“La idea de que todavía permitamos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. Simplemente enfermiza (...) Voy a intentar hacer desaparecer las armas de asalto”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden durante la cena de Acción de Gracias celebrado el último jueves.
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Consiste en el más reciente pronunciamiento del líder demócrata frente al control de armas un tema que despierta un intenso debate entre quienes consideran que es un derecho fundamental ciudadano y quienes ven aumentar el peligro de violencia que aqueja al país desde hace décadas.
La herida más reciente de la denominada epidemia armada en Estados Unidos son los tiroteos registrados en un club nocturno gay en Colorado y en un supermercado de Virginia a inicios de semana.
Ambas tragedias, que sucedieron con tres días de diferencia entre sí, dejaron un saldo total de 11 muertos, según reportaron las autoridades estadounidenses.
Según la organización Gun Violence Archive, dedicada a monitorear este tipo de incidentes en Estados Unidos, unas 39.952 personas han muerto debido a violencia con armas de fuego en lo que va del 2022.
UNA LUCHA ETERNA
Amparados en la Segunda Enmienda de la Constitución, vigente desde 1791, los estadounidenses están facultados de portar armas para su legítima defensa. Desde el siglo XX, sin embargo, la ley se ha convertido en uno de los puntos más debatidos en dicho país, tanto en el plano civil como político y judicial.
Pese a que este derecho ha sido ratificado en más de una ocasión por la Corte Suprema, no han sido pocas las ocasiones en las que se ha buscado regular el acceso que tengan los ciudadanos, especialmente al armamento de uso militar.
Cabe resaltar que dentro de este debate, y de las numerosas decisiones del Congreso, ha resaltado el lobby realizado por influyentes organizaciones como la poderosa Asociación Nacional del Rifle. (NRA, por sus siglas en inglés).
Y si alguien sabe muy bien sobre esto es precisamente Joe Biden. Desde su etapa como senador de Delaware, que inició a principios de los 70 y vio su última reelección en el 2002, ha encabezado diferentes iniciativas para regular el acceso ciudadano a las armas de fuego.
Esto, evidentemente, incluyó más de un enfrentamiento con la NRA. En ese sentido, resaltan dos victorias por parte del demócrata. Primero en 1993, cuando el Congreso aprobó la Ley Brady para la Prevención de Violencia con Armas de Fuego que establecía un sistema de verificación de antecedentes para quienes soliciten un arma de fuego.
Y un año más tarde, cuando junto a la senadora Dianne Feinstein impulsaron la prohibición de armas de asalto y municiones del mismo tipo por 10 años.
En el 2012, luego de la masacre en la escuela Sandy Hook y ya como vicepresidente, Biden fue encargado por el entonces mandatario Barack Obama en los esfuerzos por limitar aún más la venta de armas.
Lo cierto es que pese a que la dupla Obama-Biden sacó adelante más de una docena de decretos para reducir el uso de armas, la epidemia de violencia en Estados Unidos no ha mostrado reducciones notables desde entonces.
UN LOGRO SIGNIFICATIVO PERO INSUFICIENTE
Ya como presidente, Biden ha buscado la forma de continuar en su lucha contra el acceso a las armas de fuego. Una labor que ha sido aplaudida por diversas organizaciones pro regulación, pero que el mismo mandatario ha calificado como insuficientes, pues necesitan de un mayor consenso en un tema al que los republicanos se oponen ampliamente.
En junio de este año, un mes después de que se registraran los tiroteos en la escuela de Uvalde, Texas, y en una tienda de Buffalo, Nueva York, sin embargo, consiguió una victoria que podría considerarse pequeña pero a la vez importante.
Biden consiguió el apoyo mínimo necesario de congresistas demócratas y republicanos para sacar adelante una ley que introduce nuevas restricciones para el porte de armas y destina miles de millones de dólares en programas de salud mental y seguridad escolar.
Esta ley, considerada la más importante de los últimos 30 años sobre el tema, incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas normas de “alerta de peligro” (“Red Flag”), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos, señala la agencia EFE.
Al mismo tiempo, buscaba acabar con lo que se conoce como “el vacío legal del novio”, por el que hasta ahora si alguien era acusado de violencia doméstica sin estar casado se le dejaba seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el caso de las personas casadas.
La medida, sin embargo, aún no ha entrado en vigor pues está pendiente de una votación en el Senado, donde no proyecta a tener los votos necesarios.
Ahora, luego de que las elecciones de medio mandato hayan dado el control de la Cámara Baja a los republicanos pero mantenido en poder de los demócratas al Senado, la Administración Biden busca correr contra el reloj para sacar adelante nuevas medidas antes del inicio del nuevo periodo legislativo el próximo 3 de enero.
“¿Cuándo decidimos que ya basta?... Tenemos que imponer una prohibición a las armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos”, dijo al respecto el mandatario.
En ese sentido, quedará esperar para conocer cuáles serán los movimientos de los demócratas en las semanas en las que aún mantienen la mayoría en ambas cámaras. Una espera a la que Biden ya parece estar acostumbrado luego de tres décadas luchando por resultados.
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