noviembre sin que, en todo ese período, terciara un nombramiento oficial permanente.
Igual valoración le merece la encargada de su caso, la jueza Daniella Camacho, la misma que solicitó la "alerta roja" a Interpol para que se localice y detenga al ex presidente.
"Por dignidad la jueza debería renunciar (..) porque esto (su caso) es un payasada", señala Correa, y augura que en Ecuador "no va a pasar nada" hasta que se produzca un cambio de gobierno en el país.
Pero ve en la decisión de Interpol "el principio del fin", porque su resolución dice que le servirá para apelar a otras instancias internacionales en busca de protección, entre ellas las del sistema interamericano.
"Los derrotaremos en todas las instancias internacionales", subrayó el ex mandatario, que también acusó a la "prensa corrupta" de jugar a manos del Gobierno.
Interpol rechazó la petición de Ecuador al considerar que esa medida "no era compatible" con sus obligaciones y vulnera los derechos humanos.
La Interpol ha argumentado que "la retención de los datos" de Correa en el Sistema de Información del organismo "no era compatible con la obligación (...) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos", precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.
Fuente: EFE
