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Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
Sídney. La justicia de Australia denegó este jueves, por segunda vez, la libertad provisional solicitada por Adriana Rivas, exagente del dictador Augusto Pinochet requerida en Chile por la desaparición de siete personas hace más de cuatro décadas.
Esto significa que Rivas, de momento, permanecerá en prisión mientras se celebre el juicio, dijo a EFE Adriana Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de Rivas.
El fallo de hoy de la juez Jane Abraham, del Tribunal Federal de Australia, quien a finales de octubre lo dejó visto para sentencia, confirmó la decisión emitida en junio pasado por la juez Margaret Quinn, del tribunal penal del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.
Rivas, interna en un correccional en Sídney, todavía cuenta con posibilidad de apelar, aunque según la abogada es improbable que salga en libertad provisional porque "tendría que demostrar situaciones altamente excepcionales".
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Rivas pidió la libertad provisional poco después de ser detenida en febrero en Sídney, a raíz de una demanda de extradición de Chile que se dirime en un tribunal de Sídney.
La exagente, además, está pendiente de otro recurso contra la decisión del fiscal general de Australia de extraditarla.
En un comunicado, los familiares de las víctimas representadas por Navarro recalcaron que Rivas "es parte del horror sufrido por nuestros familiares, es parte de una maquinaria formada para exterminar, para ocultar durante décadas los abusos que ya han sido ampliamente comprobados mediante la investigación de la justicia".
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Rivas trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura, cuando ocurrieron estas violaciones de los derechos humanos que se le atribuyen.
La acusada, vinculada a la brigada de exterminio Lautaro, vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Fuente: EFE
