Desde la sentencia del Tribunal Constitucional del lunes 14 de octubre, donde se dictaron duras penas contra los políticos catalanes responsables del referéndum del 1 de octubre del 2017, se han producido importantes y deleznables altercados violentos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña.
Primero de todo, es imprescindible no criminalizar al movimiento independentista como está realizando parte de la clase política española y sus voceros mediáticos. Se debe resaltar que el 99,9% del movimiento independentista es absolutamente pacífico, como lo demuestran las dos manifestaciones que suman casi un millón de participantes en los últimos quince días, por el millar de impresentables que con sus acciones violentas han capitalizado las informaciones periodísticas madrileñas. Abro paréntesis. Importante tener en cuenta que la única manifestación en Barcelona contra el independentismo, promovida por cuatro de los cinco mayores partidos estatales (PSOE, PP, CS Y VOX), no llegó a los cien mil participantes. Cierro paréntesis.
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Por desgracia, la actuación de los políticos ha sido nefasta, empezando por el presidente de la Generalitat Quim Torra, quien al inicio de la crisis no estuvo a la altura del cargo, si es que lo estuvo en alguna ocasión. Lo peor es que el resto de la clase política española se encuentra en una situación de juego táctico ante las elecciones generales del próximo domingo, por lo que exclusivamente enfoca el problema catalán a partir de egoístas intereses partidistas, como lleva haciendo los últimos años sin aportar ninguna solución coherente.
Es significativo que ante un problema de tal magnitud, el presidente del Gobierno se haya reunido con los líderes de los partidos nacionales, pero no llame a ningún representante político catalán de peso, no responda las llamadas telefónicas del presidente de la Generalitat, ni le conceda una entrevista cuando se acercó a Barcelona a saludar a los heridos. Como si fuera posible arreglar la situación catalana sin contar con los catalanes. Ya se demostró hace doscientos años que todo para el pueblo pero sin el pueblo no funciona.
En realidad, el presidente Pedro Sánchez se encuentra amordazado por la derecha, que lo acusará de traidor vendepatrias si se le ocurre realizar el mínimo movimiento empático con la sociedad catalana. Por otro lado, el líder de Ciudadanos, Albert Ribera, ante su descenso en las encuestas, ha batido todos los récords de la manipulación con su repugnante tuit comparando Barcelona con Siria.
En un país democrático, una sentencia que condena a penas de diez años por colocar unas urnas parece una sinrazón. Se puede hablar de desobediencia y malversación, pero de sedición es harto complicado. Aunque cualquier escenario es posible en un país donde se pedía equiparar las penas por organizar un pacífico referéndum a las del general Tejero, que en 1981 entró armado y disparando en el Congreso de diputados y secuestró al ejecutivo y legislativo. ¿Hay alguna solución a corto plazo? Con esta clase política no hay esperanza, pues son los mismos que ante su manifiesta incompetencia han judicializado un problema político.
*Jorge Illa Boris es historiador catalán.