Tijuana: El temor de los hondureños que huyen de la violencia política si vuelven a su país

Tijuana. La familia Pineda caminó hacia el norte durante más de un mes con una caravana de migrantes centroamericanos que ahora se encuentra cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Pero ellos estuvieron huyendo en Honduras por mucho más tiempo debido a temores de persecución política.

Según describió la familia, hombres encapuchados con uniformes militares llegaron a su puerta en la ciudad de Peña Blanca en noviembre del 2017, blandiendo sus pistolas y dándoles dos opciones: irse o morir.

Decidieron refugiarse con amigos y familiares durante casi un año, dijeron, antes de unirse a otras miles de personas en un viaje de 4,500 kilómetros hacia Estados Unidos en octubre.

La confrontación ocurrió el 26 de noviembre del 2017, la noche de las elecciones presidenciales de Honduras. Activos en el grupo opositor izquierdista Partido Libre, los Pineda creen que quienes los amenazaron eran leales al presidente conservador Juan Orlando Hernández.

Según un reporte de Naciones Unidas, sus fuerzas de seguridad mataron a al menos a 16 personas en las principales protestas callejeras que ocurrieron tras su controvertida reelección y nadie ha sido acusado penalmente.

"Me dijeron que por involucrar a la gente en los partidos políticos me iban a llenar de plomo", dijo Secundina Pineda, de 25 años, una de las cuatro hermanas que viven con su padre de 65 años y un niño dentro de una tienda de campaña en un campamento de migrantes en Tijuana, México.

Su historia ilustra la violencia política en gran parte pasada por alto en Honduras que, junto con la pobreza extrema, ha ayudado a crear una crisis humanitaria en la puerta de acceso a Estados Unidos.

Reuters no pudo verificar la historia de los Pineda, que fue narrada en gran parte por Secundina. Un portavoz de las fuerzas armadas hondureñas negó vehementemente la versión o cualquier otra persecución política.

Pero los observadores de derechos humanos en Honduras y abogados que representan a los migrantes de la caravana dijeron que han escuchado historias similares de que las fuerzas de seguridad ingresaron a sus hogares e intimidaron a los activistas políticos de la oposición.

En un país con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, los escuadrones de la muerte llevaron a cabo 38 masacres de cinco o más personas en el 2018, dijo Berta Oliva, directora del grupo de derechos humanos Comité de los Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Sostuvo que los casos políticos son dados de baja como delitos comunes.

"Las fuerzas armadas hondureñas no persiguen absolutamente a nadie", dijo el capitán José Domingo Mesa, un portavoz militar. "Muchas personas que están tratando de conseguir asilo (en Estados Unidos) están tratando de buscar justificaciones políticas, muchas veces culpando a las Fuerzas Armadas", agregó.

La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Caravana estancada en Tijuana

Miles de solicitantes de asilo en Centroamérica fueron aglutinados en campamentos superpoblados durante el mes pasado en la ciudad de Tijuana, en el norte de México, luego de caminar por autopistas y hacer viajes en auto desde octubre.

Se enfrentan a largos tiempos de espera para que se atiendan las solicitudes de asilo, y algunos migrantes frustrados están considerando intentar cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, quedarse en México o aceptar ser devueltos voluntariamente a sus países.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho más difícil que los migrantes obtengan asilo, eliminando la protección para las personas que huyen de las pandillas o la violencia doméstica e intentan negar el refugio a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Incluso antes de eso, menos del 14 por ciento de los hondureños ganaron sus casos de asilo en el año fiscal 2018. Estados Unidos también está deportando a unos 22,000 hondureños por año a uno de los países más pobres de América Latina.

Soledad Pazo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, dijo que su misión es monitorear todo tipo de acusaciones, incluyendo secuestros y desapariciones, pero que las instituciones judiciales hondureñas son en gran medida incapaces de una investigación adecuada.

"Acá hay un nivel muy alto nivel de impunidad", explicó Pazo. "Muchos dicen: 'Yo no tengo confianza en la policía cuando lo que estoy denunciando proviene del Estado'".

Honduras ha sufrido durante mucho tiempo la inestabilidad política, y la situación se ha deteriorado desde el golpe de Estado del 2009 cuando el Ejército depuso al presidente Manuel Zelaya, ahora del Partido Libre que se formó en el 2011, por tomar medidas que podrían haber llevado a postularse para la reelección.

Oliva de la COFADEH dijo que los derechos humanos han seguido deteriorándose y que la policía militar y las fuerzas armadas han estado involucradas en la mayoría de las violaciones.

"Desde 2017 a la fecha, Honduras ha marcado un quiebre como nunca antes visto en temas de derechos humanos, (...) democracia, en temas de la verdad. Esto es fundamentalmente lo que ha hecho que la mayoría de la gente decida migrar como aves en bandadas", sostuvo Oliva.

Los Pineda escucharon en la televisión acerca de la caravana, que según el Gobierno de Hernández fue instigada por un político del Partido Libre. Después de un debate familiar, los Pineda decidieron irse y se unieron a las 300,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que abandonan sus países cada año, según una estimación de la ONU.

Secundina Pineda dijo que quiere estudiar mercadotecnia y aprender inglés, quizás en Miami, donde tiene una amiga. La hermana mayor, Leida, de 33 años, dijo que aceptaría cualquier tipo de trabajo, incluso lavando inodoros. José Melvin Pineda, el patriarca, quiere seguir trabajando en la construcción, a pesar de que tiene 65 años.

Todos ellos están aterrorizados de regresar a Honduras. "Si nos deportan", dijo Secundina, "somos comida fácil".

Fuente: Reuters