Un manifestante posee un letrero que lee "En venta: seguridad pública", ya que varios cientos de agentes de la ley se reúnen durante una manifestación convocada contra una reforma propuesta de una ley de seguridad, en Madrid el 4 de marzo de 2023. (Foto: Thomas Coex / AFP)
Un manifestante posee un letrero que lee "En venta: seguridad pública", ya que varios cientos de agentes de la ley se reúnen durante una manifestación convocada contra una reforma propuesta de una ley de seguridad, en Madrid el 4 de marzo de 2023. (Foto: Thomas Coex / AFP)
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Agencia AFP

Miles de protestaron este sábado en las calles de contra una reforma que eliminaría la prohibición de difundir imágenes de agentes en sin contar con autorización previa.

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Las autoridades de Madrid estimaron en 4.000 el número de manifestantes reunidos frente al Congreso de los Diputados, donde un proyecto de ley de partidos de izquierda está siendo examinado para modificar un controvertido texto de seguridad adoptado en 2015 cuando la derecha gobernaba el país.

“Mis compañeros a quien les graben y que se difunden en las redes sociales unos videos manipulados, tergiversados, y con una virulencia, puede ser fatales para su vida personal”, denunció Miguel Gómez, presidente de Jusapol, la organización que convocó la protesta y que agrupa a las principales organizaciones sindicales de la policía y la Guardia Civil.

Tras una pancarta en la que se podía leer “esta ley nos pone a todos en peligro”, los sindicalistas marcharon en presencia de dirigentes del derechista Partido Popular, principal partido de la oposición, así como del partido de extrema derecha Vox.

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Bautizada por sus detractores como “ley mordaza”, la ley española de 2015 actualmente en debate castiga el “uso no autorizado” de imágenes de las fuerzas de seguridad “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Las multas pueden oscilar entre 600 y 10.400 euros (640 y 11.000 dólares).

Pero a finales de 2020 el Tribunal Constitucional consideró que era “inconstitucional” exigir una autorización para utilizar imágenes de agentes del orden.

Esta decisión llevó a varios partidos de izquierda, aliados parlamentarios del gobierno del socialista Pedro Sánchez, a proponer una reforma de este texto.

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