531 días: el caso de la niña de 9 años que “más tiempo” lleva detenida por el gobierno de Estados Unidos

Luisa* tiene una voz dulce y animada y a veces dice expresiones como queriendo ser adulta, aunque tiene apenas 9 años.

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Quizá se debe a que, pese a su niñez, le ha tocado escribir cartas a congresistas de un país que no conoce para pedir ser liberada junto a su madre de un centro de detención para familias migrantes.

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Hasta el 2 de febrero llevaba 531 días bajo custodia del gobierno de EE.UU. junto a su madre.

Luisa, de El Salvador, es la niña migrante que más tiempo lleva bajo custodia de ICE, de acuerdo a estimaciones de organizaciones que proveen servicios legales en los tres centros que albergan familias migrantes en Estados Unidos (dos en Texas, uno en Pensilvania).

Casi la totalidad de esos días los ha pasado en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, conocido también como Dilley por la ciudad donde está.

“Todas mis amigas ya se fueron y yo solita me he quedado aquí con mi otra amiga”, dice Luisa al otro lado del teléfono.

Los niños migrantes, por normativa, deben ser liberados después de cumplir el máximo de 20 días bajo detención de ICE, en cumplimiento con el Acuerdo Flores, vigente desde 1997.

Sin embargo, este no ha sido el caso de Luisa y de otros cuatro niños (junto a sus madres), en edades entre los 3 y 16 años, que acumulan más de 500 días en el mismo centro.

Si bien Luisa habría podido salir del centro para estar con algún familiar en EE.UU., ella y su mamá han preferido no separarse mientras luchan por evitar su deportación.

Desde que empezó su gobierno, Joe Biden ha tomado diversas decisiones para revertir las políticas de Trump de separación familiar y deportaciones.

Sin embargo, ha advertido que tomará tiempo.

El caso de Luisa y su madre revela una complicada y a menudo señalada como disfuncional política migratoria que se agravó en la era Trump y que, no sin retos, ahora hereda Biden.

Esta es su historia.

*Tanto Luisa como su madre, Ariana, llevan nombres ficticios en este reportaje. Han pedido conservar el anonimato porque están en riesgo de deportación.

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¿Por qué lleva tantos días detenida la niña?

“He pasado dos navidades aquí. Extraño hacer comida, me gustaría hacerme mi propia comida. He aprendido un poco de inglés, un poquito. Quiero aprender más en la escuela, pero fuera de aquí”.

Así es como Luisa describe su larga estancia en el centro.

Su madre dice que la niña ha rechazado las comidas y que su comportamiento se ha alterado con el transcurrir del tiempo. “Lo único que me come es fruta y a veces ni la quiere”, cuenta.

Con 31 años, la propia Ariana describe haberse enfermado de ansiedad, lo que llevó a que le recetaran medicamentos.

“Estoy con pastillas y hace un tiempo me dio un ataque que no sabía qué era; vinieron los paramédicos y me dijeron que me dio un ataque de ansiedad”.

“A veces pienso que no soy yo la que estoy aquí”, dice.

Ambas han visto cómo, en el último año, el centro se ha ido quedando sin gente, a medida que la pandemia recrudecía y la agencia ICE liberaba y deportaba familias.

Al mismo tiempo, el gobierno de EE.UU. empezó a expulsar a la mayoría de migrantes que llegaban a la frontera, una decisión polémica que fue cuestionada por organismos de derechos humanos.

El 1 de julio del año pasado había 138 familias detenidas con 139 niños en los tres centros, según un reporte de AP.

En Dilley, que funciona con fines de lucro y tiene capacidad para albergar a 2.400 personas, actualmente hay alrededor de 54 familias, de acuerdo a estimaciones hechas por Mackenzie Levy, una de las representantes legales de Ariana.

ICE ha continuado deteniendo familias en estos centros pese a que una jueza ordenó en junio de 2020 la liberación de los niños, como consecuencia de un aumento de casos de covid-19 en las instalaciones.

La jueza Dolly Gee está encargada de velar por el cumplimiento del Acuerdo Flores, pero no tiene autoridad para ordenar la liberación de los adultos.

En su fallo, la jueza recomendó que los niños fuesen liberados junto a sus padres o entregados a familiares que sirvan como sus guardianes.

Otra jueza federal falló en contra de liberar a los adultos y ICE, que tiene la discreción para hacerlo, también declinó.

Esto ha planteado un escenario que, para los defensores de las familias, es preocupante: que los niños sean separados de sus padres mientras estos siguen detenidos y en riesgo de deportación.

Ya la agencia fue duramente criticada en 2018 cuando hizo cumplir la orden de separar a miles de niños migrantes de sus padres bajo una política de “cero tolerancia”.

El gobierno y el consejo encargado de velar por los niños migrantes todavía están en discusiones para alcanzar un acuerdo sobre un proceso que facilite la liberación de los niños con el consenso de sus padres.

“No hay nadie como la madre. No puedo dejar a mi hija con ellos (sus familiares en EE.UU.). Mi hija está chiquita, necesita el cuido mío, cómo la voy a dejar…” dice Ariana.

Asilo negado

Los abogados de Ariana sostienen que no se les dio una justa oportunidad de solicitar asilo bajo una serie de políticas puestas en práctica por el presidente Trump que luego fueron determinadas como ilegales.

“La familia no recibió la orientación adecuada para entender cómo funcionaba el proceso migratorio. Casi inmediatamente después de que llegaran a Dilley les negaron automáticamente su solicitud de asilo”, dice Levy.

Ariana dice, sin querer exponer detalles, que escapaba de una situación de violencia en El Salvador cuando decidió dejar a dos de sus hijos y migrar con Luisa.

El 21 de agosto de 2019 cruzaron la frontera de México a EE.UU. y el 27 fueron llevadas al centro Dilley, donde dos días después un funcionario la entrevistó.

De acuerdo a Levy, la base sobre la que les negaron el asilo fue porque no habían cumplido con solicitar esta protección en México o en Guatemala antes de hacerlo en Estados Unidos.

“La verdad yo no entendía lo que me pasaba”, dice Ariana.

“Uno viene todo asustado, todo lo que ha vivido en el camino y luego llegar a enfrentarse a personas... Supuestamente como que teníamos que pedir asilo en México y no pedimos allá, por eso fue que me negaron”, describe.

Sus abogados apelaron ante un juez de inmigración en septiembre, quien ratificó la decisión de negarle el asilo y ordenar su deportación.

Y es que Ariana arribó al país apenas semanas después de que entrara en efecto el acuerdo del “tercer país seguro” entre EE.UU., varios países de Centroamérica y México.

El gobierno de Trump sostenía que dicho acuerdo buscaba identificar de modo más eficiente “a quienes estuviesen mal usando el sistema de asilo como una herramienta para ingresar y permanecer en el país”.

La medida fue implementada cuando miles de familias migraban hacia el norte huyendo de la violencia y pobreza en sus países.

Pese a que un panel de tres jueces en una corte de apelaciones determinó en julio del año pasado que este cambio en el proceso de asilo era ilegal, los casos de personas como Ariana ya habían sido sometidos a dicha política.

Los representantes de Ariana piden que el gobierno otorgue a su clienta una orden para presentar su solicitud ante un juez de inmigración.

Consultado sobre su caso, ICE dijo a BBC Mundo que no puede discutir sobre asuntos que están en litigio.

“Al menos cinco veces”

A Luisa y Ariana las han intentado deportar “al menos cinco veces”, dice la madre, y en varias ocasiones han tenido que cumplir con un aislamiento obligatorio de varios días como prevención de contagio de covid-19 de vuelta en el centro.

No las terminan de deportar porque sus abogados sostienen una batalla legal desde varios frentes y han conseguido evitarlo en el último minuto.

Ariana dice que su hija, aunque pequeña, “es muy inteligente y cada vez entiende más” las veces en que las trasladan a aeropuertos con el fin de retornarlas a El Salvador.

“Me da rabia que me sacan, me regresan, me sacan, me regresan”, dice Luisa al preguntarle sobre cómo se siente en el centro.

ICE ha sido acusado durante años de no brindar tratos adecuados a bebés y niños bajo custodia en Dilley, inaugurado en 2014 durante el gobierno de Obama, aunque la agencia ha defendido el protocolo de atención médica y educativa que brinda a los niños.

Una de las cosas que más inquietud le provocan a Ariana es que su hija se esté quedando atrás con su nivel educativo.

“Aquí no aprende suficiente, son dos años ya perdidos”, dice.

Mackenzie Levy, una de sus representantes legales, dice que varias de sus clientas le hablan de clases deficientes donde los niños “pasan mucho tiempo frente a computadores sin aprender mucho”.

Levy señaló también que, en tiempos de pandemia, los niños han recibido unos paquetes de tareas que “se supone que duran una semana, pero que terminan en un día”.

Sobre estas denuncias, ICE respondió que la escuela del centro reabrió sus clases presenciales en septiembre y que los paquetes educativos previos fueron entregados en consonancia con directivas para afrontar la pandemia del gobernador de Texas.

La agencia insistió en que “respeta la dignidad y humanidad de las familias”.

“Caos y más dolor”

En noviembre del año pasado, más de 60 organizaciones defensoras de los migrantes enumeraban 28 niños detenidos por periodos de hasta 15 meses y exigían su liberación en una carta dirigida a Trump y al entonces presidente entrante, Joe Biden.

En ella, citaban ejemplos de menores de edad de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyas solicitudes de asilo fueron negadas y que huían de situaciones extremas como violación, tortura por parte de pandillas y muerte violenta de familiares.

Pese a esto, ICE indicó en un comunicado difundido el mismo mes que las familias habían tenido “amplio acceso a procesos legales y se ha determinado que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”.

De los 28 niños mencionados en la petición, seis ya fueron deportados y 17 fueron liberados. Cinco, incluida Luisa, permanecen bajo custodia, de acuerdo a estimaciones de Proyecto Dilley, la organización donde trabaja Levy.

“Este tipo de políticas crea más caos y más dolor. Si lo ves desde la perspectiva de una persona que solicita asilo, lo que se encuentra son capas y capas de burocracia”, indica Sarah Pierce, analista del Migration Policy Institute, un centro de análisis independiente.

A 530 días de su entrada en Estados Unidos, Luisa no ha salido de su confinamiento.

Su cumpleaños número 10 se avecina y es lo que más anticipa.

“Quiero estar afuera en casa de mi tía para ese día”, dice con la ilusión de una niña.

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