Se trata de una organización sin ánimo de lucro que “investiga, revela y previene” los actos de corrupción de los burócratas rusos. Por eso, el Fondo de Lucha contra la Corrupción siempre está en la mira del Kremlin.
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También conocida como FLC o, en ruso, FBK, la ONG fue fundada en el 2011 por Alexei Navalny, uno de los enemigos públicos del régimen de Vladimir Putin.
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“Desde entonces, se han publicado cientos de investigaciones, examinado miles de contratos públicos y salvado millones de rublos del presupuesto nacional”, se jacta la organización.
Y agrega:
“La presión de las autoridades crece cada año, pero seguimos trabajando con la ayuda de nuestros partidarios”.
¿Cómo se financia?
Según el portal del FLC, la organización se mantiene gracias a donaciones de “ciudadanos rusos” que los ayudan ocasionalmente o regularmente.
Sin embargo, dice la ONG, “se nos acusa falsamente de lavar dinero” que proviene de fuentes criminales, y de “recibir dinero de extranjeros”.
“Desde el 2019 hemos sido perseguidos por el gobierno”, sentencian.
Al respecto, Infobae recuerda el caso de Alexandr Khomenko, un empresario ucraniano que, según el Kremlin, financiaba el FLC.
De hecho, a finales de enero de este año, Rusia abrió un caso penal por fraude masivo.
Más tarde, a mediados de este mes, “un tribunal moscovita condenó a una pena suspendida de un año de trabajos comunitarios a la jurista Liubov Sobol”, cercana a Navalny y abogada del FLC.
Pero la sentencia no tenía nada que ver con su trabajo, lo que ha levantado suspicacias.
La Deutsche Welle anota que “fue declara culpable de allanamiento de morada con empleo de violencia”, tras ser detenida “por entrar en el domicilio de un supuesto agente del Servicio Federal de Seguridad que presuntamente participó en la operación de envenenamiento de Navalny en agosto del 2020”.
Y ahora, tal como lo recoge el portal del diario “Gestión”, “la justicia rusa ordenó la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas” a Navalny, “que podrían ser declaradas ‘extremistas’ y prohibidas de manera definitiva”.
Los destapes
A finales del 2015, el FLC publicó un documental en el que acusaba de “diversos delitos y maquinaciones a dos hijos del fiscal general Yuri Chaika”.
“El País” recoge que, rápidamente, el video logró más de tres millones de producciones en quince días, y su popularidad creció por los argumentos del general implicado “propios de la Guerra Fría” y en contra de “los servicios secretos” de Estados Unidos.
“El documental pasa revista a las actividades de Artiom e Igor Chaika, y alega que éstos han actuado protegidos por los subordinados de su padre [...] para hacer fortuna, en parte mediante adjudicaciones en truculentos concursos de privatización”, escribe el medio español.
En respuesta, el general Chaika acusó a Navalny de “participar en una campaña instigada desde el extranjero para desacreditar a Rusia”.
Dos años más tarde, el FLC denunció “supuestas actividades corruptas del entonces primer ministro y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev”.
El video tuvo más de 36 millones de reproducciones en You Tube.
En el 2019, se publicó otro informe en el que concluyó “que el antiguo ministro de finanzas de Rusia, Anton Siluanov, era propietario de una parcela” en Rublevka, un lugar de élite a las afueras de la capital Moscú.
“Y que, teniendo en cuenta sus ingresos declarados durante los últimos 10 años, posiblemente no podría permitírselo”, anota el portal Fair Observer.
En enero de este año, el FLC acusó a Putin de “tener un opulento palacio al borde del mar Negro”.
En un documental de dos horas, se hizo referencia a una propiedad que habría sido financiada por personas que rodean al presidente de Rusia.
“No es una casa de campo ni una cabaña ni una residencia. Es una ciudad entera o, más bien, un reino. Tiene vallas inquebrantables, su propio puerto, guardia, capilla, y no se puede sobrevolar sobre ella”, dijo en el video.
Según la BBC, también “cuenta con casino, un complejo subterráneo de hockey sobre hielo, una sala de cine, otra para fumar narguile y un viñedo”.
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