:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/KLSLUCDYVJCR5DOBG4AZDS7JPY.jpg)
Conforme a los criterios de
El martes, la Cancillería Peruana informó mediante su cuenta en Twitter que había recibido una solicitud de refugio en el país por parte de la exministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga Vera. La noticia llegó pocos días después de que la exmandataria interina del país altiplánico, Jeanine Áñez, fuese puesta en prisión preventiva acusada de sedición, terrorismo y conspiración.
Las denuncias de fraude en torno a las elecciones generales del 20 de octubre del 2019 llevaron a un levantamiento social en Bolivia que se saldó con la salida de Evo Morales del poder tras 13 años. En su lugar -y ante el vacío de poder provocado por las renuncias del vicepresidente Álvaro García Linera y la presidenta del Senado Adriana Salvatierra- la entonces vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez asumió la presidencia de la República de forma transitoria.
LEE TAMBIÉN: Bolivia: Exministra de Comunicaciones de Jeanine Áñez solicitó refugio a Perú
Dicha sucesión fue avalada en su momento por el Tribunal Constitucional de Bolivia.
Una vez en el poder, Áñez nombró dentro de su primer gabinete de urgencia, como titular del Ministerio de Comunicaciones, a la periodista Roxana Lizárraga, quien asumió el cargo el 13 de noviembre del 2019.
LEE TAMBIÉN: Jueza peruana asume como nueva vicepresidenta de la Corte Penal Internacional: “Quiero llevar la corte hacia América Latina”
Ministra polémica
Nacida en La Paz el 12 de diciembre de 1973, Lizárraga estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Años más tarde siguió también la carrera de Derecho en la Universidad Loyola de Bolivia.
Su carrera, sin embargo, se centró principalmente en su faceta como periodista, trabajando en medios como Red UNO y Red Unitel, ganando el Premio Nacional de Periodismo 2002 e incursionando en la radio, primero en el programa político “Cabildeo” y luego en su propio espacio llamado “Ahora con Roxana”.
Antes de su designación como ministra, Lizárraga no registró experiencia en ningún cargo político.
LEE TAMBIÉN: Siria, tras 10 años de guerra: Los horrores que aún persiguen a un periodista occidental expulsado por el régimen de Al Asad
La primera polémica en el cargo no tardó ni un día en llegar. El 14 de noviembre del 2019 dijo ante un grupo de periodistas que con “aquellos periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley”. Las palabras de Lizárraga apuntaban, según la entonces ministras, a “bolivianos o extranjeros” que azuzaban las protestas en contra de Áñez.
Como era de esperarse, sus palabras no calaron bien entre los comunicadores y fueron condenadas por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, la Sociedad Interamericana de Prensa y hasta por un representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como reseña este artículo de “El Deber”.
Durante su gestión ministerial, Lizárraga cortó la publicidad estatal que recibían 94 radios comunitarias acusándolas de desinformar al pueblo e instaurar la ideología del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales); además, auditó hasta 90 procesos de contratación irregular dentro de su ministerio durante gestiones anteriores y despidió a una cifra indeterminada de “guerreros digitales”, como se denominaba al personal contratado por el Estado para publicitar y defender al MAS en Internet.
LEE TAMBIÉN: Jeanine Áñez, aislada y “sin privilegios” en una cárcel de Bolivia
Sin embargo, el 26 de enero del 2020, poco más de tres meses después de su designación, Lizárraga sorprendió al presentar su renuncia irrevocable alegando que Áñez había traicionado a sus seguidores anunciando su postulación a las elecciones de ese año.
La respuesta del Gobierno de Áñez fue anunciar una serie de investigaciones contra Lizárraga, entre las que se incluía haber transmitido “en vivo y en directo” a través del canal estatal Bolivia TV el anuncio de candidatura de Áñez, práctica prohibida por la legislación boliviana.
LEE TAMBIÉN: Dictan cuatro meses de prisión preventiva para expresidenta Áñez de Bolivia: ¿Qué es el caso “golpe de Estado”?
Ocho días después de su renuncia, se conoció que Lizárraga postularía al cargo de diputada por La Paz en la lista de la alianza Creemos, encabezada por el líder cívico Luis Fernando Camacho, pieza clave en la caída de Morales al movilizar al empresariado de Santa Cruz.
A mediados de noviembre del 2020, con el masista Luis Arce ya en el poder, un equipo de abogados encabezados por el jurista y exfiscal Rolando Cruz presentó una denuncia contra Lizárraga y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por sedición, conspiración, terrorismo, organización criminal y otros.
LEE TAMBIÉN: Bolivia: dictan 4 meses de prisión preventiva contra la ex presidenta Jeanine Áñez por caso “golpe de Estado”
Caso “Golpe de Estado”
La madrugada del sábado 13 un operativo policial se saldó con el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros Álvaro Coímbra y Álvaro Rodrigo Guzmán. En una audiencia celebrada al día siguiente, se dictó prisión preventiva de cuatro meses contra los tres exfuncionarios a solicitud de la Fiscalía, por considerar que existía un elevado nivel de “riesgo de fuga”.
“En el caso de la expresidenta, el Ministerio Público actúa en razón de una denuncia presentada (por la exdiputada Lidia Patty en diciembre). Las investigaciones preliminares se están llevando adelante, sin embargo, conociendo a algunos actores implicados en el caso muchos han optado por esconderse o por fugar. Por ello la Fiscalía activó el artículo 215 de la Constitución Boliviana, para preservar y garantizar la presencia de los investigados”, explicó la Unidad de Comunicación del Ministerio Público de Bolivia a El Comercio.
Se conoce que otros investigados por el caso denominado “golpe de Estado” son los exministros de Presidencia, Yerko Núñez; del Interior, Arturo Murilo; y de Defensa, Luis Fernando López.
LEE TAMBIÉN: EE.UU. “sigue con preocupación” el arresto de Jeanine Áñez y exfuncionarios en Bolivia
Sin embargo, Lizárraga no estaría incluida en la lista. “En contra de la señora Roxana Lizárraga no existe nada. Al menos en el Ministerio Público no tenemos ninguna información sobre algún requerimiento o alguna citación. Desconozco, además, que ella esté solicitando algún asilo”, informaron desde Fiscalía a este Diario.
El tuit de la Cancillería peruana está acompañado de otro en el que señalan que la empresaria activista venezolana de derechos humanos radicada en Bolivia, María Molina, ha realizado una solicitud similar.
Al ser consultado al respecto, el representante del Ministerio Público señaló que “no tenemos ningún conocimiento de esa persona ni he escuchado su nombre en ningún momento”.
Desde la Fiscalía Boliviana, además, rechazaron los señalamientos de que estaría siendo usada como un instrumento de persecución política por parte del Gobierno de Luis Arce.
LEE TAMBIÉN: Dictan cuatro meses de prisión preventiva para expresidenta Áñez de Bolivia
“De ninguna manera. Nosotros no actuamos políticamente sino por denuncias, acá hay una y simplemente se está sometiendo una investigación. Como tal se requiere a las personas involucradas (...) Lo dicen algunos sectores políticos, pero nuestra actuación está claramente definida. Nos corresponde tomar la denuncia e iniciar la investigación. Esta se encuentra en etapa preliminar, se debe ver si la investigación prospera o toma otro rumbo”, aseguraron.
Hasta el momento El Comercio no ha podido acceder a la solicitud de refugio presentada por Lizárraga; sin embargo, cabe resaltar que -a diferencia del asilo, donde la vida o libertad del solicitante está en peligro- esta condición es entregada a quien “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país”.
LEE TAMBIÉN: ¿Cómo la detención de Jeanine Áñez podría terminar perjudicando al gobierno del MAS en Bolivia?
Otros pedidos similares
El caso de Lizárraga está lejos de ser el único en el que un político boliviano solicite protección diplomática en nuestro país.
En mayo del 2009 el Gobierno Peruano concedió refugio y asilo al exministro de Hacienda Jorge Torres Obleas, acusado de “genocidio” en su país por ser considerado uno de los 17 responsables del llamado “octubre negro” que tuvo lugar en el 2003 y donde murieron 70 personas, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Pocos días después, se anunció que se le había otorgado refugio a Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, ministros de Participación Popular y de Salud, respectivamente, durante la gestión de Sánchez de Lozada.
LEE TAMBIÉN: Bolivianos realizan marchas y vigilias en pro y en contra de la detención de Jeanine Áñez | FOTOS
La decisión provocó que el entonces presidente Evo Morales calificara de “chabacano” a su homólogo de aquella época Alan García. “Una cosa es el ex presidente Bush, que ha protegido y ha encubierto a los delincuentes de Bolivia y no es posible que el presidente peruano cometa ese error del presidente Bush”, dijo el líder socialista en aquella oportunidad.
En octubre de ese mismo año, el Gobierno Peruano resolvió en segunda instancia negar el asilo solicitado por el exgobernador de La Paz Luis Alberto “Chito” Valle, acusado de cometer delitos de corrupción que causaron un daño de al menos 17 millones de dólares al Estado Boliviano.
Un año después, en setiembre del 2010, Valle fue expulsado del país y recluido en la cárcel de San Pedro, tal como informó El Comercio en esa oportunidad.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Jeanine Áñez, aislada y “sin privilegios” en una cárcel de Bolivia
- Opositores salen a las calles de Bolivia contra la detención de Jeanine Áñez | FOTOS
- Dictan cuatro meses de prisión preventiva para expresidenta Áñez de Bolivia: ¿Qué es el caso “golpe de Estado”?
- EE.UU. “sigue con preocupación” el arresto de Jeanine Áñez y exfuncionarios en Bolivia
- ¿Cómo la detención de Jeanine Áñez podría terminar perjudicando al gobierno del MAS en Bolivia?
