El 43 % de las ONG registradas en Nicaragua fueron disueltas desde 2018

Al menos 3.106 ONG de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 han sido disueltas por órdenes del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, según un informe presentado este martes por organismos afectados.

“Tenemos una restricción del 43 % del espacio cívico que había antes de 2018″ en Nicaragua, dijo el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, una ONG que fue ilegalizada por la Asamblea Nacional nicaragüense (Parlamento) a petición del Ministerio de Gobernación de ese país.

MIRA AQUÍ: “Hay miedo en la Iglesia católica de Nicaragua”, denuncia líder de exilio

“El régimen (de Nicaragua) reportó 7.227 personalidades jurídicas activas a ese momento (2018)” y a la fecha se registran 3.106 los organismos cancelados, precisó Ruiz, durante la presentación del informe “Expediente ONG Nicaragua”, a través de una conferencia de prensa presencial y virtual desde San José.

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación o vía decreto legislativo, ha disuelto 3.106 ONG nicaragüenses y de otras nacionalidades tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en ese país.

¿Intentaron derrocar a Ortega?

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

MÁS INFORMACIÓN: “Latinoamérica no se puede callar” ante presos políticos en Nicaragua, reitera Boric

Según el estudio, elaborado por la Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Fundación Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a partir de febrero de este año “se desató la peor oleada de cancelación de personalidades jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas”.

“Para entonces los números eran de 9 organizaciones cerradas en 2019 y 96 canceladas hasta febrero de 2022. Ahora se presenta una actualización de la situación de la libertad de asociación de febrero a noviembre de 2022, y se cuentan a 3.106 organizaciones sin fines de lucro”, detalló.

ONG afectadas califican de “crímenes” sus cierres

Ese grupo de organismos calificó de “crímenes” la disolución de esas ONG por parte “del régimen Ortega-Murillo en contra de las libertades ciudadanas y los derechos humanos del pueblo de Nicaragua” y confió “que en el futuro todos los crímenes serán juzgados y que conquistaremos la Justicia”.

Ruiz sostuvo que el cierre de esas ONG ha tenido un impacto social, económico, comunitario y de derechos humanos, el cual aún no ha podido cuantificar.

Indicó que, con base a un estudio realizado a 9 ONG afectadas, encontraron que casi 50.000 personas se han quedado sin acceder a los servicios de primera necesidad y más de 150 sin empleo.

TAMBIÉN VER: Daniel Ortega cumple 77 años de edad con la esperanza puesta en China

“No hay oportunidad de defender la libertad de asociación dentro de Nicaragua”, dijo, por su lado, el abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Los legisladores sandinistas han argumentado también que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 7.000 registradas estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.