Amnistía Internacional: “Bukele se presenta como un líder moderno pero repite políticas fallidas pasadas”

A la fecha, el estado de excepción ha sido ampliado en dos ocasiones. El Gobierno Salvadoreño ha defendido su política resaltando la cifra de detenidos en estas semanas: 36 mil en total.

MIRA: Bukele asegura que está a punto de ganar la guerra a las pandillas de El Salvador

Sin embargo, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció en su último informe publicado esta semana la situación de los derechos humanos durante dicho estado de excepción.

Cientos de testimonios recogidos por la organización internacional reflejan graves violaciones a los derechos en el país.

El Comercio conversó al respecto con Érika Rosas Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

—¿Cómo podemos calificar la situación en materia de derechos humanos en El Salvador?

Para eso voy a usar una frase que el presidente Bukele utilizó reiteradamente en su informe a la nación por los tres años del inicio de su administración (efeméride que se cumplió esta semana). Dijo: “Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”. Lo que nosotros en AI hemos visto en las últimas semanas es que esta realidad dista mucho de la experiencia que viven las comunidades, sobre todo las que han estado atrapadas por la violencia generalizada. Ahora están atrapadas entre las estructuras criminales y las violaciones de derechos humanos ocasionadas por políticas fallidas que no tienen nada de innovadoras. Hemos documentado graves y generalizadas violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción que ya ha sido extendido en dos ocasiones y por el cual se suspenden garantías que bajo las leyes internacionales no pueden ser interrumpidas de ninguna forma.

—¿Por ejemplo?

El debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Eso ha llevado a que hoy haya más de 36 mil personas detenidas de forma arbitraria, agravando una situación de hacinamiento que ya existía en El Salvador y que se conocía mundialmente. En dos meses se ha duplicado la población carcelaria en situaciones no solo de arbitrariedad en las detenciones sino que hemos recibido denuncias de malos tratos, de torturas, de situaciones en las que no se comunica a las familias dónde están los detenidos. Podría constituir inclusive situaciones de desaparición forzada. Además, hay un registro de que por lo menos 23 personas han muerto bajo custodia del estado en lo que va del régimen de excepción.

—Me sorprende con la cifra, teníamos conocimiento de 18.

Al cierre de nuestro comunicado había 18, pero al día de hoy viernes se conoce que por lo menos 23 personas han perdido la vida en custodia del Estado.

—Además de ello hay más de 1.400 denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos.

La realidad es que esas denuncias se conocen porque las propias personas las presentan. La Procuraduría no ha estado a la altura de la situación de crisis que hoy se está presentando. Yo me reuní con el procurador general y él mismo reconocía que su labor era implementar las políticas del Gobierno, a pesar de que debe ser una institución autónoma cuyo mandato es la defensa pública.

—La cifra de 36 mil detenidos es usada por el Gobierno para reforzar su mensaje de que la campaña de arrestos ha sido exitosa. ¿Está más cerca de un plan efectivo o de una cacería de brujas?

Tu pregunta tiene que ver con un componente muy importante que es la información. En todo este periodo, lo que ha faltado primordialmente es la información. Sobre todo a las familias, sobre el número de personas solo se conocen cifras oficiales pero ni organizaciones de derechos humanos ni organismos internacionales tienen acceso a las cárceles salvadoreñas para verificar dicha información. Lo cierto es que si esta cifra que determina el gobierno del presidente Bukele fuese verificable estaríamos hablando que El Salvador pasó de ser el segundo país con el mayor número de presos per cápita del mundo a ocupar el primer lugar, sobrepasando por mucho a Estados Unidos.

—¿Por cuánto?

Antes del régimen de excepción se conocía que había aproximadamente una población carcelaria de 39 mil personas, lo que significaba una tasa de 109 presos por cada 100 mil habitantes. Hoy se contaría con una tasa de 1.164 por 100 mil habitantes, superando la tasa de 639 de EE.UU. que tiene una crisis de encarcelamiento masivo. Esto significaría, además, que el 1,7% de la población mayor de 18 años hoy se encuentra tras las rejas. Esto es verdaderamente atroz, sobre todo conociendo el desastre de la situación en las cárceles del país que ha alimentado la violencia históricamente. Pero el número refleja también una situación sumamente grave que va más allá del régimen de excepción, el cual es el efecto propagandístico de reformas al código penal y de políticas que se instauran bajo la excusa de que se trata de información privilegiada. Parece convertirse en la forma que el presidente Bukele está gobernando. Se está desmantelando a las instituciones del Estado.

—Bukele controla la Presidencia, la Asamblea, menciona usted a la Procuraduría. ¿Cuál es el riesgo de un Gobierno con tanto poder en diferentes instituciones?

Hay un altísimo riesgo para el ejercicio fundamental de derechos humanos. Uno de los mayores riesgos es que controle todo el presidente Bukele, sin ningún contrapeso. Este régimen de excepción, a pesar de los recursos legales que organizaciones civiles han impuesto ante la Suprema Corte por la arbitrariedad que sigue, se ha mantenido por un sistema de justicia cómplice. Este régimen de excepción ha requerido la colaboración de cada poder del Estado que, con la excusa de perseguir a las pandillas, han sacrificado los derechos humanos irrenunciables. Esa evidencia de la falta de contrapesos, de la cooptación de poderes y del desmantelamiento de instituciones hace temer que en cualquier momento el presidente Bukele puede solicitar un régimen de excepción para cualquier otro derecho.

—Cuando Bukele asumió la presidencia de El Salvador usted se reunió con él y se comprometió a respetar los derechos humanos. ¿Cómo fue dicho encuentro?

Se dio pocas semanas después de la toma de posesión. La solicitamos a través de Twitter, que es el medio de comunicación del presidente Bukele. Duró más de dos horas y le presentamos todas las preocupaciones en materia de derechos humanos que habíamos recolectado de las organizaciones salvadoreñas y víctimas. Hubo mucha apertura y creo que su receptividad se debió a una suerte de reconocimiento del trabajo histórico de Amnistía Internacional en el país. Ahora resulta contradictorio, ya no responde a nuestras solicitudes formales, por Twitter prácticamente manda una orden de ataque de sus seguidores y muchos bots. Esto no tiene que ver con AI, tiene que ver precisamente con el cierre del espacio democrático, la intolerancia al escrutinio internacional y a cualquier crítica constructiva que se le haga a sus políticas de gobierno. Las promesas que nos hizo en esa reunión solo fueron de papel y hoy están rotas.

—El mandatario ha amenazado con dejar a los pandilleros sin comida en las cárceles si la violencia sigue. ¿Qué consecuencias le podrían traer este tipo de amenazas o, de ser implementadas, acciones?

Es muy importante señalar que toda persona bajo custodia del Estado es responsabilidad de las autoridades, independientemente de que estén sujetas a procesos judiciales o así hayan sido sentenciadas. Cualquier acción contraria al ejercicio fundamental de sus derechos humanos puede ser considerado malos tratos o tortura, ambos delitos en derecho internacional. Ahí hablamos de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas y las posibles ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido hemos interpelado al presidente Bukele para que permita el ingreso de mecanismos internacionales como la CIDH o las relatorías de la ONU para que puedan verificar la situación en las cárceles y puedan evaluar el nivel de estas violaciones. Es importante que lo permita, si no tiene nada que temer no debería obstaculizar el trabajo de estos mecanismos. Pero además al ser firmante del Estatuto de Roma, El Salvador reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional que podría determinar si se abre o no una investigación preliminar frente a este contexto.

—Bukele goza de índices de popularidad que van desde el 85% hasta el 90% de aprobación, ¿qué riesgos plantea ser tan popular pese a tomar decisiones tan cuestionables?

La popularidad de Bukele es innegable. Sin embargo, eso no puede significar el abuso y la violación sistemática de los DDHH, tampoco el desmantelamiento de las instituciones. Ya lo hemos visto en otros países de la región, los líderes populistas que ofrecen soluciones simplistas a los complejos problemas sociales de nuestros países pueden gozar de popularidad pero después ello se convierte en situaciones de persecución y contextos represivos. Ya lo hemos visto en Venezuela o en Nicaragua, por ejemplo. Por otro lado, Bukele cuenta con un aparato comunicacional, el régimen de excepción es una muestra de eso, es un efecto propagandístico de reformas legislativas que afectan el ejercicio de derechos. Bukele se presenta como un líder moderno pero repite políticas fallidas de gobiernos pasados. Él habla, por ejemplo, del fin de las pandillas pero se han paralizado todos los procesos de extradición que sabemos realmente afectan a las cúpulas de las pandillas. También vemos detenciones arbitrarias de personas que estaban en el lugar equivocado o en condiciones de pobreza, en los barrios pudientes, donde sabemos que operan las cúpulas, no ves los mismos niveles de detenciones que en las comunidades pobres.